Matías Gatica Lindsay

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el fiscal nacional, Ángel Valencia; y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, entregaron ayer detalles de la Operación Tributos, que permitió la detención de 55 personas, la mayoría titulares de empresas, y destapó transacciones fraudulentas por 240 mil millones de pesos a través de 100 mil facturas falsas.

En una conferencia de prensa conjunta de las autoridades se expuso gran parte de lo incautado en este delito, calificado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) como el mayor fraude de la historia de Chile. Entre ellas hay más de 30 millones de pesos en dinero efectivo, 59.371 dólares, 22 vehículos de lujo y 343 vehículos con prohibición de enajenar.

También se decomisaron varias armas: cuatro revólveres, siete Pistolas, cinco armas largas (fusil y escopeta) y 18 armas de colección, además de 3.968 cartuchos de diverso calibre y un chaleco antibalas. Igualmente, la policía incautó 563,4 gramos de marihuana, joyas, relojes y otras especies de alto valor. Todo esto suma cerca de 27 mil millones de pesos y apenas supera el 10% de lo defraudado.

"Los peces grandes"

En la oportunidad, el fiscal Valencia fue enfático en asegurar que el Ministerio Público no se quedará conforme con los resultados de este operativo y buscará también a "los peces gordos".

"Es inevitable reconocer el impecable trabajo realizado por la Policía de Investigaciones al practicar estas detenciones, son decenas de detenciones, cientos de funcionarios desplegados, recursos y medios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para poder hacer efectivas estas investigaciones", indicó el persecutor.

"Con esto el Ministerio Público está cumpliendo una promesa. Sabemos que la comunidad espera que vayamos no solo por los más lentos, los más torpes, aquellos que suelen detenerse con más frecuencia y que producen menos prejuicio social, pero en menores cantidades", reconoció.

Por eso añadió que se espera "que no vayamos solo por los peces pequeños, por peligrosos que sean en el entorno de la comunidad, sino que también vayamos por los peces grandes, sujetos que están causando un daño severo a la comunidad, en este caso es el fraude tributario más grande de la historia de Chile. Esto solo es posible porque hay un trabajo largo, estos proyectos son complejos de investigar, por eso muchas veces pedimos paciencia para poder obtener estos resultados".

Y finalmente advirtió que "las personas no se pueden enriquecer por el delito, no pueden quedar esos bienes intactos y solo poner en la cárcel a sus dueños, pero los patrimonios, aquello de lo que se apropiaron, permanecer intacto en poder suyo o de sus familias. Vamos a ir por esos bienes".

Rara exportación

El director de la PDI detalló que desde hace nueve años la institución estuvo investigando estos hechos, que fueron detectados cuando se levantó una alerta en el Servicio Nacional de Aduanas al ver exportaciones millonarias de teléfonos celulares usados.

De acuerdo con el jefe policial, "500 funcionarios participaron en el operativo a nivel nacional" y dos personas que fueron detenidas en Iquique "son piezas clave".

Mientras que el fiscal metropolitano occidente, José Luis Pérez, detalló que "con facturas ideológicamente falsas se lograba justificar estas exportaciones. Se logra entonces ubicar a siete clanes que lograban usar el Estado para obtener devoluciones de impuesto. Operación empieza el 2014-15, se prolongó durante muchos años. Fue un trabajo sigiloso entre Ministerio Público y PDI que permitió desentrañar miles de operaciones entre empresas de papel. Ratificamos que hay muchas empresas verdaderas que usufructuaron de esas facturas falsas".

Finalmente, el subsecretario Monsalve afirmó que "los delitos económicos también son crimen organizado y que estos también pueden producir un enorme perjuicio al país".

"Esta estructura criminal prestaba servicios de emisión de facturas falsas a empresas legalmente constituidas y, por tanto, también aquí hay evasión al Fisco", complementó y destacó que "la persecución del patrimonio permite desarticular organizaciones criminales. Lo que aquí ha habido es persecución del lavado de activos, persecución del patrimonio, y es muy importante para el país fortalecer esta estrategia que permite desarticular este tipo de organizaciones criminales".

Un día después que en el plebiscito de la propuesta constitucional el "En contra" se impuso con un 55,76% de los votos, el líder del Partido Republicano y expresidenciable, José Antonio Kast, analizó los resultados y aseguró que, pese al revés, "nuestras ideas salen fortalecidas".

"Primero nos faltaron votos. Segundo, nos faltó tiempo para poder explicar" la propuesta elaborada en mayoría por la derecha, aseguró el dirigente, quien agregó que "no fuimos capaces nosotros los republicanos de explicar cuáles eran los puntos importantes que consideraba el nuevo texto. También se dieron divisiones dentro del sector, también eso tiene que afectar y mucha gente estaba cansada".

La expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Rep), dijo que era "una convencida de que la propuesta constitucional era buena. Sin embargo, se ha dado cuenta la ciudadanía que las soluciones no pasan por una nueva constitución, sino por hacerse cargo de las políticas públicas (...) No fueron ideas de derecha las que estaban plasmadas en el texto, fueron ideas de sentido común".

El exconsejero de ese partido, Luis Silva, apuntó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien dijo que "se demoró en entrar con decisión" para apoyar al "A favor", algo en lo que discrepó Kast, quien cree que la jefa comunal "se la jugó".

Pese a que se esperaba que ayer la oposición presentara una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su presunto conocimiento del caso Democracia Viva antes que explotara, el jefe de bancada de los diputados RN, Frank Sauerbaum, dijo a La Tercera que "se están estudiando los argumentos para la acusación, los que están basados en la comisión investigadora, se van a sumar los del Partido Social Cristiano (que anunció la acusación hace semanas) para hacer una acusación más profunda. Se presentará mañana (hoy) durante el día o a más tardar el miércoles". Por su parte el diputado Agustín Romero (Rep) señaló que "el Gobierno no ha tomado ninguna decisión (para sacar a Montes), la situación es insostenible, la acusación constitucional va".