El anuncio del gobierno de una "regularización acotada" para 182 mil migrantes empadronados es una decisión ideológica, irresponsable y profundamente dañina para el país. No es más que un "perdonazo" que premia la ilegalidad, envía señales erróneas a los países de origen y pone en jaque la cohesión social y económica en Chile.

En años anteriores, los procesos de regularización respondían a criterios justos. En 2018 se regularizaron cerca de 100 mil migrantes que ingresaron legalmente al país y vieron vencida su visa. En 2021, se realizó otro proceso de regularización por ley, beneficiando a 200 mil casos que cumplían con el requisito fundamental: haber ingresado legalmente.

Lo que propone el gobierno de Boric es lo opuesto: otorgar visas a quienes ingresaron de manera clandestina, trabajaron sin autorización. Se está premiando al migrante que violó la ley y se incentiva que otros sigan el mismo camino. Desde 2022, más de 120 mil extranjeros ingresaron ilegalmente al país, alentados por un gobierno que carece de voluntad y capacidad para gestionar las expulsiones y que no tiene problemas con el descontrol migratorio.

El argumento de la "seguridad" planteado por el subsecretario Cordero es falaz. Identificar y empadronar no es lo mismo que integrar. Además, afirmar que no hay "efecto llamado" contradice toda la evidencia empírica y el sentido común. Países como Australia, que imponen sanciones severas a empleadores que contratan irregularmente, han demostrado que una política firme disuade la migración irregular. En Chile, en cambio, se prioriza al clandestino por sobre el migrante regular y el propio ciudadano, generando tensiones en salud, educación, vivienda y empleo.

No se trata de cerrar las puertas ni de negar la migración, sino de establecer reglas claras y respetarlas. Regularizar a miles de clandestinos no resuelve el problema; lo perpetúa. Debemos alzar la voz frente a esta medida ideológica e injusta, que recuerda la estrategia de los indultos navideños: decisiones polémicas tomadas en la distracción de las fiestas. El país necesita un gobierno que defienda el orden y la justicia, no uno que premie la ilegalidad.

"No es más que un 'perdonazo' que premia la ilegalidad, envía señales erróneas a los países de origen y pone en jaque la cohesión social y económica".

Luz Ebensperger,, senadora

La educación es ampliamente reconocida como fundamental, no sólo para transmitir conocimiento, sino también para fomentar la integración, formar hábitos y prevenir riesgos psicosociales. Sin embargo, mientras las comunidades escolares enfrentan tareas cada vez más complejas, los colegios deben lidiar con un Estado que exige constantes actualizaciones normativas sin prepararse adecuadamente para ellas.

En mediaciones ante la Dirección del Trabajo por la Ley Karin, se han detectado graves omisiones. En un caso reciente, un docente denunció violencia tras un incidente con estudiantes, lo que derivó en una doble gestión por acoso laboral y convivencia escolar. Durante la mediación, se expusieron nombres e información confidencial de las niñas involucradas. ¿Cómo es posible que los organismos del Estado no estén preparados para proteger lo que exigen a las comunidades escolares defender?

Directivos escolares han sido citados por la Superintendencia de Educación para justificar gastos rechazados, pese a que la evidencia ya había sido entregada por el colegio, pero no estaba disponible para el fiscalizador. Tres directivos perdieron una mañana en esta gestión, apartándose de temas relevantes para el colegio, debido a la ineficiencia de los procedimientos internos de la SIE.

Los colegios, ya sobrecargados por numerosos protocolos, deben además subsidiar las incompetencias del Estado.

Es urgente abandonar la desconfianza hacia las escuelas, superar la autocomplacencia estatal y exigir más no solo a las comunidades y privados, sino también a la labor pública. Es momento de construir un sistema que permita a colegios públicos y privados centrarse en lo esencial: la educación y el bienestar de sus estudiantes.

Yalile Said,

directora general de Certum

Eventos como el EtMDay 2024, realizado hace unas semanas, son pruebas fehacientes de que el ecosistema emprendedor está más fuerte que nunca. En tres días, se convocó a un número de hinchas del emprendimiento equivalente a la capacidad del Estadio Monumental.

Pero no se trata sólo de hinchas haciendo ruido. Este río piedras trae, porque las pequeñas y medianas empresas generan hoy cerca del 50% del empleo en el país y contribuyen con un 30% al Producto Interno Bruto, según cifras del Banco Central.

Si aún no ha quedado claro, el emprendimiento es clave para crear empleo, impulsar la innovación, aumentar la competitividad y generar movilidad social. Chile suele destacar como uno de los países más innovadores de América Latina y eso es gracias a su dinámico ecosistema emprendedor, no solo por sus startups reconocidas que lideran en áreas como tecnología, energías renovables y biotecnología que atraen constantemente capital extranjero, sino también por miles de emprendimientos que a diario producen riqueza y bienestar en todos los ámbitos de la economía.

Esperamos que en 2025 no sigamos pensando en apostar sino que comencemos a invertir en el emprendimiento, con audacia y con el convencimiento que es la mejor decisión que podemos tomar para impulsar nuestra economía y la calidad de vida de quienes habitamos en este país.

Edgar Spielmann,

presidente de G100