Redacción

La exministra de Defensa y nieta del Presidente Salvador Allende, Maya Fernández (PS), renunció el lunes debido a que sería acusada constitucionalmente por la fallida compra de la casa del Mandatario, de la cual es una de las propietarias, así como su tía, la senadora Isabel Allende. Ambas son investigadas porque la Carta Magna prohibe contratos entre el Estado y sus autoridades. Además, se conoció que el funcionario que revisó los decretos no cuenta con el título de abogado, pese a lo cual el Presidente Gabriel Boric firmó la compraventa por $933 millones. El Mandatario ayer fue "invitado" por la Fiscalía a declarar como imputado.

Presidencia ayer confirmó a Emol que Boric "ha estado y está disponible para aportar lo que sea necesario en este caso. En el marco de esa colaboración se produce esta invitación para prestar una declaración voluntaria". Horas antes, La Tercera publicó que el Mandatario fue "invitado" para el 27 de marzo, en el lugar que él estime conveniente.

El Presidente, al cierre de esta edición, no se refería al hecho, así como tampoco actualizaba sus cuentas en redes sociales.

La calidad de imputado fue publicada por Radio Bío-Bío, ya que el contrato de compraventa por el inmueble fue firmado por el Mandatario y visado por Contraloría. A esto se añade la existencia de una querella presentada por el abogado y militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara.

Por esta causa también están citadas Fernández y Allende: esta última envió hace unos días su defensa al Tribunal Constitucional (TC), mientras que la exministra debería hacerlo durante los próximos días.

Abogados declararon

Abogados que trabajaron en la fallida compraventa declararon ante los persecutores, documentos de los que ayer Ex-Ante reveló algunos extractos, como el del jefe de políticas públicas de La Moneda, Leonardo Moreno, quien dijo que el proyecto data de 2023, cuando "me encargó Carlos Durán (jefe de gabinete de Boric) que explore la posibilidad de convertir la casa del ex Presidente Salvador Allende en un museo".

Esto comenzó con Jaime de Aguirre como ministro de Cultura, cargo en el que fue reemplazado por la actual titular, Carolina Arredondo. "Sé que la familia presentó un proyecto", agregó Moreno. Hace unos días se conoció que tras la venta, se buscaba que el inmueble fuera administrado por Fundación Allende, es decir, parte de la familia.

El abogado Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, José Cortés (PC), señaló que en abril de 2024 "confeccionamos una minuta junto a Paz Carmona (jefa de gabinete de Serpat e hija del presidente del PC, Lautaro Carmona). Un problema era la presencia de dos autoridades del Estado. Según mi opinión iba a ser atacado el proyecto" por esto.

La exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), dijo que señaló a Moreno que "era complejo que la ministra Maya Fernández fuera parte de los vendedores. A lo cual Moreno me indicó que esto se manejaría de forma comunicacional".

La exjefa de división jurídica de BB.NN., Macarena Diez, añadió que "la compraventa de las casas presidenciales era un compromiso presidencial prioritario, que debía realizarse antes que cualquier otra cosa, durante 2024".

La abogada en septiembre indicó al Ministerio que "faltaba mucha documentación para un correcto control", junto con reiterar la presencia de dos autoridades en el contrato.

El abogado jefe de división de BB.NN., Pablo Maino, añadió que en septiembre la casa fue tasada en más de $828 millones. En dos semanas, este valor subió a $922 millones.

La jefa de la división jurídica Segpres, Francisca Moya, declaró que "me tocó participar en la revisión de los decretos supremos", no en el proceso anterior. "Se derivó al abogado Vicente Bustos, pero este último se encontraba con alta carga de trabajo. Debido a esto se decide que se derive el decreto a Lucas Vera quien revisó los tres decretos ese mismo día dejándolos para firma", pese a que es egresado de Derecho y no abogado, igual que Boric.

"Al día siguiente armamos un paquete para la sesión de firma del Presidente. No recuerdo que el Presidente me haya hecho algún alcance respecto a esos decretos", agregó Moya.