Redacción

El contralor general de la república, Jorge Bermúdez, llegó ayer hasta la Cámara de Diputados para exponer ante la comisión investigadora que revisa las responsabilidades en los millonarios e irregulares traspasos de recursos del Estado a fundaciones, conocido como "Caso Convenios".

En la instancia expuso las conclusiones después de auditorías a 15 seremis de Vivienda y gobernaciones regionales, así como los informes tras investigar a 19 fundaciones entre los años 2021 y 2023.

Bermúdez señaló que aunque "no nos corresponde decir si hubo un mecanismo, la falta de regulación permite que el virus de la corrupción se pueda propagar".

Entre las anomalías que detectó el organismo fiscalizador está la asignación directa a entidades ejecutoras sin fundamentar, falta de control y monitoreo a la ejecución de los convenios y ausencia de comunicación sobre las rendiciones de cuentas a las organizaciones.

También se dio cuenta de problemas de concordancia entre las actividades convenidas y el objetivo de la fundación, así como la falta de experiencia en las materias para las que fueron elegidas.

Algunos de estos puntos se repiten, según Contraloría, a lo largo de casi todo el país, con excepción de Aysén, y el organismo generará sumarios, mientras que otros antecedentes pasaron al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.

Este último revisará casos de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.

Uno de los hallazgos más resonantes sobre gobiernos regionales sucedió en el Maule, donde le habrían exigido a Urbanismo Social contratar a tres personas específicas con fondos de los programas a ejecutar.

Antes de la exposición de Bermúdez, el fiscal nacional, Ángel Valencia, afirmó en radio ADN que "lo que está constatando el contralor es una conclusión bastante similar a la que hemos podido advertir en otros casos" que se investigan.

"No toda irregularidad administrativa es necesariamente un delito, pero ya hemos encontrado varias situaciones en las cuales hay delitos y ya se ha formalizado investigación en algunas de ellas", agregó.

"Escándalo Nacional"

El ministerio de Vivienda, a través de un comunicado, recordó han tomado medidas por el Caso Convenios como solicitar "la renuncia a dos autoridades regionales en Antofagasta y Maule, respectivamente, así como a nivel central".

Además, cuestionó que el formato para transferir recursos en el Programa de Asentamientos Precarios requería mayor control: "Dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias".

El presidente de la comisión investigadora, el diputado de Renovación Nacional José Miguel Castro, aseveró que "si uno ve que se repiten las mismas fundaciones, que se repiten los mismos casos, que estamos frente a los seremis que han practicado las mismas ejecuciones, yo creo que sí se ha dado efectivamente un mecanismo para defraudar al fisco, un mecanismo que debería ser obviamente controlado por este Gobierno".

Por su parte, el parlamentario PPD Raúl Soto remarcó que "me parece que los antecedentes que ha traído el contralor hoy día hablan de un escándalo nacional. Es escandaloso que en 15 regiones se hayan encontrado irregularidades y en 11 de ellas de tal gravedad que los antecedentes tuvieron que ser enviados al Ministerio Público para abrir una investigación por los eventuales delitos de corrupción que traen aparejados".

19 fundaciones se analizaron entre los años 2021 y 2023 por el "Caso Convenios".

15 Seremis de Vivienda del país y gobernaciones se incluyeron en el informe del contralor.