José Portales Durán

La Contraloría General de la República confirmó mediante un informe, que existieron irregularidades en el uso de recursos públicos respecto al contrato de alimentación del dispositivo transitorio ubicado en Playa Lobito, en el sector sur de Iquique.

El Informe Final de Investigación N° 12 del ente contralor data del 25 de abril y fiscalizó el correcto uso de los recursos públicos transferidos por la Subsecretaría del Interior a la Delegación Presidencial Regional Tarapacá, para el financiamiento del servicio de alimentación a la población migrante en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 12 de septiembre de 2023.

En aquel documento se expresó que existen 3.908 raciones no pagadas al proveedor, lo que equivale a cerca de $18 millones y no se acreditó el documental del destino final de esa raciones adeudadas.

Ante ello, la Contraloría Regional concluyó que la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá deberá iniciar un Sumario Administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas, contando con un plazo de 15 días hábiles contados desde la emisión del informe.

Así también, ante la falta de supervisión en la solicitud de alimentos, la Delegación Presidencial deberá acreditar el pago de 3.908 raciones de alimento adeudadas al proveedor Orozimbo Robledo Castro, las que ascienden a un total de $17.913.308

De acuerdo a las irregularidades expresadas en el resumen ejecutivo, el diputado de la bancada Republicana, Renzo Trisotti, sostuvo que este requerimiento se envió a la Contraloría General de la República para que se aclararan los millonarios recursos que fueron entregados por la Subsecretaría del Interior a través de la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, ya que en aquella oportunidad fueron $751 millones para financiar únicamente seis meses de alimentación. "El resultado de la investigación demuestra graves irregularidades en el funcionamiento y en el desarrollo de esta contratación. En este millonario contrato ni siquiera hay una boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato como se le exige a todos los tipos de contratación del Estado y que hasta hoy no se ha cumplido".

Entre otras faltas, Trisotti añadió que "se mantienen personas con la facultad de poder girar recursos públicos, pero que ya no forman parte de la Delegacion Presidencial Regional de Tarapacá y es gravísimo, porque demuestra falta de supervisión, gestión y control. Estas graves irregularidades deben ser respondidas no solo a la Contraloría General de la República, sino a cada uno de los tarapaqueños y chilenos, para poder asegurar que estos recursos están siendo bien utilizados y no en peligro con el actual gobierno".

Pese a que la DPR Tarapacá explicó el pasado 5 de abril que el segundo semestre cerrarán y desmantelarán el dispositivo migrante de Playa Lobito, el parlamentario enfatizó que con esto su mantención queda en entredicho. "Frente a las graves irregularidades detectadas, se debe entender que no se gobierna con ideología o mera voluntad, sino que con leyes que deben ser cumplidas, el Gobierno debe responder y garantizar la buena utilización de los recursos públicos, porque hasta la fecha hay irresponsabilidad, una falta de control y negligencia pocas veces vista".

Asimismo y tras ser consultado, el diputado Matías Ramírez (PC), cree que en el caso de Lobito son observaciones que pueden ser subsanadas, pero considera que la actual oposición no fue igual de crítica con el caso de las cajas de alimentos. "Las observaciones se refieren a cuestiones de forma en la adquisición que deben ser indagadas de manera eficaz; sin embargo, me llama la atención que un sector político levante este tema olvidando lo sucedido con las cajas de alimentos en pandemia, donde el sobreprecio fue determinado por la propia Contraloría y guardaron silencio. En este caso, se deben subsanar cuanto antes las observaciones".

Delegación

Mientras que la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, señaló a través de un comunicado que "vienen revisando sus procesos internos para adoptar las medidas pertinentes y, de ser el caso, implementar todas las acciones que sean necesarias para subsanar las situaciones observadas. Asimismo, es preciso señalar que en otras oportunidades la DPR ya ha establecido procesos de mejora a partir de las auditorías que lleva a cabo la Contraloría, por lo que esperamos que esta no sea la excepción, mucho menos tratándose de un espacio complejo como Lobito".

"El Gobierno debe responder y garantizar la buena utilización de los recursos públicos, porque a la fecha hay irresponsabilidad y falta de control".

Renzo Trisotti, diputado