Durante la reciente cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la idea de "reforma tributaria" fue mencionada en más de diez ocasiones. Si bien no fue mencionada directamente como un objetivo, llamó la atención que el logro de gran parte de las propuestas estuviese supeditada a la aprobación de una nueva reforma tributaria.

Dado lo anterior, es válido preguntarse, que es primero ¿el huevo o la gallina?, o dicho de otra manera, ¿es necesario aprobar la reforma para continuar con las demás expectativas o bien, se pueden lograr sin depender de ella? Está claro que todas las iniciativas implican cierto nivel de financiamiento, sin embargo, tampoco se debe olvidar que en los últimos gobiernos ya sea han realizado grandes cambios a nivel de impuestos: el fin al FUT y renta atribuida de Michelle Bachelet y los nuevos regímenes planteados por Sebastián Piñera posteriormente.

La certeza tributaria es un elemento vital para el desarrollo económico de un país. De esta manera, los inversionistas pueden evaluar sus ideas de negocios en un contexto de certidumbre impositiva, potenciando la creación de nuevas empresas o ampliaciones de las existentes. En caso contrario, se produce incertidumbre y la inversión se contrae. Desde esa óptica, haber tenido dos reformas tributarias en los últimos años, genera un ambiente de liviandad en las decisiones políticas relevantes. No quiero decir con esto que no sean necesarios ajustes en nuestra legislación, sin embargo, plantear una nueva reforma es arriesgado. Más aún, condicionar promesas de gobierno a la aprobación de esta.

El desempleo ha sido medido en un 8,8% para el primer trimestre del 2023. Por otro lado, el IMACEC lleva una constante baja. En ese escenario, desde mi punto de vista, sería más relevante, antes de priorizar subir impuestos, generar una agenda pro crecimiento, pro inversión. En la medida que la actividad económica se reactive, por definición deberían aumentar la recaudación de impuestos y con ello, mejorar el flujo de caja del estado. El alza de impuestos puede ser una solución sencilla para lograr aumento de recaudación, sin embargo, no se debe olvidar que, desde el punto de vista técnico, los impuestos generan distorsión en los mercados y la actividad tienda la baja. De hecho, la reforma de M. Bachelet, que era pro impuestos, bajó la recaudación efectiva de un 12,4% a un exiguo 3,7% en régimen.

Desde mi punto de vista, las prioridades están claras, por lo que la solución, lejos de pasar por una reforma tributaria, pasa por gestionar de forma más eficiente los recursos disponibles y tratar de crear más, no por la vía de impuestos, sino que, de crecimiento, que es la vía sostenible en el largo plazo.

"Los impuestos generan distorsión en los mercados y la actividad tienda la baja".

José Navarrete Oyarce, Director Magíster en Tributación Universidad Andrés Bello, Concepción

En los días finales de nuestro mes del mar y de las glorias navales, fuera de las reyertas de la contingencia. Debemos ser capaces de colocar lo importante en el centro de la conversación pública.

La gesta de Prat representa una idea importante hasta nuestros días que debemos recordar. La idea de un proyecto común, una misión de la que todas y todos nos sintamos parte. Prat no saltó de la Esmeralda por una idea personal, ni de un grupo en particular, quiero creer que Prat saltó al abordaje con un ideal para todas y todos los habitantes de la patria en ese momento. Me gustaría que todas y todos podamos con la misma fuerza e ímpetu empujar un futuro para Tarapacá desde cada lugar en el que estamos.

Unidad de propósito para alcanzar mejores condiciones económicas para las personas, mejor educación, salud, vivienda y seguridad. Donde nuestras hijas e hijos puedan disfrutar de la tierra, el aire y el agua, un lugar para vivir mejor y feliz.

Todo esto no se construye por sí mismo, por el sólo hecho de declararlo. Llegamos a ella por la sumatoria de nuestra voluntad, de nuestro compromiso demostrable de trabajar por un lugar mejor, de contribuir y colaborar con quien tengo a mi lado.

Nuestro futuro común pasa por la capacidad de dialogar, debatir y acordar a una misión que nos guie, que nos comprometa y donde cada una de las personas de la región de Tarapacá la sienta como suya. La de Prat no es una invitación a saltar al vacío, es un invitación a que juntas y juntos vivíamos una misión por la cual sentirnos orgullosos los próximos 100 años.

¡Vamos, al abordaje Tarapacá!

Gonzalo Prieto Navarrete

Sociólogo - Fundador

Fundación Imagina Tarapacá

@imaginatarapaca

Chile lleva más de una década buscando una solución al problema por no pago de pensiones de alimentos. La modificaciones a la Ley 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias no han sido suficientes para lograr su cumplimiento íntegro, por lo que en noviembre del 2022 se dicta la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores, normativa que el pasado 20 de mayo fue reforzada con la entrada en vigencia de la Ley 21.484 de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que busca dar mayores garantías a los niños, niñas y adolescentes que, pese a contar con una resolución judicial firme en su favor, han visto vulnerados sus derechos en esta materia.

Hoy es posible encontrar mayores sanciones para los deudores que afectan su propio desarrollo económico, pues estos han buscado distintas fórmulas para obtener ingresos y evitar el pago de sus compromisos, siendo la más recurrente el empleo informal.

Con esta nueva ley el pago de la deuda podrá efectuarse con los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias, otros instrumentos financieros o de inversión y, de manera extraordinaria, de no existir dichos capitales o ser insuficientes, podrá realizarse con el dinero disponible en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, considerándose para ello el tiempo que le quede al afiliado para jubilarse.

En este sentido, se espera que la conexión entre tribunales de familia y las aseguradoras de fondos de pensiones funcione de manera eficiente y que en el caso de que los deudores de alimentos ya no cuentan con fondos por los retiros realizados en pandemia, el Estado pueda ocupar todas sus facultades para garantizarlo.

Finalmente, la normativa establece que el plazo de prescripción de las deudas por pensiones de alimentos será en total de 5 años, contándose desde que el titular del derecho cumpla 18 años, dando mayor garantía a estos últimos.

Ojalá estos nuevos mecanismos de pago para las deudas de alimentos logren una mayor eficiencia en el proceso, con más protagonismo del Estado y otras instituciones relevantes, disminuyendo la cifra de más de 30 mil personas inscritas en el registro nacional, quienes suman más de 47 mil millones de pesos adeudados a sus hijos.

Stephanie Astudillo

Académica Coordinadora Clínica Jurídicas UDLA Sede Viña del Mar