Desde sus inicios, los Reservistas Navales se han movilizado desinteresadamente donde la patria y la institución lo han requerido, desplegándose voluntariamente a lo largo y ancho del territorio nacional a través de las distintas Unidades Base de Movilización, cumpliendo principalmente tareas de apoyo a la ciudadanía en momentos de alta complejidad.

Los orígenes de la Reserva Nacional se remontan a 1811, cuando se dictó el primer bando militar con fines de reclutamiento, iniciando la formación del Ejército Republicano.

Por otra parte, la Constitución de 1833 consagró el Servicio Militar, haciendo obligatoria la inscripción de todos los ciudadanos, hasta que el 5 de septiembre de 1900, se dictó la Ley de "Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada", siendo esta fecha la que hoy conmemoramos.

Desde aquella época, los marinos y soldados que han servido en la institución y que hoy en día integran la reserva, han jurado ante el Pabellón Nacional y ante Dios, servir fielmente a la Patria y a sus habitantes, lo que naturalmente implica mantenerse entrenados, permitiéndoles contribuir de manera eficaz en una institución con un constante desarrollo de estándares y procedimientos.

El sacrificio del tiempo libre, para entrenarse y mantenerse vigentes, constituye una muestra clara del espíritu del reservista, siempre dispuestos, con el ímpetu que los caracteriza, tal como lo fue durante los terremotos de Tocopilla e Iquique, escenarios complejos en los que su servicio permitió abarcar con mayor amplitud las tareas de apoyo a la ciudadanía.

Como institución reconocemos la especial dedicación de los reservistas navales y su valioso aporte al quehacer institucional, los que sin duda, inspirados en los valores patrios y fieles a un juramento irrevocable, desinteresadamente siguen integrando las filas de la Armada de todos lo chilenos.

"Los marinos y soldados que han servido en la institución y que hoy en día integran la reserva, han jurado ante el Pabellón Nacional y ante Dios, servir fielmente a la Patria".

Claudio Maldonado Naveas,, comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval

Cada 7 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Concienciación de la Distrofia Muscular de Duchenne. Esta enfermedad calificada como poco frecuente, es de origen genético y su tratamiento no sólo significa un gran costo económico, sino que también involucra un alto costo emocional.

Ser testigo de cómo lentamente un niño, va perdiendo su movilidad y su capacidad muscular, es un proceso muy fuerte de ver. A esto se suma que los menores son conscientes de su estado y van recorriendo un camino muy difícil, ya que saben que quedarán como prisioneros de su cuerpo.

Lamentablemente la enfermedad de Duchenne no está incluida en la Ley Ricarte Soto, ni tampoco las familias reciben alguna ayuda por parte del Estado, por lo que estamos en una situación de una constante encrucijada y se nos acaba el tiempo para entregarle una mejor calidad de vida a nuestros niños.

Por eso, aprovechando que septiembre es el mes en el que impulsamos con más fuerza la concientización y educación sobre este síndrome, hago un llamado a las autoridades y sociedad civil a que se retome la discusión para incorporar nuevas enfermedades a la Ley Ricarte Soto o crear vías alternas de financiamiento que brinden respuesta certera y de una vez por todas a los pequeños que día a día luchan por no seguir perdiendo lo mejor de su niñez.

Myriam Estivil,

Directora fundación Felch

De acuerdo con la Constitución Política, es deber del Estado promover el mayor desarrollo material y espiritual posible de las personas. Ello es así por cuánto todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y la institucionalidad estatal se encuentra al servicio de la persona humana.

Para alcanzar tan importante cometido, es necesario contar con un aparato estatal moderno. Idóneo, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos, que siempre resultan escasos ante las necesidades de la sociedad. La modernización comporta, por tanto, una necesidad instrumental.

En esa perspectiva, el ímpetu modernizador debe referirse no solo al aparato estatal, sino que también debe abocarse al fortalecimiento de las herramientas de control institucional de la actuación de los órganos y agentes públicos.

Con ocasión al debate público que se ha producido por el uso inadecuado de recursos públicos en la administración del Estado, se ha manifestado por distintos actores políticos que ello hace necesario actualizar el aparato estatal a los efectos de evitar que ocurran situaciones como las que han sido conocidas públicamente en el marco del Caso Fundaciones.

Ello puede resultar pertinente, pero en mi opinión es más apremiante y exigible que exista un acuerdo transversal en orden a fortalecer los medios de control jurídico, de gestión, político, financiero, entre otros, a los efectos de que la actividad estatal de la administración se adecue a los estándares legales y éticos que deben presidir la actuación de una institucionalidad que se encuentra al servicio de las personas.

La probidad, como principio constitucional que debe informar la actuación de los órganos de la administración del Estado, comporta el desempeño honesto y leal de la función o cargo público, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Constituye, como se advierte, un principio instrumental esencial para el correcto desempeño de toda función pública.

Ello impone la necesidad de contar funcionarios con real vocación de servicio público y hace absolutamente exigible que la organización cuente con instituciones contraloras modernas e idóneas para verificar la conformidad de su actuación conforme a parámetros de probidad, eficiencia, eficacia y legalidad.

Dr. Carlos Salinas, académico Escuela de Derecho Universidad de Las Américas