Matías Gatica Lindsay

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo ayer la segunda jornada de formalización contra los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate. En su exposición la Fiscalía cuestionó la distancia de las armas usadas en el estallido social, mientras que Yáñez acusó una "falta de contexto" en la investigación del Ministerio Público.

El martes la fiscalía detalló que en 229 casos, y no 1.002 como erróneamente informó este medio en su edición de ayer, vincula a los ex altos oficiales formalizados por presunta omisión de apremios ilegítimos entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020.

La fiscal Ximena Chong detalló en el tribunal uno a uno los casos, que finalmente se redujeron ayer a 228 debido a que uno de ellos estaba fuera del plazo establecido por la propia entidad para las acusaciones.

Tras terminar su exposición, la persecutora sostuvo que los apremios arrogados a Carabineros fueron conocidos por los imputados, quienes sabiendo de ello, a su juicio, no habrían realizado ninguna acción para frenarlos.

A ello agregó que omitieron sus deberes de supervisión y control referidos al uso seguro de armamento anti-disturbios, y que a sabiendas de los tratados de derechos humanos y los informes internacionales que denunciaban los apremios, "no se adoptó ninguna medida correctiva o de mejora a partir de las debilidades anotadas".

"Los tres imputados tenían el deber de entregar lineamientos y dirigir a los funcionarios de Carabineros para que cumplieran con su fin de control de orden público", cuestionó la fiscal.

Chong indicó que durante el estallido social los policías usaban las armas y herramientas antidisturbios "sin resguardar una distancia segura" y que entre el 18 y el 31 de octubre de 2019, percutaron 8.148 cartuchos de escopeta antidisturbios por día, es decir 11 por minuto si se toma el tramo entre el mediodía y la medianoche".

Además indicó que la cifra de lesionados en la revuelta informada por Carabineros "es drásticamente menor a la cantidad de denuncias que circulaban públicamente".

Tras la exposición, el juez Cristián Sánchez suspendió la audiencia hasta el 14 de octubre, cuando se solicitarán las medidas cautelares. Esa decisión se tomó debido a la enfermedad que aqueja al abogado de Yáñez, Jorge Martínez.

Terminada la audiencia, Yáñez dijo que la Fiscalía "omite muchos antecedentes que contextualizan lo que ocurrió (...) Es muy fácil hoy día hacer imputaciones respecto a las actuaciones de ellos, pero había que estar ahí. Entonces, es hoy día, absolutamente, y lo digo con mucha precisión, no habrá justicia sin considerar el contexto en el que se vivió ese período".

Un grupo de delincuentes robó un cajero automático desde un servicentro en Quilicura. Los antisociales ladrones usaron el método de saturación por gas, el mismo utilizado el domingo por una banda para cometer el mismo delito en el barrio Meiggs de Santiago.

A las 5:30 de ayer, cinco asaltantes llegaron en un BMW a una estación Shell de la caletera de la Ruta 5 Norte, donde rompieron la mampara de un local de la cadena Upa! y mediante el método de saturación por gas hicieron estallar el dispensador.

Luego, los ladrones sustrajeron las gavetas y huyeron.

Al lugar llegó Carabineros, que halló billetes en el suelo y algunos de los balones ocupados para la explosión. El subteniente Luis Vildósola comentó que "los sujetos utilizaron dos cilindros de gas y uno de oxígeno" y añadió que el atraco se cometió en menos de cinco minutos.

El fiscal Mauricio González indicó que el monto robado ascendería a los $88 millones; mientras que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, contó que tanto este cajero como el robado en Meiggs el domingo no contaba con el sistema de entintado de billetes, normado por la Ley No 20.601 y anunció que se fortalecerá la fiscalización de todos los aparatos de este tipo en el país para que se cumpla la ley.

En cuanto la modalidad del delito, esta no se había visto hace muchos años y no se descarta que ambos casos estén relacionados.