En medio de la discusión para resolver los problemas que ha traído la reforma que extiende en dos días las elecciones de octubre, apareció un nuevo tema: la obligatoriedad del voto para los extranjeros. Esto debido a que el art. 14 de nuestra Constitución concede el derecho a voto a extranjeros "avecindados en Chile por más de cinco años" y los migrantes "podrán ejercer el derecho de sufragio". Sin embargo, el gobierno plantea que debería ser obligatorio para ciudadanos chilenos y no para electores extranjeros, buscando establecer esto de forma permanente.

Si la preocupación es la votación de extranjeros sin arraigo, el Ejecutivo podría haber patrocinado el Boletín 16.815-06 de mayo de este año, que presenté junto con senadores de la UDI, que establece que "el extranjero no podrá ejercer el derecho de sufragio sin tener residencia definitiva vigente". Pero en lugar de esto, se busca eliminar las multas del sufragio obligatorio, reinstaurando el voto voluntario y desincentivando el voto de extranjeros, una medida que diputados oficialistas han dicho que les ayuda electoralmente al reducir la participación y debilitar nuestro sistema democrático.

Estas medidas de privilegiar a extranjeros sobre nacionales, especialmente los clandestinos, no es nueva. Por ejemplo, los migrantes clandestinos tienen prioridad en el acceso a jardines JUNJI, la mayoría no paga en Fonasa, pueden trabajar sin autorización, se les facilita ingresar ilegalmente y se les otorga visa, mientras a los chilenos a la fila y a los migrantes regulares se les busca quitar derechos políticos.

La ciudadanía merece un proceso electoral transparente y justo. El gobierno del Presidente Boric no puede cambiar las reglas en medio de la partida. Es crucial restaurar la confianza en nuestras instituciones y asegurar un debate democrático abierto y honesto, ya que la medida tomada no parece la "más noble de la humanidad" como declaran. Y finalmente, hacer valer la igualdad ante la ley, todos debemos respetar leyes, y no privilegiar a los migrantes ilegales por sobre los nacionales y los extranjeros que si respetan nuestras normas.

"La ciudadanía merece un proceso electoral transparente y justo. El gobierno del Presidente Boric no puede cambiar las reglas".

Luz Enesperger,, senadora por Tarapacá

Las comunidades escolares tienen características especiales que las distinguen de otras organizaciones. Así, aunque los colegios particulares pagados operen en Chile bajo una lógica de mercado, son entidades muy diferentes a una fábrica o una empresa de retail.

Por eso la participación de sus funcionarios en la toma de decisiones con respecto al servicio que ofrecen es fundamental: los profesores, por ejemplo, son los especialistas en ello, y para mejorarlo es indispensable dar peso a su opinión. También es sabido el aumento del estrés laboral en trabajadores del rubro, lo que repercute en la formación de futuros ciudadanos.

He ahí la importancia de los sindicatos, pues desempeñan un rol crucial en la defensa de los derechos laborales y así en la calidad educativa. Por tanto, abrir espacios de diálogo entre los sostenedores de los colegios particulares y sus sindicatos es algo imperativo en una sociedad democrática. Lamentablemente, no son muchas las herramientas legales que lo garantizan, razón por la cual muchas veces los empleadores no muestran la voluntad deseada para ello. Es lo que ha sucedido últimamente en varios establecimientos privados del país, donde se dilatan respuestas a solicitudes, se eluden las necesarias reuniones con los representantes de los funcionarios o simplemente se toman decisiones sin consultarles, aunque tengan efectos negativos en sus condiciones laborales.

Es de esperar que los sostenedores de colegios privados en Chile tomen conciencia de la relevancia que esto tiene para la educación escolar y así trabajen en conjunto con los sindicatos, pues considerar la voz de sus trabajadores puede mejorarla para bien de toda la comunidad.

María José Andrade

Doctora en Economía, Empresa y Derecho

Presidenta del Sindicato del Colegio Sankt Thomas Morus

La Municipalidad de Las Condes, establece a partir de este segundo semestre la implementación de la normativa en que los niños entre pre kínder y cuarto básico no pueden llevar teléfonos celulares o aparatos electrónicos a los recintos educativos; mientras que de quinto básico hasta cuarto medio no pueden hacer uso durante el horario de clases. En este contexto, se valora la iniciativa interpuesta por la alcaldesa, debido a que los efectos del uso de celular a temprana edad y específicamente en el contexto escolar, impacta directamente en los aprendizajes. Estudios demuestran que esos niños por el uso que le dan al móvil, el que está más cercano a la "distracción" con las redes sociales y las múltiples aplicaciones, tardan cerca de 20 minutos en volver a focalizar su atención.

El Plan de Reactivación Educativa que propone el Mineduc, es un imperativo para quienes trabajamos en la docencia, en este contexto, el desarrollo integral y emocional de los y las estudiantes, se verían beneficiados por tener mayor interacciones sociales con sus pares, por último se hace relevante considerar que los estudiantes de pre kínder a primer ciclo de educación básica, aún no cuentan con herramientas de autorregulación y gestión del tiempo para el uso de recursos tecnológicos, los que deben ser monitoreados por adultos.

No podemos desconocer que las nuevas generaciones cada vez más tempranamente acceden al uso de tecnologías, pero se hace necesario poder focalizar los esfuerzos en proponer regulaciones respecto al uso del celular, mas que su propia prohibición, considerando que estos se transforman en ocasiones en herramientas didácticas de interacción y potenciación de los aprendizajes. Sin embargo, el análisis debería enfocarse en su regulación, uso adecuado y autorregulación de los tiempos de uso de la tecnología, trabajo del que todos somos responsables, incluyendo a la familia, como pilar fundamental de buenas prácticas.

Dra. Monona Valdés Cortez

Académica de la Facultad de Educación, U.Central