Carabineros y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) firmaron un convenio de colaboración mutua, orientado a contribuir a la disminución del riesgo que el personal recolector de datos del Censo 2024 pueda tener durante las jornadas que se llevarán a cabo entre los meses de marzo y junio del próximo año.

El principal objetivo de este trabajo coordinado es facilitar la entrega de información de carácter geográfico y estadístico entre ambas instituciones, a fin de realizar una correcta planificación en el ámbito de la seguridad para el desarrollo del proceso de empadronamiento nacional, además de optimizar los procesos de georreferenciación de datos de ambas instituciones.

"Es un privilegio firmar este convenio y constituye un hito muy importante sin ninguna duda. En el último tiempo uno de los pilares fundamentales del trabajo desarrollado por Carabineros ha sido estrechar y fortalecer nuestros lazos de colaboración con las más variadas instituciones y organizaciones, con el propósito de seguir avanzando hacia el futuro con mayores y mejores herramientas para entregar más tranquilidad y seguridad a nuestros compatriotas", enfatizó el general director, Ricardo Yáñez.

"A nombre del INE queremos agradecer la firma de este convenio. Los datos entregados por Carabineros nos ayudarán a resguardar a nuestro personal que estará en el territorio levantando información a través de encuestas. Para nosotros es muy importante sentir el apoyo de la institución en el desarrollo de nuestra misión", subrayó el director de la entidad, Ricardo Vicuña.

Cabe resaltar que esta labor tiene por finalidad la transferencia mutua de información oficial de carácter espacial, tanto de delitos, distribución de población, distribución demográfica o de infraestructura".

Romel J. Puche

En el marco del Caso Convenios, la Fiscalía Regional de Tarapacá practicó, ayer, un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Vivienda en Santiago, junto con detectives de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones.

Según consignó el portal web emol.com, el procedimiento judicial se desarrolló bajo la dirección del fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos. Desde el Ministerio Público en la región respondieron que se hizo "con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones EnRed Social y Enlace Urbano, en el marco de la investigación que sigue adelante dicha Fiscalía por las transferencias realizadas entre la Seremi de Vivienda de Tarapacá y dichas fundaciones, las que suman unos 1.800 millones de pesos".

Agregaron que la entrada y registro se realizó en las oficinas del ministerio y la Subsecretaría de Vivienda, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios, todos ubicado en Alameda 924.

Fue cerca de las 9:50 horas que hicieron ingreso 12 personas de la Fiscalía y PDI con la orden de allanamiento, y durante la tarde el fiscal Ríos dio sus impresiones al respecto.

En una declaración a medios nacionales, el persecutor refirió que "todo se hizo en el contexto de dos investigaciones relacionadas con el caso denominado fundaciones, dos fundaciones que han sido denunciadas o se ha iniciado investigación de oficio por parte del Ministerio Público".

Ríos señaló que "llegamos con una orden del Tribunal de Garantía , autorizando el ingreso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se están realizando diversas diligencias, todos los estamentos han colaborado absolutamente y así ha sido durante toda la mañana, no sólo se nos va a entregar la información que la orden señalaba, sino también mucha más que agradecemos y nos permitirá avanzar en la investigación".

Además, el fiscal jefe de Iquique, aseveró que se generó una buena comunicación con el ministro de la cartera, Carlos Montes, en cuanto al levantamiento de prueba documental de las citadas oficinas.

Si bien Ríos no entregó el detalle de lo que se buscaba con la diligencia, indicó que "se tratan de antecedentes relacionados con procesos administrativos, proyectos de los convenios y fundaciones, que es lo que estamos levantando junto a la policía, esperamos que el día de hoy (ayer) se cierre esta diligencia y podamos dejar que el ministerio funcione normalmente".

Fue el pasado 4 de agosto cuando el propio fiscal Ríos anunció la investigación por los millonarios traspasos, indicando en la ocasión que "una vez conocidos los antecedentes a través de las redes sociales, se dispuso el comienzo de esta investigación que tiene por objeto dilucidar si los hechos denunciados revisten los caracteres de delitos".

De acuerdo al último informe de la Contraloría General de la República, a comienzos de septiembre de este año, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la región de Tarapacá mantenía rendiciones pendientes respecto de la fundación EnRed Social por más de 168 millones de pesos y Enlace Urbano por casi 432 millones de pesos.

Contraloría realizó distintas observaciones frente a estos convenios, como la ausencia de manuales de procedimientos que regulen el proceso de asignaciones directas de los programas Asentamientos Precarios, así como la ejecución de estos; la falta de un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del Programa Asentamientos Precarios; la falta de exigencia de los planes de trabajo; y la falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios, entre otras.

Tras el allanamiento, el ministro Montes refirió que a su criterio lo principal "es que se clarifiquen las cosas, es llegar al fondo de todas las cosas, poder calificar dónde estuvieron, quiénes fueron los responsables y que se sancione a los responsables".

Por otra parte, desde Comunicaciones de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Tarapacá indicaron que esta diligencia es resultado de la propia denuncia que el ministro Carlos Montes interpuso para llegar al fondo de la situación que guarda relación con el Caso Convenios y en específico contra un exfuncionario del ministerio, que venía de la administración anterior, quien renunció en mayo del 2022.

"Como Ministerio de Vivienda hemos realizado, desde el día uno, donde se toma conocimiento de los hechos acontecidos en Antofagasta, una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el Caso Convenios", aseveraron.

Por último, en la cartera esperan que la investigación llegue a fondo y que se logre esclarecer la situación al país, porque explicaron que se debe "retomar el rumbo y concentrarnos 100% en nuestra principal tarea que es cumplir con el Plan de Emergencia Habitacional".