Leo Riquelme

El ministerio de Desarrollo Social anunció la apertura de una investigación en Copiapó, luego que ayer la senadora DC Yasna Provoste denunció presuntas irregularidades en un convenio por $160 millones suscrito entre la Seremi de Atacama y la fundación Visible.

La parlamentaria envió los antecedentes a Contraloría, pues acusa que la ONG se fundó en 2021 en Antofagasta, tiene carácter familiar, no cuenta con dependencias en Copiapó y se inscribió en el registro de colaboradores en marzo último, mismo mes en que se abrió un programa para administrar un albergue, lo que consiguió.

"Según dicho registro, nunca había ejecutado programas públicos", dijo. "Ya van varios casos en la región que deben ser identificados", agregó aludiendo a otro convenio suscrito por una fundación y la Seremi de Vivienda, cartera que ha estado en el foco de los cuestionamientos.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ordenó que se investigue el hecho "de manera urgente", para lo que dispuso del viaje para hoy de una comisión.

"He pedido que en un plazo no mayor a 5 días hábiles se tenga un informe para ver qué medidas tomar al respecto", añadió.

En la tarde el Gobierno anunció la conformación de un equipo que en 45 días debe presentar nuevos parámetros probidad en la función pública, y que estará al alero de la Segpres.

En el levantamiento de la primera vivienda de emergencia por los temporales, el Presidente Gabriel Boric volvió a hablar del asunto.

"Que no les quepa duda que en la medida en que existan antecedentes que lleguen a nuestro conocimiento vamos a tomar las medidas que sean necesarias y, esos vale para cualquier funcionario público, independiente de la confianza o cercanía que tengan con otras autoridades de Gobierno, partiendo por mí", dijo.

UDI y montes

Ayer la UDI intensificó sus cuestionamientos a los convenios suscritos por las seremis de Vivienda, y que han significado la apertura de investigaciones penales o administrativas en las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule y Los Lagos (esta última relacionada al Gobierno Regional). El presidente de la colectividad, Javier Macaya, pidió la salida del ministro Carlos Montes.

"Se hace difícil la permanencia de ministros que están directamente ligados con esta situación, que obviamente son los principales responsables políticos, ya sea por acción o por omisión", dijo a radio T13.

"Él (Montes) es el responsable de cada una de las decisiones que se toman en su ministerio, de los recursos que se gastan, de los convenios que se firman y si no tenía conocimiento alguien le pasó gato por liebre o dejó que se lo pasaran", agregó.

El escándalo por convenios asignados en 2022 por el Seremi de Vivienda a la fundación Democracia Viva (ambas encabezados entonces por militantes de RD) provocaron la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas por no reportarle al ministro la denuncia hecha por funcionarios en mayo. Para la oposición, con su salida no basta.

"Yo voy a seguir en el ministerio mientras el Presidente así lo determine. Yo no voy a renunciar, el Presidente es quien define hasta el día en que yo estoy", respondió Montes. Más tarde, el mandatario apoyó sus gestiones.

El PS aseguró que desde que supo del caso ha entregado antecedentes a la fiscalía e inició indagatorias en todas las seremis con sospechas de anomalías. La última fue el fin de semana en el Maule, donde se abrió una "investigación sumaria" para evaluar un posible sumario por convenios con Urbanismo Social, que hasta marzo de 2022 era gerenciada por quien en abril se convirtió en seremi, Rodrigo Hernández.

El militante RD afirma que él se inhabilitó de decidir en el proceso de licitación. Según El Mercurio, lo hizo al día siguiente de la asignación.

"He pedido que en un plazo no mayor a 5 días se tenga un informe para ver qué medidas tomar".

Giorgio Jackson,, ministro Desarrollo Social