Muchos asocian nuestra lucha por el desarrollo del Puerto de Iquique a una política relacionada exclusivamente con los Corredores Bioceánicos, el intercambio comercial que se genera a través de ellos con los países vecinos y, a su vez, de nuestro continente al Asia-Pacífico. Nada más lejos de la realidad pues, nuestro interés también radica en que exista una sana convivencia entre la actividad portuaria y el diario vivir de quienes habitamos la ciudad.

En ese sentido, y como más de alguien debe haberse percatado, todas las tardes se genera una alta congestión de camiones en el acceso al Puerto, lo que deriva en dificultades en la circulación, tanto para vehículos particulares como para los propios móviles de carga. Esta situación tiene su origen al interior del Puerto de Iquique y en una decisión tomada hace ya varios años por la anterior administración de EPI: el uso con fines meramente económicos de dos sitios del terminal, mediante su arriendo para almacenar contenedores vacíos.

Estas áreas, de utilizarse para lo que están pensadas, podrían facilitar y descongestionar la operación portuaria. La determinación de EPI en su momento, como Municipalidad de Iquique, nos llevó a presentar acciones judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema, dado el alto riesgo que presentan esos contenedores vacíos en caso de emergencia, como un tsunami. A ello, se suma que la falta de un espacio adecuado para ese fin ha forzado a Iquique, prácticamente desde que existe la Zona Franca hace ya 50 años, a tener camiones estacionados en sus calles y avenidas.

El tema es claro: primero, en el mismo recinto portuario no puede existir un espacio para acumular contenedores vacíos, pues así no funciona un puerto que busca ser competitivo y con proyección internacional como Iquique. Para eso, los principales puertos chilenos y del mundo, mantienen recintos extra-portuarios que les permiten realizar sus movimientos con más rapidez y eficiencia y, al mismo tiempo, entregando los servicios que los transportistas puedan requerir. Por todo esto, llamamos al Estado a generar en Iquique las condiciones adecuadas para la cadena de la actividad portuaria completa, incluido el transporte. Aquí, el Plan Regulador Intercomunal ya aprobó una plataforma en el sector norte, con cerca de 300 hectáreas útiles para instalar un Puerto Seco, conectado a una salida exclusiva para cargas pesadas por el sector del Monumento al Marinero. De esta forma, podremos armonizar esta importante palanca de desarrollo económico y empleo con la calidad de vida de nuestra comunidad y, a la vez, seguir creciendo en nuestro rol de ciudad comercial, logística y de servicios para Sudamérica.

"Llamamos al Estado a generar en Iquique las condiciones adecuadas para la cadena de la actividad".

MauricioSoria Macchiavello,, alcalde de Iquique

La Corte Suprema ha dictado (o, en estricto rigor, va a dictar) un fallo que obliga a las Isapres a efectuar devoluciones por cobros excesivos del seguro GES. Al parecer el fallo dispone que sus efectos se hacen extensivos no solo para las partes del juicio, sino que también para todas las personas afiliadas a estas instituciones. Esto significará un nuevo gran impacto económico para las Isapres, algunas de las cuales podrían caer en insolvencia, lo que puede provocar graves consecuencias en el sistema de salud. Ante esta decisión, nos parece importante recordar que en nuestro ordenamiento jurídico las sentencias de los tribunales solo producen efectos entre las partes de los respectivos juicios, y que el recurso de protección es una acción constitucional de carácter individual. Esto implica que no puede ser utilizado para acudir de forma colectiva. Por esta razón, el instrumento mencionado no es adecuado para emitir una resolución judicial definitiva que se aplique a quienes no han sido parte del procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, esta decisión de la Corte Suprema pareciera ser una nueva muestra de activismo judicial, que se manifiesta en lo que parece ser ya una tendencia a dictar políticas públicas mediante sentencias.

Matías Vásquez Uribe

Nicolás Barrientos Dillems,

estudiantes de Derecho

La Organización Mundial de la Salud entregó cifras con respecto al daño que producen los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares. Los datos son relevantes y debemos mirarlos con preocupación, ya que señalan que un total de dos mil millones de personas en todo el mundo se encuentran desprotegidas frente al irreversible daño que producen estos dispositivos.

La evidencia científica es clara cuando se informa que todos los tipos de consumo de tabaco son nocivos, incluidos los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, y calentadores de tabaco. Esto, debido a que el tabaco es intrínsecamente tóxico y contiene más de siete mil sustancias irritantes y carcinógenas. Incluso, saborizantes como el diacetilo que son expuestos a altas temperaturas, provocan inflamación de las vías aéreas y daño pulmonar grave. Es decir, no son inocuos.

De hecho, existen diversos informes a nivel internacional y nacional, como el que entrega el Instituto de Salud Pública (ISP), que da cuenta del daño a nivel cardiovascular, respiratorio e incluso cerebral que provocan los componentes de los cigarrillos electrónicos, como la nicotina, acetona, nitrosaminas, formaldehído, entre otros. Pues, todos estos componentes son susceptibles de provocar cáncer, además de ser irritantes, causar inflamación y destrucción del tejido respiratorio.

Otro aspecto relevante, es que aquellos jóvenes que usan estos dispositivos electrónicos tienen más del doble de probabilidades de consumir cigarrillos convencionales en un futuro cercano, es decir, los cigarrillos electrónicos son la puerta de entrada para perpetuar la adicción al tabaco que puede ser una vuelta sin retorno.

En ese contexto, resulta fundamental implementar, con mas fuerza que nunca, políticas públicas que permitan transmitir eficientemente el daño que tiene esta nociva práctica, y la regulación en la Ley de Tabaco de todos los tipos de cigarrillos. Educar e implementar de forma global acciones que tengan un impacto, permitirá no tener que seguir lamentando muertes a causa del tabaco en Chile y el mundo.

Dra. María Guacolda Benavides,

Broncopulmonar

Centro de Enfermedades Respiratorias y Alergias

Clínica Universidad de los Andes