Zona franca en peligro
Nuestra zona franca nuevamente está en peligro, desde hace un tiempo, ese es su estado normal. Hace un par de años hicimos una campaña que perseguía básicamente dos objetivos.
El primero que su administradora, esto es Zofrisa dejara de ser una empresa inmobiliaria y prestara el servicio que de verdad se requiere, impulsar una zona franca moderna acorde a los tiempos actuales y orientada en atraer nuevas inversiones y a la creación de industrias,
El segundo objetivo era lograr que el gobierno presentara el proyecto de ley para la renovación por una parte de las exenciones tributarias y también de la concesión. Logramos esto último y en marzo del 2021 se ingresó este proyecto al Congreso.
Sin embargo, el gobierno actual retiró del parlamento el proyecto en enero de este año, aumentando así la incertidumbre y, sobre todo, deteniendo toda inversión que los usuarios quisieran hacer, pues el horizonte de vida de la zona franca volvía a ser al año 2030.
El gobierno señaló que retiró el proyecto para avanzar más rápido a través de su potestad reglamentaria, pero hasta ahora no ha hecho nada. Además, aunque quisiera hacerlo no puede, porque la única forma de legislar en todo lo que tiene relación con impuestos y, acá hablamos de la exención de algunos de ellos, debe hacerse por ley.
Lo anterior nos lleva a concluir que el gobierno no tiene claro como se legisla en el país o quiere dejar morir a la Zona Franca de Iquique con las graves y múltiples consecuencias que ello significaría para la región, solo con nombrar que es la principal fuente generadora de empleos, basta para saber la gravedad de la situación.
Al problema de incertidumbre anterior, sumamos el fin del sello amarillo que ataca el corazón de una actividad económica lícita como es la importación de vehículos usados, prohibiendo circular por otras regiones que no sean zonas francas. Pasando a llevar, no solamente a quienes ejercen esta actividad, sino también a quienes adquieren dichos vehículos y, particularmente, a las personas discapacitadas que ya no podrán circular con un vehículo acondicionado para su situación en el resto del país.
Hoy las autoridades han sido desprolijas, contradictorias y poco claras en la interpretación de estas normas y su concordancia con otros derechos. El directorio de Zofrisa debería estar liderando esta discusión y protegiendo los derechos de los usuarios y personas afectadas, pero ha estado ausente. No queda otra alternativa que sea la región y la unión de sus habitantes quienes debamos defender la permanencia y futuro de nuestra zona franca.
"Sumamos el fin del sello amarillo que ataca el corazón de una actividad económica lícita".
Luz Ebensperger,, senadora por Tarapacá