El cumplimiento de las fuentes de derecho internacional, entre ellas los tratados, queda entregado a la buena fe de los Estados. La normativa jurídica ha estructurado principios para dar certeza jurídica de la observancia de las obligaciones asumidas y derechos adquiridos a través de esas fuentes.

Los principios básicos en tal sentido son el pacta sunt servanda, esto es, el cumplimiento de buena fe de los tratados y que una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esto está preceptuado en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, de la cual Chile es parte.

Esto toma relevancia en el contexto del debate constitucional actual. Para reafirmar la adhesión histórica de nuestro país al derecho internacional es pertinente consagrar al más alto nivel normativo, como es la Constitución, la certeza jurídica del rango de los tratados y no dejarlos expuestos a interpretaciones que pudieran afectar su cumplimiento y generar por ello responsabilidad internacional.

A través de la reforma a la Carta Fundamental de 1989 (art. 5°, inc. 2°) y la reforma de 2005 (art. 54, N° 1, incisos 1° y 5°) se avanzó en lo que respecta a los tratados sobre derechos humanos, toda vez que estas disposiciones, correctamente interpretadas, les entrega jerarquía constitucional. A pesar de lo anterior, no se puede negar que han existido interpretaciones dispares, incluso en el Tribunal Constitucional. Por lo mismo, lo adecuado sería que en la nueva constitución se consagrara expresamente el rango constitucional de los tratados de derechos humanos.

Edgardo Riveros,

Académico U.Central y miembro del Foro Permanente de Política Exterior

La seguridad ha sido un anhelo de la sociedad desde tiempos inmemoriales. Cuando el Estado no cumple con su obligación principal el cual es la seguridad, dicho incumplimiento es nicho del surgimiento de potenciales populistas y lideres con rasgos autoritarios los cuales, con un discurso de una seguridad potente, otorgar una "mano dura en contra de la delincuencia", el cual la ciudadanía por su anhelo natural de seguridad acepta a lideres no democráticos para tener una sensación de seguridad, aún cuando esto conlleve una lesión a la democracia y al estado de derecho.

Esto es un símil de lo que sucede en el Salvador, un país sumergido por la delincuencia en la mano de los "maras" y dentro de esto surge un líder que cumplió con las expectativas de seguridad que quería el pueblo salvadoreño y reflejo de esto es el 91% de popularidad que tiene Bukele y el anhelo del pueblo de que este siga en el poder un periodo más, aun cuando esto esté totalmente prohibido por la Constitución salvadoreña, un líder en el cual se genera este paradigma de dictador "bonachón" por cumplir con la seguridad para la ciudadanía, pero aunque un líder político sea muy popular dentro de una sociedad si este atenta en contra de la Constitución o las leyes y afecta el Estado de derecho imperante, aquel líder es un peligro más que un beneficio para la democracia y el pueblo. Este mismo fenómeno llego a nuestro país, en el cual cada vez es más frecuente escuchar en las calles el querer un Bukele para Chile, según la última encuesta Cadem plantea que el 71% de los chilenos apoyan al jefe de gobierno salvadoreño, es por ello este síntoma es importante tenerlo en consideración para las siguientes elecciones presidenciales.

La reflexión del caso de el Salvador nos demuestra la debilidad de las instituciones de un Estado, Constitución y hasta el mismo Estado de derecho de un país cuando la clase política de un país incumple con la obligación principal del Estado el cual es otorgar seguridad interna y externa de un país, la ciudadanía está dispuesta hasta de quebrantar la misma democracia y todo un ordenamiento jurídico para satisfacer la anhelada seguridad.

Felipe Jara,

Fundación para el Progreso