Matías Gatica Lindsay

La Fiscalía Local de Viña del Mar confirmó ayer que el cuerpo hallado el viernes pasado en avenida Perú, cerca del Casino de la Ciudad Jardín, corresponde al de Anahí Espíndola, joven de 22 años que desapareció el jueves 4 de enero luego de salir de un gimnasio ubicado en calle Bellavista.

El lunes, el Servicio Médico Legal dio un plazo de 72 horas para identificar el cadáver encontrado cerca de donde desapareció la joven y ayer la fiscal Vivian Quiñones dijo que "hoy, podemos confirmar, de manera científica, en base a los peritajes de ADN, practicados tanto por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, como del Servicio Médico Legal, de que el cuerpo corresponde a Anahí Espíndola. Esto ya ha sido informado a su familia, que está en conocimiento de aquello".

Según consignaron medios mientras se realizaba la búsqueda de la joven, cámaras de seguridad de locales comerciales de calle Arlegui captaron a eso de las 23.00 horas del 4 de enero que Anahí iba en dirección al Puente Casino acompañada por una mujer. Los registros audiovisuales también la mostraron corriendo en medio de su trayecto.

Al ser consultada por la causa de muerte y la posible participación de terceras personas en el fallecimiento de Espíndola, la persecutora señaló que "esta investigación está recién iniciándose, por lo tanto hay muchas diligencias que están en curso (...) No se descarta ninguna hipótesis".

Además aclaró que "cada vez que fallece una mujer y no se determina la causa de muerte, se activan protocolos de género para poder levantar toda la información médico legista relevante y establecer con mayor certeza las circunstancias de la muerte".

Por su parte, el prefecto Guillermo Gálvez, jefe de la PDI en Valparaíso, dijo que ahora comienza otra etapa después de informar a sus padres. "Ahora comienza la investigación para poder establecer la forma o las circunstancias en que falleció Anahí (...) Quedan peritajes pendientes. La causa aún está en calidad de reservada. Por eso, no se pueden entregar más antecedentes".

La Comisión de Salud del Senado despachó el proyecto de ley corta de isapres que envió el Ejecutivo para intentar frenar la crisis de las aseguradoras y ahora será revisado por la comisión de Hacienda.

Sin embargo, el Gobierno sufrió un duro revés luego de que se rechazara el numeral 13, uno de los puntos claves de la iniciativa ya que daba la posibilidad de que las aseguradoras hicieran un alza de reajuste a los precios base de los planes que les permitiría retornar el dinero cobrado de más a sus afiliados, como han ordenado los fallos de la Corte Suprema.

Los senadores de oposición, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), rechazaron este articulado, mientras que Juan Ignacio Latorre (RD) fue el único que aprobó. Juan Luis Castro (PS) y Ximena Órdenes (independiente) se abstuvieron.

Carabineros junto a la Municipalidad de Santiago retiraron ayer cerca de 30 toldos azules utilizados por vendedores ambulantes al exterior de la cárcel Santiago 1, ubicada en calle Centenario. En el operativo se detuvo además a tres personas con órdenes vigentes de captura. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó además que instalarán en ese sector barreras físicas para evitar que se lancen objetos hacia el interior del penal, y que sus alrededores estarán resguardados por Gendarmería para evitar que se vuelvan a instalar los comerciantes ilegales y agregó que en los últimos dos años se han incautado más de 20 mil armas blancas, 10 mil celulares y 46 kilos de droga desde los recintos penitenciarios del país.

El Presidente Gabriel Boric se refirió ayer la decisión del Ejecutivo de revocar las pensiones de gracia otorgadas a condenados en el marco del estallido social. El mandatario dijo que "hemos encontrado cerca de 50 pensiones de gracia de personas que cuentan con antecedentes penales, y lo que he mandatado a los organismos correspondientes es que eso que no se tenía a la vista a la hora de otorgarlas (..) Voy a hacer uso de una facultad administrativa, para que, en el caso que identifiquemos beneficiarios que tengan antecedentes penales por delitos graves, tales como homicidio, violación, porte de armas y narcotráfico, yo personalmente voy a usar uso de la facultad administrativa para revocar esas pensiones".

Además pidió "que este debate lo demos por superado".