Presentan querella criminal por fraude al fisco en Caso Convenios
En el marco de la investigación, el diputado Trisotti presentó acción legal en el Juzgado de Garantía de Iquique.
En una nueva acción legal relacionada al Caso Convenios, ayer -en el Juzgado de Garantía de Iquique- el diputado UDI, Renzo Trisotti, y abogados de ese partido, presentaron una querella criminal por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en contra de quienes resulten responsables por las transferencias hechas desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a dos fundaciones en Tarapacá por más de 2.000 millones de pesos.
"Esta es una querella criminal por tres tipos de delitos, contra todos quienes resulten responsables de las millonarias transferencias que se han hecho, principalmente a las fundaciones En Red y Enlace Urbano, donde estamos hablando de más de dos mil millones de pesos", explicó el diputado Trisotti sobre la querella.
Según lo señalado por el diputado de la UDI se cuenta "con información que sugiere la existencia de contratos simulados, lo que plantea dudas sobre si los recursos se han destinado efectivamente a cumplir con dicho propósito".
Explicó que también se solicitaron diligencias, como el levantamiento del secreto bancario de ambas fundaciones: "Hemos solicitado que se cite a declarar al actual seremi de Vivienda y Urbanismo (Diego Rebolledo), al exseremi (Francisco Martínez), a los directores del Serviu y a todos los funcionarios que de una u otra parte participaron en la confección de estos convenios. Hoy día no es posible que esta verdadera arquitectura de defraudación no tenga responsables. Por una parte, vemos al Gobierno que plantea que va a perseguir a los responsables, caiga quien caiga, pero vemos reacciones tardías como el reciente envió de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado o que hace pocos días el Ministerio de Hacienda ha decidido modificar los protocolos y procedimientos para la entrega de este tipo de subvenciones".
En respuesta a la presentación de la querella criminal, la Seremi de Vivienda de la Región de Tarapacá enfatizó que "es un derecho de todo ciudadano presentar acciones judiciales ante la justicia".
Asimismo, manifestaron que, como Minvu Tarapacá y Serviu regional, "estamos colaborando con las distintas instituciones, sea esta la Contraloría y el Ministerio Público, con el propósito de que estos hechos sean esclarecidos, porque están en juego los recursos destinados para las familias de menores recursos".
La Seremi de Vivienda también hizo mención al inicio de la investigación de la Fiscalía de Tarapacá. En ese contexto, destacó que "es importante señalar que, cuando se hizo pública la investigación de la Fiscalía de Tarapacá, de manera voluntaria, ingresamos todos los antecedentes de los convenios con las fundaciones indagadas", concluyó.
Por último, la Fiscalía informó que la admisibilidad de la querella presentada por el parlamentario UDI será resuelta el próximo lunes.
"A todos"
El diputado PC, Matías Ramírez, también se pronunció sobre este asunto e hizo hincapié en que "hay que investigar a todos los responsables, pero creo que efectivamente los parlamentarios que han ejercido esta acción se van a llevar una gran sorpresa cuando se den cuenta que la mayoría de los investigados son correligionarios de partido".
El parlamentario argumentó que en 2021 se crean ambas fundaciones y el Ministerio de Vivienda inicia asignaciones, involucrando a militantes de RN y un exministro de la UDI.