El caso Montes
¿Tiene responsabilidad el ministro Carlos Montes -uno de los políticos de más prestigio y uno de los que cuenta con mayores razones para tenerlo- en lo que ha ocurrido en el Minvu con las fundaciones?
Para saberlo es necesario dilucidar primero en qué consiste ser responsable.
Cuando decimos que, por ejemplo, Pedro es responsable, queremos decir que hay razones para atribuir un determinado acto (digamos x) a Pedro; pero también podemos querer decir que Pedro debe asumir las consecuencias de un acto (aunque no tengamos razones para atribuirle su ejecución). Por ejemplo, decimos que Pedro responde por los daños que cause un animal fiero que le pertenece y decimos también que Pedro debe responder cuando conduce un automóvil negligentemente. En el primer caso Pedro responde por las consecuencias aunque no le podamos atribuir la mordida del animal; en el segundo responde porque el acto es suyo. Por la inversa, hay casos en que alguien es responsable de algo (v.gr. un menor) en el sentido que fue él quien lo causó; pero no le atribuimos a él las consecuencias.
Otra forma de apreciar lo mismo es distinguir entre deuda y responsabilidad.
Tener una deuda quiere decir contar con una obligación directa. Por ejemplo, el comprador tiene la obligación de pagar el precio. Adeuda el precio, es deudor de este último. Ser responsable quiere decir asumir las consecuencias de una obligación incumplida. Generalmente quien es responsable de las consecuencias es el mismo que debió cumplir la obligación; pero eso no siempre es así. Hay casos en los que se es responsable por una obligación que otro incumplió. Por ejemplo, si el comprador tenía un aval. Quien tiene la deuda de pagar el precio es el comprador; pero el aval es responsable si aquel no lo hace.
Esa distinción entre la deuda y la responsabilidad, entre quien está obligado y quién es responsable, es la que está a la base de la función política. Decir que alguien tiene responsabilidad política quiere decir que con prescindencia de que haya sido quien debió ejecutar el acto (el deudor) debe asumir las consecuencias que de él se siguen (ser responsable).
¿En qué situación se encuentra el ministro Montes frente a las fundaciones cuyo desorden, con apariencia de tráfico de influencias él mismo se ha encargado de detectar?
En su defensa -llamemos así al alegato que ha hecho ante la Comisión de Vivienda del Senado- ha sostenido que la delegación de tareas que posibilitó el desorden y aparente delito cometido por las fundaciones habría comenzado antes de este gobierno, más precisamente durante el gobierno del presidente Piñera.
Bien.
Aceptemos que eso sea así ¿Quiere eso decir entonces que carece de toda responsabilidad?
Desde luego que no.
Los gobiernos poseen continuidad administrativa y las decisiones incorrectas del anterior que no son corregidas por el que le sigue, acarrean la responsabilidad política de este último. Después de todo, por eso cambian los gobiernos: no para asilarse en lo que hicieron los anteriores, sino para corregir lo que ejecutaron mal. Y si ello no ocurre se es responsable.
Ello, por supuesto, no quiere decir que deba dejar el gobierno. Solo quiere decir que debe reconocer que buena parte de lo que ha ocurrido se debe a inoperancia, liviandad o connivencia, es de esperar que no de él, Carlos Montes, sino del aparato gubernamental. Y dejar, en consecuencia, de hablar de quienes han celebrado convenios y atrapado millones, como si fueran terceros, agentes maliciosos externos que nada han tenido que ver con el gobierno o la coalición gobernante, y él mismo dejar de comportarse como si fuera un fiscal, un tercero imparcial a cargo de una investigación.
Porque él -todo hay que decirlo- no es un observador de lo que ha ocurrido, sino un actor de los hechos.
Ese reconocimiento explícito no sería exactamente asumir una responsabilidad política, pero equivaldría al menos a ejercer el cargo con la corrección intelectual que, atendida su trayectoria y su merecido prestigio, la ciudadanía espera de él.