Matías Gatica Lindsay

Con 83 votos a favor, 45 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que sanciona con cárcel el porte injustificado de combustible en "reuniones en lugares públicos", como marchas y otro tipo de protestas.

Pese a que fue ingresado en mayo por el Gobierno, en su trámite legislativo sufrió varios cambios, lo que fue rechazado por el Ejecutivo, que pretendía llevarlo a una comisión mixta para mantenerlo como una falta, no un delito.

En el Senado se suprimió la norma que castigaba a quien, injustificadamente, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, portara combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas. La multa planteada a esta situación era de 10 a 20 UTM. En su lugar se visó la indicación que sanciona con presidio menor en su grado mínimo (desde 61 días a 540 días) a quien, en el contexto de reuniones en lugares de uso público, porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas.

Esto fue cuestionado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo en la tramitación que esa indicación excedía al espíritu de la norma, pues cree que no es posible encarcelar a alguien que aún no comete un delito. "(La indicación) tiene un error garrafal de no establecer en qué contexto se está refiriendo", dijo.

Tras su aprobación el presidente de la comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), dijo que la ley "quedó con una pena de presidio, no de multa como quería el Gobierno, porque todos sabemos que las multas no disuaden (...) Tienen que tener penas efectivas, de cárcel, porque quien está con combustible en el contexto de una manifestación, tiene como objetivo claramente el atentar contra la vida de una persona".

Entre las abstenciones estuvo el diputado PS Raúl Leiva, quien dijo que "lo que se está tipificando es el porte de combustible injustificado (...) Este proyecto pretende proteger la protesta pacífica".

La promulgación depende del Gobierno, que inicialmente hizo reserva de constitucionalidad y deslizó la opción de veto, lo que es improbable porque ya lo está haciendo con la ley de usurpaciones.

Un hombre de nacionalidad china murió acribillado en un presunto casino clandestino en Santiago, donde se investiga un posible asalto.

Cerca de las 16:00 horas de ayer un grupo de sujetos armados ingresó al local emplazado en el piso -1 de un mall chino ubicado en calle Gorbea con Bascuñán Guerrero, en el barrio Meiggs.

Allí los delincuentes que habrían intentado robar la recaudación del día percutaron una serie de disparos que impactaron a la víctima, quien falleció en el lugar. Tras ello se fugaron y hasta el cierre de esta edición se desconocía su identidad, así como la del fallecido.

Según indicó el teniente coronel de Carabineros Álex Oporto , "quien administraba el local no está identificado, no sabemos si se fugó, ni tampoco podemos descartar que sea la persona fallecida".

Al sitio llegó la SIP de la institución, que intentaba recoger el testimonio de testigos, sin embargo, "son todos chinos y uno solo habla, de manera no muy fluida, el español", dijo Oporto, lo que dificultaba las diligencias.

Sobre el lugar dijo que sería más "profesionalizado" que un casino clandestino, pues tenía "una mesa de pool y una ruleta electrónica grande", que no se ven en recintos ilegales de los barrios.

Víctor Escobedo, un funcionario de Seguridad Ciudadana de Lo Barnechea, falleció al estrellar su vehículo contra un poste en medio de un operativo en la comuna. Según informó Carabineros, cerca de las 4:00 horas de ayer el guardia municipal de 35 años, de los que llevaba cinco de servicio en la institución, se dirigía a una vivienda para atender una denuncia por ruidos molestos, cuando en avenida José Alcalde Délano, a la altura de Los Canelos, y aparentemente por lo resbaladizo del pavimento, perdió el control de su auto, se volcó e impactó un poste del alumbrado público. Inmediatamente fue trasladado a la Clínica Alemana, donde perdió la vida. La investigación quedó a cargo de la SIAT de Carabineros. El alcalde de la comuna, Cristóbal Lira, destacó la labor de los inspectores municipales.