Polémica por contrato de mantenimiento de refugios para migrantes en la región
Diputado Trisotti sospecha por pago de $2.890 millones. Delegado asegura pagar menos que el exgobierno.
La ampliación de la investigación y auditoria solicitada por el diputado UDI Renzo Trisotti a la Contraloría General de la República, y vinculada a los traspasos de recursos del Estado para los campamentos de migrantes en Colchane y Lobito, abrió ayer un nuevo debate. A los $751.842 millones transferidos por trato directo a un prestador de servicios, natural, para la elaboración de 300 raciones de alimentos diarias en Lobito, se suma otro contrato por el mantenimiento y operaciones de los refugios en la región, y que asciende a la suma de $2.890 millones.
Fue el parlamentario Trisotti quien difundió la orden de compra con trato directo a Producciones Trescientos Setenta Limitada, que contempla las labores del oferente para el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del presente año. Del caso, Trisotti mencionó que "los campamentos de migrantes estarían costando para el estado alrededor de $6.000 millones al año que son entregados sin licitación pública alguna, lo cual no nos parece aceptable ni conveniente. Esta forma de asignación de recursos, para financiar el mantenimiento de operación y funcionamiento de los campamentos de migrantes en Colchane y Lobito, prende todas las alarmas y debe ser investigado y aclarado".
Agregó que "el manto de duda y desconfianza en la administración de los recursos públicos es total, por tanto es urgente conocer los detalles de por qué no existe licitación pública y si se pretende regularizar servicios ya prestados, lo cual a primeras luces es irregular, por tanto creemos debe ser analizado por la Contraloría General de la República".
A su turno su par, Danisa Astudillo (PS), mencionó que "aquí lo que corresponde es investigar, y que sean los organismos pertinentes los que establezcan si existen irregularidades o potenciales delitos. Si existiesen irregularidades o delitos, deben establecerse responsabilidades y sanciones".
Astudillo señaló que "no es sano para la democracia, que se usen acusaciones de manera oportunista, como arma política arrojadiza. Lo que aquí está claro, es que ningún sector político ha estado ajeno a conductas poco probas, e incluso de delitos, y de hecho, la UDI es un ejemplo clarísimo de ello, con la conocida Ley de Pesca, entre muchos otros ilícitos, que de hecho tienen a uno de sus exsenadores en la cárcel".
Cores
Para la consejera regional del PDG, Claudia Hernández, este Gobierno ha demostrado "que lo que menos le importa es velar porque Chile avance, tenemos situaciones urgentes en la región, y el delegado presidencial se mofa de toda nuestra gente despilfarrando los recursos que son de todos los chilenos".
En tanto su par RN, Eduardo Mamani, indicó que "esos recursos perfectamente se pudieron utilizar en los proyectos de ampliación del Complejo Aduanero de Colchane, o en la construcción de la nueva comisaría para Carabineros, el ingreso de migrantes por Colchane es mínimo y, además, muchos de ellos no acuden al refugio, por lo tanto no se justifica esta cuantiosa inversión sobrevalorada".
Gobierno
Al respecto, el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, dijo que "lo primero que hay que señalar es que está todo en regla, de acuerdo a lo estipulado en la Circular 46 que indica los procedimientos sobre recursos de emergencia, cuando se critica la estrategia de implementar dispositivos transitorios que permiten albergar a migrantes, es necesario recordar que esa estrategia la implementó el Gobierno anterior, no este Gobierno. Este Gobierno heredó esa estrategia".
El vocero aseveró que "la estrategia consideraba tres recintos, en Colchane, Huara y Lobito, y este Gobierno cerró el albergue de Huara, y estamos trabajando para una alternativa distinta que nos permita cerrar también Lobito".
Sobre los valores de los contratos, Quinteros refirió finalmente que "cuando uno compara tanto los valores de alimentación, como de los servicios que entrega la productora, los montos son menores de los que pagaba el Gobierno anterior".