Fiscalía Nacional Económica acusa colusión de panaderos en la provincia
Organismo asegura que se coordinaron alzas de precio entre 2019 y 2022. Gremio de panificadores negaron que reuniones ante el escenario de alzas de materia prima en pandemia fuera una colusión y apelarán legalmente.
Un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC), en contra de los panaderos industriales de la provincia de Iquique (Alto Hospicio e Iquique), presentó la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por presunta colusión en el mercado de elaboración y comercialización mayorista del pan que se entrega a almaceneros de la zona.
Según indica el escrito presentado por la FNE, los panaderos industriales habrían acordado, mediante reuniones presenciales, alzar de manera coordinada los precios mayoristas del pan, en particular de la marraqueta y la hallulla, entre noviembre de 2019 y agosto de 2022, bajo el pretexto de una fuerte alza de la materia prima, la harina.
El requerimiento fue interpuesto contra los comerciantes Guido Condori de la Amasandería Benito, Helio Vega de la Panadería Caupolicán, Jim Villalobos, de la ex Panadería Nano, que hoy funcionan bajo el nombre de Panadería Villamar, Jonathan Ceballos, de la Panadería JNT, Lidia Flores, de la Panadería Asunción y Leonardo Fuentes, de la Panadería Moira.
Junto a ello, también están considerados dentro del requerimiento del FNE María Lopez, de la Panadería Diana, Roxana Cáceres, del Minimarket Roxana Cáceres Paco E.I.R.L y de la Panadería Rody, Norma Marca, de la Panadería Norma, Paulo Saavedra, de la Sociedad Comercial Panificadora SAAFI Limitada y Panadería Panino, Samuel Campusano de la Panadería Flor del Norte y la abogada Marlene Matínez.
La investigación que hizo este organismo partió tras la publicación de diversas notas de prensa en el año 2020, donde se informaba sobre alzas en el precio del pan, y por denuncias presentadas por la dirección regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en 2020 y en 2022, en las que se advertía la existencia de anuncios de aumentos de precios de este alimento por parte de los panaderos industriales que se aplicarían en toda la provincia de Iquique.
Se constató en estas diligencias que los panaderos industriales, para coordinar esta alza, habrían mantenido contacto y reuniones impulsadas por los dirigentes del gremio Samuel Campusano y Marlene Martínez, también requeridos por la FNE, quienes se encargaban de publicitar, a través de la prensa local, los aumentos de precios.
En el requerimiento, la FNE solicitó al TDLC imponer multas por cerca de $65 millones en total a los panaderos industriales acusados y a las personas identificadas como líderes de la agrupación en las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Adicionalmente, el organismo pidió que imponga como medida preventiva la exigencia de realizar capacitaciones en materia de libre competencia a todos los requeridos.
"Para la FNE todos los carteles son inaceptables. Este caso da cuenta que estamos muy activos monitoreando las regiones de nuestro país, especialmente en mercados sensibles para la ciudadanía", comentó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
REACCIón del gremio
Marlen Martínez, en representación de los Industriales Panificadores de Iquique y Alto Hospicio, declaró que "producto de los acontecimientos que afectaron a nuestro país a partir del estallido social de octubre de 2019 y luego la pandemia del Covid a partir de marzo de 2020, se produjo un déficit en la comercialización de los insumos para producir pan, agravándose el escenario con la Guerra de Ucrania, país que es uno de los principales productores de trigo y maíz en el mundo, provocando una caída mundial en la producción de trigo. Sumado a ello, nuestra región se ha visto afectada por una incipiente elaboración informal de pan sin cumplir las normas sanitarias y tributarias, afectando la producción y la calidad del producto".
Añadió que frente a esta incertidumbre "nuestro sector ha realizado una labor gremial destinada a enfrentar las amenazas que afectan la provisión de pan en nuestra provincia. Para ello, hemos participado en una serie de mesas de trabajo a nivel público y privado, que la opinión pública ha conocido a través de los diversos medios de prensa".
La representante del gremio negó la existencia de una colusión. "Hemos tomado conocimiento de la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional Económica, quien ha interpretado nuestro trabajo gremial como una especie de colusión para fijar precios lo cual negamos enfáticamente".
Enfatizó que "diversos gremios productivos debaten a diario sobre la marcha económica del país, las fluctuaciones de los mercados y la presión sobre los precios, pero en modo alguno aquello puede traducirse como una colusión para fijar los mismos. Como gremio somos respetuosos del Estado de Derecho y la institucionalidad de nuestro país y nos someteremos a ella como corresponde formulando nuestros descargos en las instancias legales correspondientes".
"Para la FNE todos los carteles son inaceptables
Jorge Grunberg, fiscal nacional económico
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