¿A qué atender?
Una vez que se ha aprobado el proyecto constitucional y se anuncie el plebiscito, se plantea la pregunta de qué será lo relevante a la hora de decidir si aprobarlo o no.
Tres son los criterios posibles que surgen del debate que se ha sostenido durante todos estos años. Y se los describe bien cuando se compara el proyecto con la carta de 1980 (que seguiría vigente si el primero se rechaza).
El primero es atingente al origen de las reglas.
Una de las razones que solio esgrimirse para rechazar la constitución de 1980 (que se intenta reemplazar) fue lo que se ha llamado su origen ilegítimo o, dicho de otro modo, el hecho que haya sido producida en dictadura, sin los habituales mecanismos mediante los que se forma la voluntad popular. Una constitución, se dice, es la manera en que la comunidad política se regula a sí misma, se somete a su propia voluntad general y no a una voluntad ajena a la suya. Desde este punto de vista, la constitución del 80 carecía de legitimidad. Es lo que dijo el presidente Gabriel Boric cuando argumentó en favor del proyecto de la Convención: cualquier cosa -declaró- es mejor que una constitución hecha por cuatro generales.
Así entonces desde ese mismo punto de vista no cabe duda de que, sea cual fuere el contenido del proyecto que ha elaborado el Consejo, es mejor que la carta de 1980 cuando se atiende a la forma en que ha sido producido.
En consecuencia, si se trata de comparar, bajo ese respecto, la carta de 1980 con el proyecto recién salido del Consejo, la conclusión es solo una: el proyecto del Consejo posee plena legitimidad de origen.
El otro criterio ya no dice relación con el origen de la carta constitucional, sino con su contenido.
Lo que se observa en este caso es que el contenido del proyecto presenta en general cuatro características que lo diferencian de la constitución de 1980: consagra derechos sociales de realización progresiva bajo una regla de responsabilidad fiscal; establece que los bienes que subyacen a esos derechos sociales (en cuestiones como salud, educación o pensiones) serán financiados con rentas generales (es decir, por impuestos) pero serán proveídos por instituciones estatales o privadas, ambas gratuitas, de manera que las personas puedan elegir entre ellas; y, en fin, establece un sistema político que disminuye la proliferación de partidos y evita su fragmentación.
El tercer criterio es el espacio que deja a la política o, si se prefiere, a la deliberación democrática.
Por definición las reglas constitucionales consagran alternativas más o menos rígidas, que escapan al juego de la política cotidiana. En este aspecto el proyecto constitucional es mucho más rígido (alguien dirá que más estable en el tiempo) cuando se atiende a las dificultades que posee su reforma). En otras palabras, el proyecto sustrae de la política inmediata importantes cuestiones de política pública, como es el diseño para satisfacer derechos sociales.
Como el papel de la prensa no debe ser aconsejar el voto sino dar razones para que lo decida de acuerdo a su discernimiento, quizá esos criterios le sean útiles.
Carlos Peña