Hay 22 imputados por megafraude al SII: quedan en prisión preventiva
La fiscalía reveló que los empresarios compraron vehículos y propiedades con el dinero de facturas ilegales. Tres sospechosos quedaron con otras cautelares.
Matías Gatica Lindsay
Tras cuatro jornadas de formalización, el Tribunal de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para 22 de los 25 imputados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación por el megafraude tributario que llega a $240 mil millones.
El caso se dio a conocer la semana pasada cuando fueron detenidas 55 personas en nueve regiones, quienes habrían integrado seis "clanes", uno presuntamente liderado por José Antonio Pavez Canessa.
Según detalló en la audiencia el Ministerio Público, entre 2014 y 2020 los sospechosos usaron sociedades de "papel" para emitir 100 mil facturas supuestamente ilegales a 3.308 proveedores inexistentes.
La fiscalía reveló que a través de empresas fantasmas en rubros de servicios, construcción y exportación los detenidos emitían documentos tributarios con información falsa para rebajar impuestos y así obtener devoluciones fraudulentas.
En la audiencia se detalló que con el dinero defraudado el "clan Canessa" arrendaba dos departamentos en Las Condes; el "clan Galaz" adquirió seis vehículos por $41 millones; el "clan Barraza" también adquirió autos, pero por un costo de más de $167 millones y una propiedad en Arica; el "clan Croxxato", compró un sitio en Las Condes y un vehículo por más de $616 millones e invirtió en moneda extranjera; lo mismo que el "clan Nexus, que además compró una propiedad en Concón por más de $227 millones; y que los clanes "Barriga y Polanco" compraron siete vehículos y realizaron 13 operaciones de cambio internacional.
Pese a que el fiscal Eduardo Baeza pidió la prisión preventiva para los 25 imputados, el juzgado decidió decretar la medida para 22 de ellos; mientras que otros dos quedaron con arresto domiciliario total y arraigo nacional y para un último se dictó la cautelar de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional.
Pese a que la fiscalía pidió 12 meses para la investigación, el tribunal determinó 6 meses. "Estamos satisfechos con que el juzgado haya considerado nuestros elementos de imputación para poder dar por acreditada la existencia del delito y la participación de los imputados", dijo Baeza.