Redacción

Ayer se inició el proceso de formalización de 55 personas, muchos de ellos titulares de empresas, detenidas durante la jornada del jueves por la Policía de Investigaciones en lo que el Servicio de Impuestos Internos (SII) calificó como el fraude tributario "más grande de la historia", que incluye la emisión de 100 mil facturas falsas para la comisión de irregularidades por 240 mil millones de pesos. Para 28 de ellas la Fiscalía pidió prisión preventiva.

El operativo de detención se produjo durante la tarde y noche del jueves, cuando la PDI informó que se trata de una organización criminal compuesta por siete clanes que operaban en 10 regiones del país, incluida Tarapacá, y están imputados por los delitos tributarios, asociación ilícita, fraude aduanero y lavado de activos.

En las diligencias fueron allanados 83 domicilios y entre las especies recuperadas se han encontrado más de 14 millones de pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos (con prohibición de enajenar), inmuebles y más de 400 cuentas bancarias. En total, lo recuperado alcanza a 25 mil millones de pesos, es decir, poco más del 10% del total defraudado.

En la investigación se señala que son más de 100 las empresas vinculadas al gran fraude y que algunas de ellas operaban desde el 2015 emitiendo "facturas ideológicamente falsas y exportaciones ficticias o adulteradas". Esto fue confirmado con detección de cerca de 100 mil facturas falsas emitidas a más de 3.300 contribuyentes para defraudar al Fisco.

Mientras se realizaba la formalización, trámite en el que se amplió la detención de los involucrados, el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, dijo que "desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas vinculadas y que significaron interponer nueve querellas".

Añadió que existió una masiva creación de empresas "con el solo objetivo de defraudar al Fisco con facturas falsas, utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos". Producto de ello, el SII fue interponiendo una serie de acciones penales, la más importante en 2022 por un supuesto fraude que alcanzó los 58 mil millones de pesos.

También detalló que las empresas involucradas estaban vinculadas a diversos rubros, como servicios o construcción. "Una de las más importantes tenía que ver con la exportación de celulares usados que no estaban en buen estado para obtener devolución del IVA", explicó Freyhoffer, quien además expuso que "son empresas medianas". En cuanto a la magnitud de este fraude al Fisco, reveló que sería "el más grande de la historia" del país.

Los imputados

Junto con la formalización ayer se dieron a conocer los nombres de los 55 detenidos por estos delitos, entre los cuales se repiten muchos apellidos que dan cuenta de negocios familiares.

Tal como explicó el representante del SII, no se trata de grandes empresas y tampoco de personas con mucho conocimiento de la ciudadanía. Quizás la más cercana a ser reconocible es Ximena Tavitxa Jiménez Farías, quien en 2021 se presentó sin éxito como candidata a consejera regional en Melipilla por el Partido Republicano.

En el listado aparecen también José Antonio Pavez Canessa, sindicado como el líder la agrupación, y su hermano Felipe Pavez Canessa, abogado del Servicio Electoral. De acuerdo con fuentes del caso, cumplía rol de testaferro, es decir "palo blanco", que compra bienes con los dineros obtenidos.

"Delincuentes"

Entre las múltiples reacciones, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, rechazó ayer que se hable de empresarios detenidos: "Es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado".

El líder gremial añadió que el SII "explicó que estas personas crearon organizaciones que no desarrollan actividades reales y tienen el único objetivo de defraudar al Fisco. A eso no se le puede llamar empresas".

"Condenamos enérgicamente los delitos que aquí se investigan (...) Todos ellos son extremadamente graves, dañan la institucionalidad económica, afectan la fe pública y deben ser sancionados con el máximo rigor de la ley", recalcó.

"Desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario".

Marcelo Freyhoffer,, subdirector jurídico SII

"Los delitos que se investigan dañan la institucionalidad económica, afectan la fe pública y deben ser sancionados".

Ricardo Mewes,, presidente CPC