La intención de demandar civilmente a los imputados por el caso cajas de alimentos, para solicitar las indemnizaciones relacionadas al fraude al fisco, e incluso el levantamiento de información patrimonial para los imputados y familiares cercanos a ellos, es la petición hecha por el Consejo de Defensa del Estado. El ente anticorrupción amplió la querella sobre el caso del abogado particular, Enzo Morales, quien ha prosperado en la acusación solicitando, incluso, la prisión preventiva de los investigados, a quienes se les imputa un perjuicio fiscal de, al menos, $500 millones.

Desde el Poder Judicial indicaron que el tribunal envió los antecedentes de la querella al Ministerio Público, quien sigue indagando la causa que mantiene a 15 imputados sujetos a medidas cautelares en libertad. La investigación se desarrolla en dos aristas, la primera vinculada con tratos directos presuntamente hecha por nueve de los imputados, y la segunda arista relacionada a transferencias de seis imputados.

El Consejo de Defensa del Estado sostuvo en la querella que la intención es demandar civilmente a los querellados, "solicitando oportunamente las indemnizaciones que en tal momento nos parezcan adecuadas". Para este fin el Consejo señaló su ánimo de interrumpir la prescripción de las acciones civiles, para preparar dicha demanda y, además, pidió diligencias a la Fiscalía.

Entre las diligencias, el ente anticorrupción solicitó se oficie al Conservador de Bienes raíces en Iquique y Santiago, para que se informe la inscripción de inmuebles a nombre de los querellados o sociedades mercantiles, de los vehículos motorizados que posean y que, además, se despache una orden de investigar a fin de efectuar un levantamiento patrimonial de los querellados, "inclusive de bienes muebles o inmuebles, comisionando para tales efectos a la Brigada de Delitos Económicos".

El Consejo manifestó su ánimo de estar presente en las diligencias que realice la Policía de Investigaciones (PDI), entre las cuales pide peritajes contables sobre los hechos indagados. "Se disponga el acceso de todas las cuentas bancarias y de instituciones financieras de todos los querellados, red familiar vinculadas a la investigación y de las empresas DID Sonido y Compañía SPA, Lorena Barrientos Ramírez E.I.R.L., Soc. V y L Deportes LTDA, C y A Eventos, Studio LD SPA y Lineal Producciones SPA", detalló la querella.

Cercanos

En el mismo orden se solicitó realizar un levantamiento de información sobre la situación patrimonial de los querellados y familiares cercanos relacionados con la investigación, "con el objeto de preparar el ejercicio de las acusaciones civiles que pudieran corresponder, como consecuencia de los hechos investigados y el eventual perjuicio al patrimonio fiscal que se hubiese ocasionado".

El pasado 7 de diciembre, el Juzgado de Garantía de Iquique acogió la solicitud de las defensas y mutó la cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno por el arraigo nacional que deberán cumplir el ex intendente regional Miguel Ángel Quezada Torres, su entonces jefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo, y el otrora jefe de administración y finanzas Jhonny Muñoz Cancino, imputados fraude al fisco. En la audiencia también se revisó la solicitud de los imputados particulares, Dimitri Díaz y Ricardo Percic, de modificar la cautelar de arraigo nacional, lo que no fue acogido por la magistrada.

Con anterioridad, el pasado 21 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Iquique dejó sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional a la actual consejera regional y ex jefa de la Unidad de Planificación del Gobierno Regional, D.C.S.V, y a tres particulares, imputados por el Ministerio Público como autores del delito de fraude al fisco. Ilícito que habrían perpetrado en 2020, en el marco de la ejecución del programa "Alimentos para Chile".

Romel J. Puche

romel.puche@estrellaiquique.cl

La Corte de Apelaciones de Iquique rechazó ayer el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del ex soldado Oscar Mardones Cortés, condenado a seis años de cárcel efectiva como autor del delito de conducción en estado de ebriedad, con resultado de muerte del joven ciclista Francisco Javier Mesías Cortés, conocido como "Francho".

Del caso, Milincen Cortés, madre de la víctima, dijo estar emocionada en parte porque siente que se hizo "justicia en estos años de lucha, fue un desgaste emocional tremendo y todas las consecuencias de lo que hicieron con mi hijo. Hemos pasado por tantas cosas, pero siento que se hizo justicia. Es poco, pero para lo que hemos logrado es mucho, porque en otros casos los borrachos salen impune".

A su turno, el abogado querellante, Enzo Morales, indicó que "se debe dictar el cúmplase para el cumplimiento de la condena sin beneficios en la cárcel de Alto Hospicio, esperamos esta sentencia sea un precedente".

Un hombre de 55 años de edad, de nombre Manuel Dubó Brito, condenado por abuso sexual reiterado de varias niñas en la comuna de Alto Hospicio, está siendo buscado por la Policía de Investigaciones y por la Fiscalía de Tarapacá.

Ayer, la Fiscalía dio a conocer a través de sus redes sociales las imágenes del hombre prófugo de la justicia, quien estaría escondido en la Región de Valparaíso.

Dubó Brito fue condenado a seis años de cárcel en el año 2021 y lleva dos años prófugo de la justicia.

"Fiscalía Alto Hospicio y PDI de Tarapacá buscan a sujeto condenado a 6 años de presidio por abuso sexual reiterado de varias niñas. Manuel Dubó Brito, 55 años de edad, está prófugo desde el 2021 y se cree estaría escondido en Valparaíso. Cualquier dato llamar a Brisexme 940731720", fue el mensaje difundido en X (exTwitter) por el Ministerio Público.

La fiscal Camila Albarracín indicó que cuando le correspondió a este hombre cumplir la pena "no se presenta y es allí es donde se le pierde la pista". Advirtió que "saben que son familiares directos quienes le están prestando toda cooperación y sabemos que está en territorio nacional".

Las víctimas del caso serían siete menores entre 4 y 7 años de edad.