Actualmente hay un gran desequilibrio en el sector inmobiliario. Por un lado, hay una oferta acumulada cercana a las 115 mil unidades. Por otro lado, el déficit habitacional se ha profundizado drásticamente en la clase media. El número de hogares de este grupo que vive de allegado por dificultades económicas creció 165% en los últimos tres años, según últimos datos de la CChC.

Ante esta situación, el ministro Montes nuevamente actuó con celeridad, impulsando un nuevo beneficio que fortalece el Plan de Emergencia Habitacional: un incentivo tributario para compra de viviendas nuevas.

Sin embargo, este proyecto -pensado para la clase media- queda algo cojo. Uno de sus objetivos es impulsar la venta con entrega inmediata y, según lo que hemos corroborado en nuestros estudios, la mayoría de las personas interesadas en comprar, no cuenta con ahorros para acceder a una vivienda (en el Q3, 70% de encuestados tenía menos del 10% o nada ahorrado para el pie) uno de los principales requisitos para comprar una propiedad con las características que apunta la iniciativa.

Bajo este contexto, el incentivo no resolvería el problema de fondo que está impidiendo la venta de unidades terminadas: la falta de ahorro y liquidez, producto del empobrecimiento de las familias.

Sergio Barros,

director ejecutivo de Enlace Inmobiliario

Las 23.263 personas que fallecieron esperando una atención médica de especialidad, según reportó su diario esta semana, son un reflejo de una situación que nos afecta como país, pero sobre todo como regiones de Chile.

Información recopilada por Universidad de La Frontera, en base a registros solicitados a la Superintendencia de Salud -a julio de 2023-, revela la gran desigualdad e indefensión que sufren quienes viven en provincias del país.

Así, mientras la Región Metropolitana cuenta con 22.740 especialistas médicos (2,7 especialistas por cada mil habitantes), regiones como Tarapacá, Aysén y Magallanes no alcanzan a tener 200 profesionales para toda su población.

Atacama, por ejemplo, tiene menos de 0,41 especialistas por cada mil habitantes. Y en el caso de La Araucanía los especialistas llegan a 1.533. Es decir, algo más de uno por cada mil ciudadanos.

Esta realidad hace difícil pensar en reducir la espera por atención médica si no se aborda con decisión y de forma concreta, el déficit de especialistas.

Desde mi experiencia como rector y médico, veo al menos dos medidas de corto plazo que pueden marcar la diferencia: apoyar y acelerar la acreditación de los programas de especialidad en las universidades, apoyando con recursos financieros y humanos a la CNA; y abrir más campos clínicos en la red pública priorizando las instituciones educacionales que tienen especialidades médicas.

También, en un tercer ámbito, se hace urgente buscar cómo movilizar a estos profesionales a las regiones del país.

Eduardo Hebel,

rector Universidad de La Frontera