Romel J. Puche

Por el delito de apremios ilegítimos formalizó ayer la Fiscalía a tres funcionarios del Ejército, sindicados de haber agredido a un hombre de nacionalidad boliviana que ingresó al país por un paso no habilitado de Colchane, a quien los uniformados habrían golpeado y sustraído la suma en efectivo de 3 mil pesos bolivianos y 200 dólares.

Según el persecutor, el afectado recibió golpes de pie y puño y fue azotado en su espalda con un cable. Luego de la presunta agresión, los uniformados le habrían ordenado que abandonara el país de vuelta hacia Bolivia.

Previo a la audiencia de formalización, el defensor penal público Eduardo Cabrera cuestionó la legalidad de la detención, alegando que la víctima correspondió a un ciudadano extranjero que hacía ingreso por un paso no habilitado, situación ilícita que no se pondera respecto de la función de militar de sus tres representados de intachable conducta y con hasta dos años de servicio en el Ejército

Para el magistrado Raúl Santander, los antecedentes de la detención expuestos por la Fiscalía "tienen ribetes de delitos", al haberse comprobado lesiones en el afectado, sumado a las diligencias hechas por el OS9 de Carabineros que no fueron cuestionadas, por lo que decretó legal el procedimiento.

Trascendido lo anterior, la fiscal (s) del Tamarugal, Daniela Campusano, formalizó a los imputados señalando que "todo ocurrió el pasado miércoles entre las 10 y 11 horas, cuando los imputados, funcionarios del Ejército, fiscalizaron a la víctima boliviana, a quien solicitaron se lanzara al suelo, se arrastrara por un rango de 20 metros y amenazaron con el armamento militar".

Agregó que dos de los funcionarios llamaron a un tercero, quien "abusando de su cargo solicitó a la víctima se sacara su polera, comenzando a golpearlo con un cable tipo cargador, le quitó los zapatos y siguió golpeando". Dijo, además, que una vez de pie el boliviano, todos los imputados lo atacaron con golpes y luego fue obligado a salir por el mismo paso clandestino.

La persecutora señaló que la víctima al ingresar a Bolivia, se regresó al territorio nacional acompañado por su hermana y al visualizar a un carabinero denunció lo ocurrido. Asimismo, en el sector donde ocurrió el hecho se encontró su chaqueta, la que presentaba piquetes o cortes supuestamente producto de los golpes causados por el cable. Además, en las diligencias el extranjero reconoció fotográficamente a sus presuntos agresores, quienes en su calidad de funcionarios fueron vistos patrullando en el Puesto de Observación Fronteriza.

Igualmente los acusados reconocieron la agresión, señalando que la víctima se trataba de un militar boliviano que mantenía tatuajes relacionados a dicha institución castrense. "Los tres abusan de su cargo de militar, realizando esta fiscalización con apremios ilegítimos", argumentó la fiscal.

En definitiva, el tribunal decretó para los imputados las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima con un plazo de 90 días de investigación.

El Ejército de Chile, a través de la Jefatura de la Fuerza Zona Fronteriza Tarapacá, emitió un comunicado donde indicaron que los funcionarios fueron dados de baja, y que se trataba de un soldado de tropa profesional y dos conscriptos. "Esta Jefatura entregó a las autoridades de justicia todos los antecedentes, con el fin de esclarecer los hechos, además de disponerse el licenciamiento (baja) del servicio de los involucrados", aseguraron.

Carabineros de la Cuarta Comisaría de Cavancha, a través de su oficina de violencia intrafamiliar, acogió una denuncia de una mujer, quien indicó haber sido golpeada por su pareja, configurándose el delito de violencia intrafamiliar. Además, la afectada denunció que el sindicado le habría lanzado un hervidor con agua caliente, provocándole diversas lesiones.

Desde la policía uniformada indicaron que "inmediatamente se activó el protocolo extra institucional de contención a la víctima".

Explicaron que paralelamente Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la referida unidad, junto con funcionarios de la Sección Centauro, concurrieron hasta el domicilio del agresor emplazado en el sector sur de Iquique.

Carabineros detalló que a la vista de sus registros, el imputado cuenta con antecedentes previos por maltrato animal y procedieron a su detención por el ataque a la mujer, el que se concretó dentro de los plazos de flagrancia exigidos por el Tribunal de Garantía.

El detenido fue trasladado hacia las dependencias de la comisaría y se alertó de lo ocurrido al Ministerio Público, organismo que dispuso que el hombre pasara a control de detención.

Del mismo modo, los uniformados trasladaron a la mujer a constatar lesiones, quien según dio a conocer la propia policía, terminó con afectaciones graves de acuerdo a lo establecido por los médicos que la trataron.

Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía fundaba cargos respecto del imputado, sobre quien solicitaría medidas cautelares.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) pertenecientes a la Brigada Investigadora de Delitos en Recintos Portuarios (Briderpo), conforme a orden de investigar y querella del representante de la marca, materializaron orden judicial de entrada y registro en un galpón ubicado al interior de recinto amurallado Zofri, logrando la incautación de 68 pares de zapatillas con diseños y logos similares a la marca "Skechers", los que se encontraban bajo custodia del imputado, bajo la figura de depositario provisional, constatando un faltante de 1.468 pares que debían estar en su poder.

De las especies incautadas, se levantó una muestra con el objeto de ser periciada con muestra indubitada proporcionada por el representante de la marca, y se dio aviso del hallazgo a Fiscalía.