El 19 de abril pasado se promulgó la Ley 21.553, también conocida como Ley EAT, que regula la actividad de las aplicaciones de movilidad en el país.
Tras meses de la publicación del reglamento, que está elaborando el Ministerio de Transportes, con el detalle sobre cómo se implementará esta nueva normativa, la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales realizó un estudio para medir su impacto en diferentes ciudades del país.
La nueva normativa buscará igualar las condiciones de las empresas de aplicaciones de transporte (EAT) y los taxis, lo que establecería requisitos como la Licencia "Clase A" (licencia profesional) para los conductores, vehículos de una antigüedad máxima de 12 años y una cilindrada mínima de 1.500 cc (o 1.400 cc para un sedán).
En este contexto, los expertos de la UDP analizaron 10 millones de viajes de la plataforma Uber y encuestaron a sus socios conductores y usuarios, para evaluar el impacto de la ley, que en el caso de comunas como Alto Hospicio sería muy alto, pues el 92% de viajes no se podrían haber concretado si la ley estuviera vigente.
Sin duda, esta normativa surge en medio de una polémica generada por los taxis, que se comenzaron a ver afectados por estas aplicaciones, donde muchos de ellos dejaran este rubro para pasarse al nuevos sistema, que comenzó a resultar más conveniente desde el punto de vista económico.
El nuevo estándar de vehículo sin duda será un obstáculo, pero por otro lado la licencia profesional será el principal impedimento para que estas aplicaciones sigan operando con la frecuencia de la actualidad, pues es muy reducido el número de choferes que tienen este tipo de licencia.
Si bien los cambios apuntan principalmente a la seguridad, podrían afectar fuertemente en el empleo, pues muchas personas que actualmente estaban desempleadas tomaron este servicio como una forma de sustento informal, pero estable.
La implementación de la norma, que debe ser a más tardar en febrero del próximo año, está llena de incertidumbre y claramente podría impactar no solo en la movilidad de las personas de localidades donde el transporte es más complejo, sino en miles de empleos a nivel nacional.
"Si bien los cambios apuntan principalmente a la seguridad, podrían afectar fuertemente en el empleo".