Los últimos meses han estado marcados por el interés constante del Gobierno por fomentar reformas que parecen estar orientadas a formar un "legado" que no se reduzca a dos procesos constitucionales fallidos. Pero a veces las reformas solo reducen con euforia y optimismo la complejidad del problema, y confunden la aspiración y deseo legítimo de la ciudadanía con la manera de hacerlo. Por ejemplo, aunque todos queremos tener una pensión digna, que sea reflejo del trabajo que hemos realizado en nuestra vida con dedicación y sacrificio, probablemente muchos pensamos que se debe además respetar la libertad de elegir sobre quien administra sus fondos razonablemente y de cómo ser solidario.

En este sentido, el interés de establecer un sistema pensional justo y acorde a nuestras necesidades, ha llevado a que en las últimas décadas el tema previsional se encuentre entre las constantes preocupaciones ciudadanas: causando varios intentos de reforma y que, además, el asunto haya sido uno de los principales proyectos del programa de Gobierno 2022-2026.

El final de enero trajo consigo la concreción de la promesa de una reforma estructural al sistema previsional en el contexto de un debate parlamentario no exento de críticas y amparado en una serie de informes a veces contradictorios. Pese a que la reforma se aleja sustancialmente del proyecto presentado por el Gobierno en noviembre de 2022, tratando de integrar parte de las recomendaciones para mitigar efectos negativos, las encuestas muestran que nuevamente podemos estar frente a un alejamiento entre la opinión ciudadana y la del mundo político. Precisamente, las encuestas muestran que un 64% de los mayores de 55 años considera que la reforma no solucionará "definitivamente" el problema de las pensiones, a lo que se agrega el hecho de que, en diversos sectores, hay escepticismo respecto a la capacidad del Estado para financiar la reforma.

El éxito del proyecto aprobado, en buena medida, dependerá de un préstamo obligatorio de los trabajadores al Estado con cargo a una parte de sus cotizaciones (1,5%). Se trata de una obligación que introduce una limitación a la propiedad de los fondos previsionales de los trabajadores. El préstamo al Estado sería devuelto por éste en los términos y condiciones incluidos en la reforma, con una rentabilidad distinta a la del resto de la cotización individual. En ese sentido, el sistema introduce una incógnita y una incertidumbre. La experiencia histórica indica que el Estado ha sido habitualmente un mal deudor (recuérdese los "bonos CORA" de la reforma agraria), y por eso la reforma nace con el halo de una comprensible desconfianza e incertidumbre.

En fin, se ha aprobado un sistema mixto que integra la capitalización individual con un seguro social (no toda la cotización irá a la cuenta individual) y un aumento de la pensión garantizada universal. Pero hay voces técnicas que han alertado sobre los posibles efectos que esto traerá aparejado en el empleo y en las repercusiones en las pequeñas y medianas empresas, ya que una parte importante de dicho aumento será de cargo del empleador. Otras voces han mostrado su preocupación sobre la nueva estructura de administración de afiliados, que incluye la licitación de un porcentaje de éstos cada cierto período, lo que podría alentar demandas contra el Estado por infracción a derechos de las empresas extranjeras propietarias de varias AFP.

Estas críticas y riesgos no son ni fueron desconocidos. De hecho, muchos de ellos se consideraron para introducir modificaciones al proyecto. Sin embargo, aún quedan latentes algunas importantes dudas como las recién esbozadas, y lamentablemente sólo el tiempo disipará la incertidumbre de una reforma que, si bien en principio puede verse como necesaria, no está claro si su concreción consiga lo más satisfactorio para los ciudadanos ante los desafíos operativos inherentes que requieren de atención para reducir los efectos no deseados.

Reforma previsional: ¿un acto de justicia?

Édgar Hernán Fuentes-Contreras, Profesor de la Facultad de Derecho e Investigador de Polis. Universidad de los Andes

Hoy predominan las noticias inquietantes, como la baja comprensión lectora en la PAES o la inseguridad que aleja a los niños del juego al aire libre. Sin embargo, iniciativas como Leer es Poderoso, colonias de verano de lectura y juego, aumentan la esperanza de que la colaboración comunitaria sí transforma tanto la educación como el tejido social del país.

Colegios o sedes vecinales abren sus puertas en vacaciones para recibir a niños, mamás se convierten en tutoras que fomentan el aprendizaje, voluntarios anónimos acarrean niños desde zonas rurales o contribuyen con colaciones, empresas aportan libros y materiales educativos, y jóvenes en misiones y trabajos de verano combinan la enseñanza de la lectura con la construcción de viviendas o la promoción de la fe.

Un esfuerzo colectivo no solo mejora la lectoescritura, sino que une a diferentes actores para construir una red de apoyo que impacta vidas y comunidades, demostrando que la educación transforma a quienes la reciben, pero también a quienes la impulsan. Como dijo Gandhi, "sé el cambio que quieres ver en el mundo".

Anne Traub,

directora Familias Primero

La reciente reforma de pensiones aprobada, que busca corregir desigualdades históricas, se enfrenta a un reto mayúsculo: la irrupción acelerada de la Inteligencia Artificial y la automatización, que reemplazará no solo personas por robots, sino por Agentes autónomos de IA. Mientras el sistema previsional se sostiene en aportes derivados del empleo formal, la realidad de un mercado laboral en transformación amenaza con desmantelar completamente este modelo.

Expertos advierten que, para 2030, la IA podría desplazar un 30% de las horas laborales globalmente, poniendo en jaque la sustentabilidad de nuestro sistema. En este contexto, el mundo anglosajón ya habla o testea impuestos a la automatización, tributación redistributiva, o incluso una Renta Básica Universal (RBU) a través de recaudación fiscal; iniciativas ya exploradas en pilotos que los empresarios importantes del mundo tecnológico como Sam Altman y Elon Musk estiman que se deben explorar. La legislación actual parece encallada en un paradigmas obsoletos, incapaces de prever un futuro donde el trabajo formal pierda su rol central.

Urge que la política debata, con mayor visión de futuro, cómo financiar redes de seguridad social en medio de una revolución digital. Ignorar esta transformación no solo compromete la viabilidad del sistema previsional, sino que agudiza las brechas de desigualdad. Es imperativo iniciar un debate serio y transversal que reconozca la revolución que la IA ya está provocando en nuestras vidas, o seguiremos haciendo reformas para ayer.

Fernando Roa,

Agentica Systems