Caso cajas: Fiscalía formalizó a 15 imputados por fraude al fisco
En la causa se reformalizó a los ocho acusados del pasado diciembre y a seis nuevos imputados.
Por el delito de fraude al fisco fueron formalizados y reformalizados ayer los imputados vinculados al caso cajas de alimentos, investigación enmarcada en las irregularidades detectadas en la adquisición de productos por parte de la Intendencia Regional de Tarapacá, en el contexto del plan Alimentos para Chile durante la emergencia sanitaria por Covid-19 del año 2020.
En la audiencia, y pese al conocimiento público de las personalidades políticas relacionadas al caso, la magistrada Tamara Muñoz, a petición de los abogados defensores, decretó que no se dieran a conocer los nombres de los imputados.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Corrupción de la fiscalía de Iquique, Juan Zepeda explicó en la formalización que el ex intendente, su jefa de gabinete, el ex jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional, la ex jefa de planificación y actual consejera regional, coordinados con el resto de los imputados "infringieron el deber de resguardar del patrimonio fiscal al adjudicar la adquisición y distribución de cajas de alimentos por tratos directos o por transferencia de fondos a empresas que no se dedicaban al rubro respectivo o no cumplían con los requisitos para contratar con el Estado, pagando sin justificación alguna un precio mayor al promedio nacional, a pesar de haber existido mejores ofertas en el mercado regional".
De acuerdo a todos los antecedentes recogidos en la investigación, el fiscal detalló que por las más de 45 mil cajas de alimentos que se adquirieron, tanto en el trato directo como en los convenios de transferencia de recursos con la Asociación Cristiana de Jóvenes Iquique y la Asociación de Municipalidades Rurales de Tarapacá y Arica y Parinacota, se pagó aproximadamente un sobreprecio de 10 mil pesos por cada caja, generando un perjuicio fiscal total de a lo menos $468 millones.
El persecutor realizó un acabado detalle de todos los antecedente recopilados en la investigación realizada junto a la Policía de Investigaciones (PDI), los que dieron cuenta que todos las acciones realizadas desde la Intendencia fueron dirigidas para beneficiar a los proveedores que finalmente fueron adjudicados, y que en estos hechos tenían pleno conocimiento los funcionarios públicos imputados.
Detalló además los informes de la Contraloría General de la República y de la PDI que establecieron un valor de sobreprecio similar en las cajas de alimentos.
Tras la audiencia los seis nuevos imputados quedaron bajo la medida cautelar de arraigo nacional, a excepción de uno de los empresarios acusados quien quedó con firma mensual. El Poder Judicial señaló que para el próximo 7 de diciembre se fijó una nueva audiencia para la revisión de las medidas cautelares fijadas, cuyos nueve imputados de la primera audiencia realizada en diciembre pasado, cumplen arresto domiciliario nocturno en el caso de los ex funcionarios públicos, y arraigo nacional para los privados.
El abogado querellante Enzo Morales, indicó que "fui el único que solicitó la prisión preventiva para todos los imputados, lo que fue rechazado, y próximamente apelaremos ante la Corte para que revoque la resolución".
Finalmente el abogado Juan Carlos Manríquez, defensor del empresario sujeto a firma mensual, indicó que "resolvió que la situación de mi cliente no era comparable con las otras, ya que expuestos todos los antecedentes, se diluye su intervención en un eventual fraude al fisco, lo que nos deja tranquilos".