Las malas juntas

Las reuniones de ministros y políticos con ciudadanos son lo más normal y deseable del mundo y sería ridículo que cada vez que un ministro se encuentra con alguien o decide ir a una reunión social en la que tropieza con este o aquel, deba registrarlo y hacerlo público, como si la ley de lobby fuera una especie de gran hermano simbólico al que hubiera que revelarle todo.

¿Significa lo anterior que, entonces, las reuniones sostenidas por los ministros en la casa de Pablo Zalaquett -amenizadas con bocadillos y bebidas en las que, según se ha sabido, cada uno se presentaba brevemente como si fuera una reunión de curso- no merece crítica alguna y que las que se han formulado desconocen el valor del diálogo?

Por supuesto que no.

Porque ocurre que Pablo Zalaquett no es un ciudadano cualquiera, es un lobista. Y quienes se reunían periódicamente en su casa, tampoco son gente de a pie. Eran personas que son custodias de intereses colectivos, empresarios, lideres gremiales, directores de empresas. Y los invitados gubernamentales no estaban allí por ser sujetos entretenidos o enigmáticos a los que valía la pena conocer (la mayoría no parece serlo) sino porque son funcionarios estatales cuyas decisiones conciernen, afectan, favorecen o lesionan, a aquellos con los que se encuentran. En suma, en esas reuniones había invitados que eran titulares del poder estatal (los ministros); otros que tienen a su cargo intereses privados que es su deber custodiar y que están concernidos por las políticas y decisiones de los primeros (empresarios, directores de empresas, líderes gremiales) y un sujeto, el anfitrión que favorecía esos encuentros, era alguien que ejerce de lobista (y al mismo tiempo un alcahuete, no sexual sino político).

Al margen de la interpretación que admita la ley de lobby -si extensiva para alguien preocupado de la transparencia, restringida para aquel que participó de las reuniones- no cabe duda de que los ministros y ministras que asistieron a esos encuentros hicieron mal, no obraron correctamente.

Para advertirlo basta hacerse dos preguntas.

La primera sobre la base de una observación de Kant que se encuentra en La Paz perpetua. Allí Kant observa que todo lo que no es susceptible de publicidad es injusto. La pregunta entonces es la siguiente: si los encuentros eran perfectamente inocentes, objetivamente inocuos ¿por qué no fueron públicos y solo se supieron luego de una investigación periodística? Se dirá que la ley de lobby no obliga a informar las reuniones sociales de las autoridades; pero, como se acaba de mostrar, en este caso no eran reuniones sociales, sino políticas entre la autoridad y sujetos concernidos por sus decisiones en la casa de un lobista.

La segunda también pertenece a Kant y es el famoso imperativo categórico: obra en conformidad a una máxima que pueda ser universalizada, que todos puedan seguir. Pues bien ¿qué sería de la democracia y de la confianza de los ciudadanos en ella, si todas las autoridades que custodian los intereses públicos se reunieran siempre a puertas cerradas con aquellos cuyos intereses son afectados por sus decisiones, en tanto los sujetos comunes y corrientes, ajenos a esas reuniones -y a los bocadillos y las bebidas, por supuesto- permanecen ajenos y a ellos solo se les habla en discursos, cadenas televisivas y, cuando la autoridad está de humor, en conferencias de prensa?

Lo que alarma en todo esto es que los ministros y ministras -también el presidente que salió del paso parafraseando al Padre Hurtado- se resistan a reconocer la gravedad del problema, la que no deriva del hecho que haya habido transacciones ilícitas en esas reuniones, sino porque ellas, como práctica, dañan la confianza pública.

Carlos Peña

Recientemente el senador Manuel José Ossandón, muy fiel a su estilo, ha levantado una polvareda absolutamente innecesaria respecto a los comicios por el sillón edilicio de la comuna de Puente Alto, donde por un lado están las legítimas aspiraciones de su sobrino, Felipe Ossandón, y por el otro una política de fuste y trayectoria como es el caso de la Dra. Karla Rubilar.

Lo que no se entiende es que, a todas luces y con un máximo de objetividad política, es evidente que la mejor carta de la derecha para ganar en Puente Alto es la de Rubilar, una mujer con trayectoria política, con calle y que entiende muy bien el mundo popular. Una política que ha ocupado cargos de enorme relevancia y que cuenta con el liderazgo no sólo para hacer una gestión comunal de excelencia, sino también mantener un bastión clave para el sector y que la izquierda ansía con fervor.

Por lo mismo no se entiende el afán de un senador, con trayectoria y tonelaje, como es el caso de Ossandón que arme una polémica absolutamente innecesaria por cuestiones de ego, por su eterna rivalidad con el ex presidente Piñera u otros. Lo que se esperaría de un político como Ossandón es sensatez, generosidad y hacer política pensando en el bien del país, de las personas, de las vecinas y vecinos, y no buscar la satisfacción de gustos personales por simple pataleta. Parece más un principiante en política que lo único que busca es figurar, sin medir ni las consecuencias de sus acciones ni pensar en el bien del país obviando una cuestión básica de la política: toda acción tiene repercusiones y consecuencias.

Plan Regulador Comunal

Antes de aprobar el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC), les sugiero a los profesionales y/o técnicos encargados de este instrumento de planificación territorial, contratar los servicios de una empresa cartográfica para determinar satelitalmente los puntos geográficos del paralelo que pasa al sur de la punta de Cavancha por el sur, establecida en la "Ley Lynch", publicada en el Diario Oficial de fecha 31 de octubre de 1884.

A objeto, conocer dónde comienza y termina el paralelo que pasa al sur de la punta de Cavancha, en relación al área del polígono territorial del antiguo Plan Regulador Comunal de Iquique. Sin perjuicio a la instalación de los hitos respectivos. Toda vez que -al parecer- no ha habido ni hay plano geográfico que determine el área del sector costero sur de la comuna de Iquique, que es propiedad municipal.

Por tanto, en virtud de lo expuesto y dispuesto en el artículo 5º, letra k, de la Ley Nro. 18.695; ruego a usted tener por presentada esta sugerencia; admitirla a tramitación y, en definitiva, contratar un estudio satelital para determinar los puntos geográficos del paralelo que pasa al sur de la punta de Cavancha por el sur e instalar los hitos respectivos.

Rodrigo Durán Guzmán

Roberto Cisternas Contreras