Matías Gatica Lindsay

El Ministerio Público anunció ayer la creación de un grupo especial de fiscales y policías para investigar posibles irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a víctimas de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, esto luego que la Contraloría General de la República identificó que 58 personas que recibieron el beneficio tenían condenas previas y que 19 de ellos fueron otorgados sin antecedentes médicos.

Luego que el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció el viernes pasado que se investigarán posibles delitos en la entrega de estos beneficios, tarea que quedó a cargo del fiscal regional occidente Marcos Pastén, este último tomó ayer las primeras medidas para indagar el caso.

Pastén dijo que "hemos dispuesto diligencias ya destinadas al esclarecimiento de los hechos y con ello entonces poder ir determinando, si es que correspondiese, las posibles participaciones en estos hechos (...) Hemos mantenido reuniones con los equipos de Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada Anticorrupción. He decidido designar dos fiscales de apoyo para esta investigación, con especialidad en delitos funcionarios y corrupción, y en delitos económicos indistintamente, de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel".

Además, informó que solicitó a la Policía de Investigaciones "la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para la investigación y la realización de determinadas diligencias".

Sobre esta investigación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo ayer que "nos parece que es correcto... sobre todo cuando hay decisiones públicas y recursos públicos comprometidos. El Ejecutivo va a estar a plena disposición de entregar la información que requiera el fiscal a cargo de la investigación".

Tras conocerse el informe de la Contraloría, el domingo la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se revocarán 25 pensiones de gracia y que se están revisando uno a uno los casos, exceptuando los de aquellas personas que resultaron con daño ocular.

Esto fue ratificado el martes por el Presidente Gabriel Boric, quien reconoció que "han habido irregularidades en el proceso, no estaban todos los antecedentes a la vista cuando se otorgaron".

Una adulta mayor de 83 años fue baleada en una pierna por un delincuente que intentó asaltarla en San Ramón, donde e sujeto mató a su perro de un disparo. La mujer ayer estaba fuera de riesgo vital.

Cerca de las 22:00 horas del martes, la adulta mayor se encontraba paseando a su mascota en los alrededores de su vivienda, ubicada en calle Fuerte Bulnes con Juan Luis Sanfuentes, hasta donde llegó un vehículo del cual descendió un hombre que la amenazó y le exigió que le entregara su dinero.

La mujer se resistió al asalto, razón por la que el asaltante la golpeó con sus puños. Esto fue visto por el hijo de la víctima, quien salió de la casa a defender a su madre y se enfrascó en una discusión con el delincuente.

Este último sacó un arma de fuego de su vestimenta y comenzó a disparar contra la vivienda de las víctimas. El sujeto percutó al menos seis disparos, de los cuales uno le llegó a la adulta mayor en una de sus piernas, motivo por el que fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde ayer se encontraba fuera de riesgo vital.

Otro balazo le llegó al perro de la víctima, que falleció en el lugar. Una vez efectuados los disparos, el antisocial se subió al vehículo en que se movilizaba y huyó en dirección desconocida.

Por orden del Ministerio Público el caso es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, que llegó al lugar, recogió evidencia balística y revisó las cámaras de seguridad para determinar como ocurrió el hecho y dar con el paradero del responsable, quien hasta ayer no había sido identificado.

En la jornada de ayer se llevó a cabo la formalización de los cuatro ciudadanos venezolanos sospechosos de asesinar a dos agricultores y balear al hijo de uno de ellos el sábado en la Carretera de la Fruta en Malloa, cuando los trabajadores volvían en un camión de vender fruta en Santiago.

Según detalló en la audiencia el fiscal Carlos López, los imputados José Sánchez , Manuel Mercado, Dayan Sánchez y José Mojano formaban parte de una banda criminal que en un vehículo con encargo por robo desde el 6 de diciembre de 2023 interceptó a los agricultores Francisco Mora (53) y Raúl Cid (57), a quienes amenazaron para que les entregaran sus mochilas con el dinero de las ventas.

El persecutor detalló que los delincuentes obtuvieron el dinero, pero pese a ello Manuel Mercado disparó "el arma de fuego que portaba en contra de las víctimas, ocasionando la muerte de los ocupantes del camión (...) y dejando con lesiones de carácter grave al menor".

"Los cuatro imputados se dan a la fuga del lugar en el vehículo en que se desplazaban, siendo ubicados. Carabineros logran detenerlos en la Ruta Acceso Sur en Buin", dijo López, quien agregó que los sujetos llevaban un arma de fuego (...) con su número de serie borrado y con ocho municiones calibre 9 mm sin percutar y una vainilla del mismo calibre percutada".

Con esos antecedentes la fiscalía le imputó a los detenidos tres delitos de robo con homicidio, dos en carácter de consumado y otro frustrado, además de receptación de vehículo motorizado, porte ilegal de arma de fuego con número de serie borrado, uso malicioso de instrumento público y asociación criminal, y pidió la cautelar de prisión preventiva.

El juez Alejandro González accedió a la solicitud por considerar que "su libertad podría consistir igualmente en un peligro para la seguridad" de la sociedad y dio cinco meses para investigar.

En paralelo, luego de sostener una reunión con gremios de agricultores, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que habrá "mayor presencia policial en terminales hortícolas"; y que se mejorará el "estándar de seguridad de la ruta concesionadas de la Región de O'Higgins", lo que aseguró tomará un tiempo. Con ello se refiere a luminarias, cámaras y lectores de patentes.

Además indicó que se instalarán cajeros que permitan hacer depósitos en el mercado Lo Valledor, esto a raíz de lo expuesto por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien dijo a radio Agricultura que "el manejo de mochilas de dinero es algo que tenemos que cambiar".