Acaba de morir Guillermo Tellier. Y con él parte de una generación cuya peripecia vital se entrelazó con los momentos más dramáticos de la reciente historia política de Chile. Puede afirmarse, por eso, que él representó, como en un resumen, las contradicciones y los desafíos del Chile de las últimas décadas.

Decir de alguien como Teillier que buena parte de lo que él fue e hizo, se explica por la historia, es casi un homenaje puesto que él creyó siempre que el tiempo histórico, el contexto, los inmensos vendavales de la circunstancia, explicaban en gran parte la conducta humana, que, así, era a la vez reflejo y toma de posición frente a ella.

El presidente ha decidido decretar duelo oficial. Y es razonable preguntarse si acaso es correcta o no esa decisión.

Veamos.

En los ochenta fue un férreo opositor a la dictadura. Y no lo fue como un profeta desarmado de los que hubo tantos, sino al revés: tomó las armas para oponerse al régimen y se mostró dispuesto a acabar con el adversario. Más tarde, y una vez recuperada la democracia, contribuyó a que el PC retomara su tradición institucional y parlamentaria hasta formar parte del gobierno con la Nueva Mayoría, primero, y el Frente Amplio, después.

¿Es correcto reprocharle a Teillier (y con él a parte del PC) haber tomado en algún momento las armas y haciendo pie en esa actitud suya negarle, en la hora final, el homenaje? Cuando se trata de la violencia en política, habría que recordar -citando a Santo Tomás, a quien él, seguramente, no habría mencionado- que la referencia al contexto es inevitable. En la dictadura, los comunistas fueron perseguidos con esmero y se intentó exterminarlos ¿cómo podría reprochárseles haberse defendido e intentado pagar con la misma moneda a quien los perseguía en vez de haber puesto la otra mejilla? ¿No es acaso una exigencia supererogatoria pedirle a la víctima -y los comunistas lo fueron en gran número, expuestos a una gigantesca asimetría de fuerzas- que acepte su destino especialmente si la razón de su peligro es injusta? La tradición católica, y no solo ella, diría que tratándose de un gobierno tiránico -y ese calificativo merece aquel que procura exterminar a sus rivales ideológicos- el empleo de la fuerza está justificado. Otra cosa es, desde luego, hacerlo en democracia, cuyo principio fundante es la exclusión de la violencia, e intentar sustituir al gobierno elegido mediante la coacción ¿Hizo esto último Teillier y con él el partido al que pertenecía? Es probable que haya aplaudido y para sus adentros deseado que en los días de octubre del 19 el gobierno de Piñera (a quien llegó a solicitar la renuncia) cayera como consecuencia de la revuelta; pero eso es distinto a sostener que él fuera quien la planificó o la teledirigió. Si lo hubiera hecho por supuesto habría transgredido el compromiso democrático; pero nada hace pensar que eso ocurriera.

Cuando se le juzga por sus resultados y su conducta objetiva -que es lo que corresponde hacer con alguien cuya vida ya no admite enmienda- la verdad es que Guillermo Teillier, con ese estilo suyo astuto, que no se sabía si era cautela o disimulo, que insinuaba siempre una carta bajo la manga, dejando así claro al interlocutor que si no mentía nunca decía toda la verdad y nada más que la verdad, se comportó conforme a las reglas de la democracia y favoreció que el PC, el mismo que con su participación alguna vez tomó las armas, se incorporara plenamente a la democracia, participara de su competencia y de sus ritos y con ello legitimara sus resultados.

¿Que fue comunista? Sí, desde luego, y se enorgulleció de serlo y no se ve por qué ello podría ser motivo de reproche o una razón para negarle, en la hora final, el homenaje que con razón ha decidido otorgarle el presidente al decretar duelo oficial por su partida. Uno de los principios de la democracia es que en ella todas las ideas son admitidas y lo que se excluye son los medios con que se procura esparcirlas o imponerlas. Reprochar a Teillier haber sido comunista es inadmisible dentro de las reglas de la democracia y habiendo él contribuido objetivamente a que ella funcionara (aunque pudo, con oportunismo, desear abandonarla cuando la ocasión pareció propicia) no parece correcto negarle un homenaje.

Carlos Peña

Uno de los temas centrales de discusión al interior del Consejo Constitucional es cómo mandatar a los distintos poderes del Estado en el combate de la delincuencia. La irrupción del crimen organizado y de nuevos delitos amenaza no solo la seguridad, sino también nuestro sistema democrático y el estado de derecho. La situación que vive el norte grande es especialmente dramática, y son múltiples las causas que explican el deterioro de las ciudades y de la calidad de vida. Por un lado, la inmigración irregular ha presionado distintos servicios públicos, muchas veces en desmedro de los nacionales. Este fenómeno comienza a acelerarse en el año 2017, donde la población migrante fue de 746.465 personas; un 1 año y 8 meses después, en diciembre del 2018, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) la población migrante fue de 1.251.225; luego, a diciembre del 2020 se estimaba que en el país había un total de 1.462.103 personas inmigrantes. Si comparamos países OCDE encontramos a Chile en el noveno país que recibió mayor cantidad de inmigrantes durante el 2019, pero si lo ordenamos respecto del impacto en la población total ocupa el tercer lugar, superado por países pequeños como Luxemburgo e Islandia, con impacto del 1,8% de su población total en un año. Ciertamente no podemos afirmar que el crecimiento de la inmigración irregular es la principal o única causa de los problemas de seguridad en el norte, sin embargo, es indesmentible su correlación. Con el propósito de revertir y atender lo antes descrito, la bancada del Partido Republicano ha presentado varias enmiendas para crear, por ejemplo, un capítulo especial dedicado a la Paz, el Orden y la Seguridad, con medidas innovadoras como la habilitación de una Defensoría de las Víctimas, con una división especializada a cargo de la defensa de víctimas de delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crimen organizado y trata de personas. Además, se propone incluir dentro de los deberes del Estado el asegurar y defender la integridad territorial y la independencia del país, mandatando al legislador sancionar el tráfico de migrantes, la trata de personas y el ingreso irregular al territorio nacional. Esperamos encontrar apoyo transversal a dichas propuestas, las que prontamente comenzarán a ser votadas en cada comisión. Creemos indispensable para el éxito de este proceso atender las urgencias sociales de la población y entregar soluciones concretas a los dolores que aquejan a la ciudadanía, especialmente del norte de Chile.

Sebastián Parraguez,

consejero constitucional

En el afán de alcanzar un consenso respecto de la reforma de pensiones, y teniendo a la vista que el destino del 6% de cotización adicional entrampa las posibilidades de acercar posiciones, algunos sectores han señalado que se debe estudiar la posibilidad de crear un seguro de longevidad.

Lamentablemente, gran parte de las discusiones se han enfocado en las dificultades para evaluar el valor de una póliza que garantice la supervivencia prolongada de las personas, poniendo el foco en la realidad interna de nuestro país. Sin embargo, es esencial recordar que soluciones similares han sido exitosas en mercados desarrollados, demostrando la viabilidad de tarifas accesibles y resultados beneficiosos.

Resulta interesante aprender de prácticas exitosas en otros lugares, ya que la implementación de un seguro de longevidad podría ser un paso hacia adelante en la reforma de pensiones en Chile, al beneficiar a todos los involucrados.

Lionel Soffia,

CEO de Gallagher Seguros y Reaseguros