Redacción

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, compareció ayer ante la comisión investigadora que indaga las transferencias irregulares desde reparticiones públicas a fundaciones o corporaciones en lo que se ha llamado caso convenios. En ese marco dio cuenta del desarrollo de las investigaciones de este escándalo que estalló en junio del 2023 cuando se conoció la transferencia de la Seremi de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva.

Campos explicó que si bien comenzó con un solo caso, hoy se están investigando más de 100. Asimismo, apuntó que en un inicio solo estaba involucrado el Ministerio de Vivienda, pero hoy también están siendo investigados los gobiernos regionales de casi todo el país. Y entre las cifras que maneja la Fiscalía informó que hasta ahora el monto total investigado es de 89.971.933.591 pesos.

Campos también reveló que hay casos que están en etapa de formalización. Y explicó que existen "patrones comunes -que la Contraloría también anunció-. Hay fundaciones y corporaciones muy novatas, de poca experiencia, con giros comerciales que no guardan relación con lo convenido, con faltas de garantías, son patrones que llaman la atención".

De las transferencias desde el Ministerio de Vivienda a fundaciones, 12.221.799.718 pesos están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Esta cifra fue distribuida a 40 corporaciones o fundaciones en 14 regiones. Solo Aysén y Magallanes no tuvieron casos.

Este listado lo lidera la Región de Antofagasta con 3.173.000.000 pesos en investigación a 6 fundaciones o corporaciones. La sigue la Región de Tarapacá con 2.496.916.823 de pesos, la Región de Valparaíso con 1.853.575.397 y la Región Metropolitana con 1.822.515.316 de pesos.

Sobre las transferencias desde los Gobierno Regionales, 77.740.133.873 pesos están siendo objeto de investigación, distribuido a 67 fundaciones o corporaciones en 12 regiones. En este caso no aparecen Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins y Los Ríos.

En este caso las mayores cifras por lejos son las transferidas desde el GORE de la Región de La Araucanía (cuyo gobernador es Luciano Rivas), que con 44.539.187.304 pesos a 13 entidades sin fines de lucro cubre más de la mitad del dinero investigado en esta categoría.

Además ese monto triplica a la región que viene después, Los Lagos (con Patricio Vallespín como gobernador), con 15.130.154.920 pesos. Y en tercer lugar aparece Biobío (que es liderado por Rodrigo Díaz), que transfirió 8.080.178.000 pesos que son investigados.

Durante la jornada de ayer también declaró ante la comisión investigadora el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi, apuntado principalmente en el caso Democracia Viva por su eventual responsabilidad como exsubsecretario de Desarrollo Regional y militante de Revolución Democrática, partido al que pertenecían los principales imputados, Daniel Andrade (director de la fundación) y Carlos Contreras (exseremi de Vivienda de Antofagasta).

En su intervención, Crispi detalló que "lo que uno hace es, cuando hay una alerta, es intentar encauzarla institucionalmente. Y eso es lo que hice en su momento, encauzándola a través de la subsecretaria, quien me dice que estaba al tanto. Posteriormente el Presidente toma razón y toma conocimiento el día 16 también, como es de público conocimiento".

Además apuntó contra el eseremi Contreras: "Hay que ser muy preciso en esto. Yo discrepo de gran parte de las cosas que ha dicho el exseremi. Sobre todo, respecto al daño que se le ha hecho ya que ha generado un daño a la opinión pública y a la fe pública. Él cree que la subsecretaria habría mandado un informe a la Presidencia, Y yo no he recibido ningún informe".