Redacción - La Estrella de Iquique

Luego que un informe de la Contraloría reveló que 58 de los 419 beneficiados con pensiones de gracia en el marco del estallido social tenían condenas previas y que 19 de estas personas no tenían antecedentes médicos de los daños sufridos o que los reportes eran poco legibles o sin diagnósticos, ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que se revocarán 25 pensiones.

La secretaria de Estado dijo a Canal 13 que "el Presidente tiene que hacer la última revisión, pero ya hay un número seguro de 25 pensiones que se van a dejar sin efecto y otros casos más que todavía tienen que revisarse".

Tohá precisó que entre los 25 casos que se van a revocar "no hay personas con pérdida de globo ocular (...) Cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión, porque la pensión de gracia no es un premio al mérito, no tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida".

Luego que el Ministerio Público iniciara una investigación por este caso, ayer el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo al mismo medio que "había mérito para que iniciásemos de oficio una investigación porque habían antecedentes de hechos que podrían corresponder caracteres de delito" y al ser consultado sobre si funcionarios del Gobierno podrían quedar como imputados dijo que "eso es posible que ocurra (...) Cuando uno investiga delitos en los que participan empleados públicos, estos pueden terminar teniendo la calidad de imputados, sin que finalmente tengan la calidad de condenados".

Tohá dijo que "es positivo que se haga una investigación penal y se despeje toda duda".

El Instituto Nacional de Derechos Humanos aseguró que envió un oficio en septiembre de 2023, advirtiéndole al Presidente Gabriel Boric que no podían seguir acreditando a los postulantes de pensiones, sobre ello la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo ayer a El País que "posterior a la recepción del oficio, Presidencia y la directora del INDH, Consuelo Contreras, participaron de una reunión (en que) se abordó de manera presencial, entre otros temas, el contenido" del documento (...) Tras los encuentros, se mantuvo lo mandatado por la Ley de Presupuesto 2022 y regulado en el oficio 16 dictado por el gobierno del expresidente Piñera".

19 de estas personas no tenían antecedentes médicos de los daños sufridos.

Desgarradas y en estado de shock se encontraban ayer las familias de dos agricultores que fueron asesinados el sábado en la Carretera de la Fruta, cercana al cruce de Malloa en la Región de O'Higgins.

Las víctimas, Francisco Mora (53) y Raúl Cid (57), volvían en un camión desde Santiago tras efectuar una venta en Lo Valledor, cuando fueron interceptados en la Ruta 66 por cuatro sujetos a bordo de un vehículo quienes les realizaron una encerrona y en medio del robo les dispararon a las víctimas. Los dos agricultores fallecieron y un adolescente de 16 años, hijo de uno de los agricultores que iba con ellos, quedó lesionado en el brazo y dio aviso de lo ocurrido a Carabineros.

Los policías iniciaron una persecución y detuvieron a cuatro sospechosos del crimen, todos venezolanos con situación migratoria irregular, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y ayer iban a ser formalizados. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Rengo amplió la investigación hasta el miércoles 31 de enero.

Francisco Mora, hijo de uno de los agricultores fallecidos dijo ayer a Mega que "todavía no logro asimilar que mi papá no va a volver a la casa, no lo voy a ver más por actos de unos delincuentes (...) Es lamentable y triste. Llegar (y ver) la casa vacía. Saber que ya no va a volver, que mi hijo perdió a su abuelo. Es doloroso".