Seguir avanzando en descentralización
El caso Convenios se ha tomado la agenda noticiosa en el país, como también es la principal preocupación del Gobierno, lo cual devino incluso en que el ministro Giorgio Jackson tuviera que presentar la renuncia.
El caso también ha impactado en que muchas discusiones respecto al futuro del país se hayan detenido, entre ellas, los requeridos avances en materia de descentralización, vitales para mejorar la gestión del Estado en todo el territorio nacional.
Es sabido que uno de los argumentos más recurridos por quienes intentan mantener una mayor centralización del país, es "el temor a que se abran flancos para que ingrese la corrupción". Y claramente es posible que en estos casos estemos ante ese tipo de situaciones, pero no puede ser el fundamento para seguir negándose a tener un país más descentralizado y con regiones autónomas en sus decisiones.
Está claro que Chile no resiste más su actual política administrativa y que la descentralización es prioritaria y si bien el caso Convenio surge tras un caso generado en regiones, lo cierto es que con ello se ha arrastrado un manto de dudas en todo el territorio nacional, incluida la región Metropolitana, donde nacen muchas ONG que reciben aportes estatales.
En la actualidad, hay muchas decisiones que van a consulta al nivel central y en la mayoría de ellas la respuesta tarda o no es la que esperan las comunas.
Solo a modo de ejemplo aún no se visa la construcción de nuevos establecimientos educacionales que sirvan para suplir la demanda explosiva producto de la alta migración. Las cifras son conocidas y a la luz de ellas el camino es aumentar la actual infraestructura, pero la respuesta tarda y el sistema educativo se satura.
Entonces se requiere de mayor autonomía. Poder decidir sobre las realidades que se presentan en las provincias y regiones. Contar con mecanismos de acción y reacción para ser eficientes y una supervigilancia sobre los gastos.
Chile no puede quedarse estancado en este tema y el caso Convenios no puede ser el fundamento para frenar el desarrollo, por el contrario debe ser un punto de inflexión para mejorar la gestión estatal, en una fórmula que tampoco la transforme en una de mayor burocracia.
"El caso Convenios no puede ser el fundamento para frenar el desarrollo".