Chile es un país esencialmente marítimo y tricontinental, donde su presente y futuro dependen del resguardo y desarrollo sustentable de nuestro mar. Bajo esta perspectiva, uno de los principales desafíos del Estado, es concientizar a los chilenos, sobre la importancia del océano para el devenir del país, como fuente alimenticia, energética y de comercio internacional, sujeto de investigación e innovación tecnológica, medio de transporte y comunicación, así como eslabón de unión de nuestro desmembrado territorio continental e insular.

En este contexto, surge el imperativo de proteger nuestro mar, lo que la Armada materializa a través de las operaciones de vigilancia y fiscalización con medios aéreos, de superficie y submarinos, que consolidan la presencia del Estado en las aguas jurisdiccionales. De igual forma, la participación activa en ejercicios y operaciones transnacionales, nos validan internacionalmente como un actor relevante en el Océano Pacífico.

En el marco de la agenda de seguridad impulsada por el Estado, la Armada fortalece y potencia la Policía Marítima en resguardo de nuestras fronteras, puertos y litoral, para colaborar así con el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Conscientes que nuestra principal misión es la defensa de la soberanía, hemos puesto atención en las capacidades necesarias para cumplir las tareas que se deriven. Para ello, estamos desarrollando el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval que, constituirá un polo de desarrollo nacional, articulando los esfuerzos interministeriales, con la industria nacional y la academia, por medio de una política de Estado que favorezca la construcción de los buques de combate y auxiliares. En esta línea, la pronta incorporación del nuevo rompehielos Almirante Viel construido en ASMAR, junto al remolcador Lientur y el patrullero Fuentealba, conformarán un "trinomio antártico", que velará por el cuidado y desarrollo del territorio chileno antártico y la región de Magallanes.

En este nuevo Mes del Mar, es fundamental asimilar que no se puede ser un país minero, exportador y agricultor, sin ser un país marítimo que nos conecte al mundo. La Armada asume su responsabilidad frente a este desafío y mantiene siempre viva la llama del amor a la patria y la vista fija en la protección y resguardo de nuestras aguas e intereses nacionales.

"No se puede ser un país minero, exportador sin ser un país marítimo que nos conecte al mundo".

Juan Andrés de La Maza Larraín,, almirante, comandante en jefe de la Armada de Chile

El 6 de mayo de 1969 se registra un importante hito para las y los kinesiólogos, ya que se publica la Ley de Colegios Profesionales y con esto se establece la celebración del Día Nacional del Kinesiólogo.

Si bien la profesión tiene varios hitos significativos, esta instancia nos invita a valorar la trayectoria de la kinesiología en Chile y cómo se ha posicionado nuestro quehacer profesional en el sistema de salud del país a lo largo del tiempo.

Del mismo modo permite reflexionar sobre qué desafíos aún quedan por lograr, y de qué manera podemos aportar en la formación de las futuras generaciones para que sean protagonistas y contribuyan desde diferentes perspectivas del ejercicio disciplinar.

Lo anterior incentiva a propiciar la integralidad del individuo en concordancia con las demandas actuales, dedicándonos y comprometiéndonos no sólo en la excelencia, sino también en formar kinesiólogos empáticos, con visión ética, profesionalismo y responsabilidad social.

Actualmente, nuestra profesión es un valioso aporte al bienestar de las personas y debemos seguir trabajando para fortalecer este quehacer en respuesta a las necesidades que emergen de una población en constante cambio.

Aileen Rehhof,

académica Escuela de Kinesiología Universidad de Las Américas

La situación carcelaria en nuestro país pasa indudablemente por una situación crítica, tanto en términos de capacidades como por las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. A pesar de algunos avances legislativos, como la flexibilización de las normas para la construcción de recintos, la penalización del uso de elementos tecnológicos y la instalación de inhibidores de señal, aún quedan muchos aspectos por abordar para evitar un deterioro mayor en la situación actual y, asimismo, impedir el avance del crimen organizado en el control de los recintos penitenciarios.

Una medida reciente adoptada por el Ministerio de Justicia, que consiste en instruir a Gendarmería para que informe a diversos actores del sistema procesal penal sobre la capacidad de los recintos y las proyecciones de obras para aumentar los cupos, ha generado ciertas preocupaciones.

Nuestra Constitución establece claramente la separación de poderes y garantiza la independencia judicial. En este sentido, ningún órgano del Estado, ya sea el Ejecutivo o el Congreso Nacional, puede interferir en las funciones jurisdiccionales, ni revisar el contenido de las resoluciones judiciales. De esta forma, la instrucción de informar sobre la capacidad carcelaria está introduciendo, de manera indirecta, un nuevo criterio a considerar, que no es constitucionalmente admisible a la hora de dictar medidas como la prisión preventiva o sentencias condenatorias.

Por tanto, es crucial revertir esta instrucción, lo que no obsta a que el Ministerio de Justicia recopile la información sobre capacidad carcelaria para el desarrollo de políticas públicas y carcelarias, sin interferir en el ámbito judicial.

Williams Valenzuela,

académico Escuela de Derecho Universidad de Las Américas