La reciente decisión del gobierno chileno de mejorar las zanjas en Chacalluta y Antofagasta, presentada como medida para fortalecer el control fronterizo, ha sido sorpresivo, por una desconcertante contradicción en las políticas gubernamentales.

Por un lado, el gobierno llegó al poder con una imagen de apertura en su discurso migratorio, de nadie es ilegal y de que hay que seres más humanitarios. A su vez, se trató de medieval a quienes proponían generar zanjas para ayudar a controlar la frontera, y fueron muy críticos con quienes desde Iquique cuestionábamos la migración descontrolada que estaba ocurriendo.

Al optar por mejorar las zanjas como solución, revela una inclinación hacia medidas más restrictivas. Esta discordancia entre palabras y acciones no solo es una muestra de hipocresía, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de tales medidas. ¿Cómo se alinean estas zanjas con una política migratoria que se dice inclusiva, donde prometen visa a quien ingresa ilegalmente, pero que se consigue un contrato de trabajo?

Por otro lado, la necesidad de mejorar la infraestructura en los controles fronterizos es indiscutible. El flujo migratorio irregular no puede ser abordado únicamente mediante barreras físicas. Es esencial invertir en tecnología avanzada y más herramientas para impedir el ingreso. No basta con parlantes y con FF.AA. que no pueden devolver a quien ingresa ilegalmente.

Decir que existen zanjas buenas o malas, ingresos clandestinos buenos o malos, pensiones de gracia a pedófilos buenos o malos, o indultos a delincuentes buenos o malos no tiene sentido. Una migración responsable tiene medidas de control en la frontera, no hace perdonazos y expulsa cuando es necesario. Por el bien de Chile, espero que avancen en una migración responsable y mantengan una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.

"Una migración responsable tiene medidas de control en la frontera, no hace perdonazos y expulsa cuando es necesario (...) espero que avancen en una migración responsable y mantengan una coherencia entre lo que dicen y lo que hacen".

Luz Ebensperger,, senadora por Tarapacá

Agustina tenía 10 años. Vivía en la comuna de Maipú. Falleció la segunda semana de enero, cuando el auto donde iba recibió un impacto de bala. Un mes antes, otras cuatro niñas y niños murieron por encontrarse en fuego cruzado: Anthony (5), Mayra (13), Dilan (3) y Giordano (14). Víctimas de la crisis de seguridad, niñas y niños están viviendo su día a día bajo las balas: en 2022, 54 niños y niñas murieron en medio de crímenes de distinta índole. En 2023, 38 fallecieron en medio de balaceras y situaciones de violencia. Esto es un drama, pero es algo esperable dadas las condiciones de inseguridad de los barrios. Como nos ha mostrado Observatorio Niñez de Fundación Colunga a partir de la encuesta Casen 2022, del total de niñas y niños que viven en Chile, 11,3% lo hace en hogares donde ha presenciado al menos una situación de tráfico de drogas, balaceras o disparos en el último mes, cifra que se sube a 18,5% en el caso de niñas y niños que viven en hogares en pobreza multidimensional.

La crisis de seguridad está afectando a niñas y niños de manera transversal. En la medida que los tomadores de decisiones y la comunidad no la enfrenten con un enfoque del bienestar de la niñez, seguirán expuestos a una violencia constante y progresiva; seguirán sometidos a crecer e ir al colegio en barrios y zonas controladas por el crimen organizado; expuestos al riesgo de sufrir un desenlace fatal un día cualquiera y expuestos también al estigma creciente de vivir en barrios inseguros y a la temprana exposición frente a una cultura que valida la violencia y el conflicto con las normas como un mecanismo viable de integración.

La evidencia comparada nos muestra que los destinos de esas niñas y niños que hoy están acostumbrándose a vivir una rutina bajo balas pueden ser distintos. No es fácil, pero ellos tienen derecho a vivir en paz y nuestras autoridades deben ser más innovadores y valientes para asegurar ese piso mínimo para poder crecer. Es la sociedad en su conjunto la que tiene que reaccionar.

Arturo Celedón,

director ejecutivo

Fundación Colunga

En Chile avanza la informalidad, forma atenuada de decir ilegalidad en todas las relaciones significativas que los seres humanos que viven en sociedad deben realizar; los ejemplos están a la vista, no solo por la delincuencia y el terrorismo que hoy campea en el país, sino en las relaciones cotidianas y habituales, en el trabajo se nota más, porque afecta al bolsillo directamente, pero se puede ver en todo ámbito de la vida social: en el fútbol, en el en la iglesia, en la política para qué decir.

Por otro lado, hay algo que no se puede negar y esto es el deseo de los chilenos de trabajar, de la necesidad de trabajar todos los días, sin el alero del Estado ni con subsidios ni pensiones de gracia. Una manera de anarco capitalismo, inspirador histórico de las revoluciones políticas por venir.

Mauricio de Gilbert