Matías Gatica Lindsay

El Juzgado de Garantía de Cañete determinó ayer dejar en prisión preventiva a los hermanos Felipe y Jefferson Antihuen Santis y a Nicolás Rivas, quienes son imputados por el asesinato de tres carabineros.

El Ministerio Público expuso el martes que los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Antihuen, quien hasta ayer estaba prófugo, empezaron a organizar en febrero de este año un ataque a Carabineros con el fin de robarle armas.

De esta manera, la Fiscalía sostuvo que en la noche del 26 de abril los hermanos, quienes habrían obtenido las armas de parte de Nicolás Rivas, emboscaron a los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal en el portón de la casa de su tío en el sector de Antiquina, en Cañete, mientras iban a fiscalizar las medidas cautelares con que se encontraba por infracción a la Ley de Armas.

El Ministerio Público afirmó que los Antihuen redujeron a los policías, a quienes ejecutaron y luego llevaron en una camioneta policial a un sitio cercano, donde quemaron sus cuerpos.

En la audiencia la Fiscalía mostró evidencia balística y biológica que fue analizada y que involucraría a los imputados con este crimen. Además, señaló que en la casa de los imputados hallaron las armas de los carabineros asesinados. De esta manera formalizó a los hermanos Felipe y Jefferson Antihuen por los delitos de homicidio calificado de Carabineros, robo con violencia, incendio de vehículo, porte ilegal de armas y traslado de cuerpos humanos; mientras que a Rivas le imputó los dos primeros ilícitos. El fiscal pidió que se decretara la prisión preventiva en contra de los tres acusados.

Ayer también expusieron los querellantes y las defensas de los imputados. Uno de ellos, Jaime Pacheco, señaló que el tío de los hermanos Antihuen, quien declaró que sus sobrinos habían planificado el crimen, habría declarado sin tener conocimiento que eran ellos según las pruebas que mostró la Fiscalía y acusó que las pruebas expuestas por el fiscal eran "débiles" y en base a "ideas preconcebidas y rumores".

Tras escuchar a las partes el magistrado Cristián Rosenberg acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó que los tres imputados queden en prisión preventiva. También fijó 6 meses para la investigación.

El magistrado fundó su decisión en que "existe un alto riesgo de fuga de no decretarse medidas restrictivas de libertad", y que también "existe un alto riesgo de que las personas puedan reincidir".