Matías Gatica/Leo Riquelme

Las diputadas del Partido Social Cristiano, Sara Concha y Francesca Muñoz, anunciaron que interpondrían una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Ávila, por la entrega de una guía sobre sexualidad afectiva escolar.

"Hemos anunciado esta AC porque los hechos son de extrema gravedad, donde involucran a la infancia de nuestro país y se ha vulnerado el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y recuerden que la Constitución dice que se debe entregar un especial protección a este derecho", dijo Muñoz.

La diputada evangélica acusó que "el ministro está enfocado solo en la ideología de género" y no en asuntos como la violencia y la deserción.

Si bien en un principio se dudaba si las parlamentarias conseguiría apoyo, en el día adhirieron los RN Catalina del Real, Camila Flores, Eduardo Durán, Diego Schalper, Miguel Mellado y Mauro González; además de Karen Medina (PDG) y Yovana Ahumada (Avancemos Chile).

Chile Vamos y el Partido Republicano también anunciaron que interpelarán a Ávila por este hecho y varios parlamentarios acusaron a Ávila de promover esta agenda dada su orientación sexual.

Sobre esto Ávila no quiso responder, pero acerca del fondo comentó que se trata de un asunto "anacrónico" y planteó que "tenemos que responder ante diversos temas como infraestructura, subvenciones, crisis municipal, atención de la diversidad al interior de los establecimientos. Es una falsa dicotomía pensar que el ministerio tiene que estar enfocado solo en un gran tema; todos los temas son importantes".

Uno de los asuntos que abrió la controversia fueron las críticas de organizaciones de padres publicadas por El Mercurio a una dinámica para niños de kínder, donde se aconsejaba que masajeara la espalda de un compañero expresando lo que sentían en ese momento, a fin de "reflexionar sobre los modelos de masculinidad y femineidad".

Desde el Mineduc dijeron a este medio que eso estaba en el documento vigente desde 2017, en cuya actualización hecha el 17 de mayo por la administración actual esos ejercicios fueron sacados y se dejaron solamente orientaciones, sin ejemplos prácticos.

Organizaciones por los derechos homosexuales defendieron la inclusión de la mirada LGTBI+ en la guía.

El Tribunal Calificador de Elecciones declaró inadmisible ayer la renuncia del consejero constitucional Aldo Sanhueza (exPartido Republicano) , quien fue formalizado en 2019 por graves ofensas al pudor, luego que una mujer lo denunciara por hechos ocurridos en un bus.

El consejero electo por la Región del Biobío había presentado la renuncia a su colectividad y el viernes pasado anunció que también se restaría de la instancia de redacción de la nueva propuesta de Carta Magna.

Sin embargo, aún faltaba lo que dijera el Tricel, que decidió declarar inadmisible su renuncia "por carecer, este tribunal, de competencia para pronunciarse sobre el particular, toda vez que la institución de la renuncia que se pidió a este tribunal no está consagrado en las normas constitucionales ni legales que son de orden público".

La secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, explicó que "él (Aldo Sanhueza) está solicitando que se declare la procedencia de su renuncia, y estamos frente al derecho público, donde solamente podemos realizar lo que está permitido por la ley, y este instituto no está previsto en la legislación nacional".

De esta manera Sanhueza podría renunciar cuando asuma como consejero constitucional, si aún lo desea.

Por otra parte la Comisión Experta despacharía hoy el anteproyecto constitucional a ser trabajado por el Consejo, que se instalará el 7 de junio.

Sigue la polémica por la renuncia del ahora exsubsecretario de Prevención Social, Christian Larraín (IND), presuntamente motivada por una denuncia de acoso sexual y laboral, y diferencias con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

La secretaria de Estado, que instruyó un sumario por este caso, reafirmó ayer al matinal de Mega que "al subsecretario se le pide la salida porque había gente que lo estaba pasando muy mal en la subsecretaría" y aclaró que se trataba de dos mujeres, de quienes no dio su identidad.

"Si bien se le pidió la renuncia por su responsabilidad política, él alegó que quería poner su contrapunto y va a poder hacerlo" en el sumario para esclarecer los hechos.

Al respecto, Larraín dijo a radio Cooperativa: "¿Qué confianza puedo tener de un sumario administrativo tan irregular (...) efectuado ex post a mi salida y dirigido por una persona que ya prejuzgó?", insistiendo en que es inocente.

Por su parte el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó ayer que "hasta la fecha no tenemos registro de ninguna denuncia penal" por acoso contra Larraín, y que de presentarse "le vamos a dar el trato que nuestra reglamentación interna dispone".

El ministro Mario Marcel dijo que el exsubsecretario "fue clave en la arquitectura del proyecto previsional".