Flexibilizar el acceso al crédito a las empresas de la construcción, fue uno de los llamados que hizo el ministro Montes durante un encuentro con la CPC. El compromiso del Gobierno de entregar 260 mil viviendas, cada vez se ve más difícil de alcanzar en un escenario de contracción económica que ha afectado al rubro, debido al encarecimiento de los costos, la caída en la demanda de propiedades y la restricción del crédito a las empresas.

Para atacar este punto, en abril se puso en marcha el FOGAES, pero hasta la fecha, su impacto no ha sido el esperado, ya que estos fondos se han utilizado -mayoritariamente- para financiar fuerza de trabajo, en vez de proyectos de inversión.

Para subsanar esto, Montes anunció que se entregarán créditos directos sin interés, para construir viviendas. Sin embargo, otro de los problemas que limita la inversión, es la excesiva burocracia en la tramitación de permisos, lo que posiciona a Chile con uno de los marcos regulatorios más complejos dentro de los países OCDE. Urge acelerar estos procesos y debe ser otro de los focos que el Gobierno considere para trazar una salida más rápida a la "asfixiada" industria inmobiliaria.

Sergio Barros,

director ejecutivo de Enlace Inmobiliario

El tema de la seguridad pública ha tomado un lugar preferencial en la opinión ciudadana, en vista de los altos índices de la delincuencia común y el crimen organizado, que ha obligado al Gobierno a preparar diversos proyectos de ley, cuyo despacho final son apremiantes dentro del tiempo prometido. Además, es muy necesario que se concreten dos medidas para ese objetivo, como son la prohibición del ingreso con celular a una institución bancaria, a fin de evitar que delincuentes hagan uso de esos teléfonos móviles mientras se encuentran en su interior para informar sobre personas que hacen retiros importantes de dinero y así alertar a sus compañero de delito en el exterior para ejecutar un asalto. Y que se establezca un sistema tecnológico alrededor de los recintos penitenciarios a fin de impedir el ingreso y salida de llamadas por celular desde las celdas, con fines delictuales. Sobre estas dos medidas se ha hablado, pero hasta la fecha todo sigue igual, permitiendo se cometan muchísimos delitos.

Sabemos los dramáticos casos de personas asaltadas al salir de un banco. La banca debe cooperar para organizar un sistema necesario para dar seguridad a sus clientes, en trabajo conjuntamente con las autoridades competentes.

Periódicamente se efectúan allanamientos en diversos centros penales por personal de Gendarmería, con el decomiso de celulares, una historia de nunca acabar. De una u otra forma estos ingresan. Por lo que es urgente se establezca un sistema tecnológico que deje inoperativo su uso por los internos de las cárceles.

Estas son dos medidas pro seguridad pública. Las autoridades centrales tienen que hacer realidad lo descrito más arriba, pues son de alto interés ciudadano.

No hay que esperar más tiempo para que eso ocurra.

Asdrubal Pineda Retamal