Luis Ramos Ossandón

Ayer la Fiscalía de Iquique presentó la acusación ante el Tribunal de Garantía por delito de fraude al fisco en contra de los 15 imputados formalizados en el caso 'Cajas de Alimentos', donde están involucrados el exintendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, la consejera regional Daniela Solari, los exfuncionarios del Gobierno Regional Lilian Plaza, Jhonny Muñoz, María Luisa Lemus, y nueve empresarios y comerciantes que participaron en la distribución de los insumos a los hogares de la región en tiempos de pandemia.

En la presentación de pruebas, el Ministerio Público explicó que la investigación contiene 69 testigos, 692 documentos, 85 evidencias materiales y cuatro pericias. Como parte de la investigación que se ha realizado por cerca de cuatro años, se estableció que en el año 2020 los imputados se habrían coludido para cometer actos de corrupción que causaron un perjuicio fiscal para la Región de Tarapacá de $500 millones por "sobreprecio" en la compra de las cajas de alimentos, $10.000 por caja adjudicada y entregada durante la pandemia Covid-19.

Dentro de los resultados de la investigación, dos de los imputados podrían arriesgar hasta 10 años de cárcel si se logra establecer el tipo de participación en el fraude. Estos serían el exintendente Quezada y la consejera Solari.

Tras la presentación de los antecedentes, el Juzgado de Garantía fijó audiencia de preparación de juicio oral para el 23 de diciembre, donde se ofrecerán las pruebas y evidencias por parte del Ministerio Público y las defensas de los acusados, previo al juicio oral.

Querellante

El abogado querellante de la causa, Enzo Morales, explicó que "como único querellante particular, en representación de los habitantes de la Región de Tarapacá, espero que por la gravedad de los hechos establecidos por la investigación penal, se les condene por la justicia a penas de cárcel efectiva, sin beneficios y que el Consejo de Defensa del Estado recupere los fondos públicos defraudados".

Por su parte, el diputado (PC) Matías Ramírez señaló que es una buena noticia que el Ministerio Público haya acusado al exintendente de la Región de Tarapacá junto a su equipo de confianza.

"Durante la pandemia, aprovechando la situación de crisis, licitaron a dedo a todas las empresas de confianza las cajas de alimentos que tenían que repartir en la Región de Tarapacá y eso no solamente perjudicó al Estado con recursos, sino que a cientos de familias que no recibieron ayuda producto del sobre precio que había en estas cajas".

El parlamentario agregó que "creemos que es un paso importante y que todos los antecedentes se conozcan en un juicio oral y público y se condene en definitiva a quienes en plena pandemia intentaron hacer negocios con los chilenos".

Ayer este Diario se contactó con uno de los abogados defensores en el caso cajas, Juan Carlos Manríquez, para conocer antecedentes de los pasos que van a seguir en la causa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta a la solicitud.

En el Tribunal de Garantía fue formalizado ayer un guardia de seguridad, de nacionalidad chilena, por su participación en la sustracción de nueve camionetas avaluadas en 200 millones de pesos desde una importadora de Zofri.

En la audiencia de formalización de los cargos, la fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Tarapacá, Silvana Sierra, detalló que las noches de 3 y 4 de agosto pasado, el imputado, aprovechando que se desempeñaba como guardia de seguridad en la empresa Intermex, ubicada en el barrio industrial de Zona Franca, facilitó el ingreso a las instalaciones de al menos seis sujetos aún desconocidos y les entregó las llaves de cinco camionetas, un minibús, dos jeeps y un automóvil, de los cuales ocho eran nuevos.

" Una vez sustraídos el imputado huyó del lugar junto a sus compañeros de delito".

La persecutora dio cuenta de la investigación que ha desarrollado el Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) y OS7 de Carabineros, lo que permitió detener al guardia. También se presentaron las declaraciones de testigos, análisis de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas, luego que días después de los hechos, en un control vehicular, Carabineros recuperara una de las camionetas sustraídas, deteniendo a quien la conducía y a otro individuo que manejaba un vehículo que hacía de "punta de lanza", ambos que ya se encuentran privados de libertad.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, lo que fue acogido por el tribunal, que fijó un plazo de investigación de 40 días.

En la avanzada aduanera de Quillagua persona de Aduanas de Iquique y a través del mecanismo de revisión con rayos X a los bolsos de viajeros, logró incautar dos bolsos con 442 poleras falsificadas de la Selección Venezolana de fútbol, el que estaba en posesión de un ciudadano peruano, quien adquirió la mercancía en Lima y pretendía venderla ayer en Santiago antes del partido entre las selecciones de Chile y Venezuela.

El viajero, que se trasladaba en un bus con dirección a la capital, fue detenido por el delito de contrabando. El valor de la mercancía, según lo expresado por Aduanas, llegó a los US$14.018 dólares y con una evasión tributaria de $3.598.771. Las prendas quedaron en poder de Aduanas y el imputado quedó apercibido por orden del fiscal de turno.