Redacción - La Estrella de Iquique

Según información revelada por el Observatorio Laboral de Tarapacá, la región tiene más de 63 mil trabajadores informales y una tasa de ocupación informal de un 33,9%.

Los datos indican que Tarapacá, se posiciona como la cuarta región a nivel país con mayores niveles de informalidad, según el Boletín de Informalidad de mayo publicado por el Observatorio Laboral de Sence de la Región de Tarapacá (OLT).

El boletín trimestre móvil de enero - febrero - marzo de 2023, evidencia que existen 63.144 personas que están ocupadas informales en Tarapacá, alcanzando una tasa de ocupación informal de 33,9% en el trimestre actual, posicionándose 6,5 puntos porcentuales por sobre la tasa nacional.

Dicho informe muestra que los adultos mayores son quienes cuentan históricamente con las tasas de informalidad más altas, alcanzando en el último trimestre un 58,7%. En lo relativo al nivel educativo, se destaca que la mayoría de los informales (50%) cuentan con educación media como máximo nivel educacional completado.

El documento también indica que los sectores económicos donde predomina la informalidad, está principalmente en el comercio (36,1%) y Servicios Sociales y Personales (16,2%), agrupando entre ambos al 52,3% del total de ocupados informales.

Por grupo ocupacional, los informales se concentran en vendedores de comercios, trabajadores de servicios y administrativos (38%).

Sobre esto, la directora (s) de Sence Tarapacá, Claudia Zepeda, mostró preocupación ante la alta cifra de empleos informales existentes en la región y espera que la cantidad de personas trabajadoras informales pueda bajar.

"Nuestro llamado siempre es a formalizarse en el ámbito laboral y como Sence Tarapacá, nuestra disposición es ayudar a que las personas puedan salir adelante de manera formal. Con nuestros cursos y capacitaciones para personas cesantes, emprendedores y con empleos informales, buscamos acortar la brecha entre la ocupación formal e informal. Ya hemos beneficiado a miles de personas a través de Sence, pero necesitamos seguir y reducir las cifras del trabajo informal", indicó Zepeda.

Sobre esto, Marcos Gómez, gerente general de la Asociación de Industriales de Iquique, consideró que existen variadas razones para este nivel de informalidad.

"La principal razón del aumento del empleo informal es el mismo desempleo derivado de la crisis (post incertidumbre) económica, pandemia y el ajuste de las empresas. En este sentido, luego del cambio en las condiciones de los mercados y la inflación. A esto se suma la gran cantidad de extranjeros irregulares que se ha sumado al mercado laboral en Chile. Muchos de ellos se ven en la necesidad de acceder a estos trabajos informales, que están muy ligados al comercio y ciertos servicios a terceros, unido también a los largos trámites de inmigración, lo que también no les permite acceder inicialmente a trabajos formales", dijo.

Además, afirmó que "hay mucho comercio y transacciones online que generan ingresos, pero no contratos formales".

33,9 por ciento es la tasa de ocupación informal de la región de Tarapacá, según el informe.

El martes 23 de mayo, el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros, realizó la Cuenta Pública Participativa del periodo 2022 - 2023 en la que destacó los avances del Gobierno en la región en materia de seguridad ciudadana, económica y social.

La instancia contó con la presencia de la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry y la Ministra (s) de Salud Andrea Albagli.

Al inicio de la ceremonia, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se hizo presente por medio de un video en el que destacó la importancia del trabajo realizado.

También se transmitieron las palabras de la ministra del Interior, Carolina Toha, quien sostuvo que "esta cuenta es muy especial, porque se está haciendo presencial después del largo tiempo de la pandemia y, además, se está haciendo en un momento en que están pasando cosas muy importantes en las regiones".

En la presentación de la cuenta pública, y enfocado en las gestiones en seguridad ciudadana, el delegado valoró la implementación del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, que presentó un plan con 71 medidas y una inversión en equipamiento y tecnología de $7.033.661.040 para las instituciones que combaten el crimen organizado. Quinteros destacó que en el marco de estas coordinaciones se implementó un plan urgente de fortalecimiento a la persecución penal de los homicidios, que permitió la designación del fiscal preferente en la materia y el arribo de una brigada especial de la PDI, que logró esclarecer 14 de 17 casos en tan solo 60 días. "Gracias a este trabajo mancomunado, que nos ha llevado a presentar querellas criminales en cada uno de los casos de homicidio, dimos una señal clara como instituciones del Estado para terminar con la impunidad", indicó.