Patricio Iglesias P. - La Estrella de Iquique

L a decisión de extender los delitos a combatir este año, realizó el Consejo Regional de Seguridad Pública, que sesionó por primera vez este 2023, agregándose al homicidio y el tráfico de drogas, el robo con violencia e intimidación y abusos sexuales, además de violencia intrafamiliar.

Además se consideró el combate al loteo de terrenos y tomas de terrenos, que se consideró como un delito emergente y para lo cual Bienes Nacionales ya cuenta con atribuciones especiales para revertirlo. A ello se suma el combate al comercio ambulante como un delito priorizado para combatir.

Otro tema que fue analizado en forma transversal para ser tratado es el consumo de alcohol en la vía pública y ebriedad, que si bien es una incivilidad, los alcaldes de las comunas del Tamarugal consideraron que es una situación recurrente y termina en casos de violencia.

El delegado presidencial, Daniel Quinteros indicó que se extendieron los delitos y hechos que están provocando alarma en la comunidad en base a las denuncias de los propios municipios y organismos policiales y servicios.

"El objetivo es la transversalización de la agenda de seguridad y por ello se definió perseguir los delitos de homicidio, de robo con intimidación o violencia, a lo que se sumarán los de violencia intrafamiliar o de género, junto a las infracciones a la Ley de Drogas (20.000)", indicó.

Otro aspecto que recalcó que en este espectro se suma el comercio ambulante y en las comunas del Tamarugal "en materia de consumo de alcohol y ebriedad que produce problemas en el espacio público", indicó.

Asimismo se hará un trabajo que apunta los loteos irregulares, los que se analizó en el pleno del consejo que "es una realidad que afecta a todas las comuna de la región".

Sobre este tema, se destacó que Bienes Nacionales ya cuenta con atribuciones especiales que debe hacer cumplir la ley, en el marco de apropiaciones de terrenos fiscales.

De hecho, la situación de tomas y loteos irregulares fue analizado en la reunión como un "delito emergente", poniendo también la atención en el transporte irregular y los prestamistas clandestinos, que implican aquellos que cobran una cuota diaria o "gota a gota".

Delitos

De acuerdo al último informe STOP de Carabineros, en lo que va de 2023, hasta abril, se han registrado 820 casos de robo con violencia, con un 2,4% sobre los ocurridos el año pasado.

Mientras que los robos con fuerza llegan a 1.088, con una variación de un 20% respecto a similar período del año pasado.

Mientras que se han incautado, de acuerdo al sistema policial, 280 armas de fuego y desarticuladas doce bandas.

Una de las observaciones hechas en la reunión fue la situación del comercio ambulante, que es considerado uno de los problemas graves de la comuna de Iquique.

El alcalde Mauricio Soria, indicó que "uno de los grandes problemas que aqueja a Iquique es el comercio ambulante, que da pie a delitos que está comprobado y que destacamos se haya recogido en este plan regional. Pues no es menor, considerando que dentro de lo prioriozado están también los homicidios, la violencia de género y delitos como son los robos con intimidación", indicó.

Precisó que se está interviniendo el centro "porque eso también interviene en el deterioro de barrios donde están instalados", dijo el edil.

Agregó Soria que ya llegaron al municipio una cantidad importante de cámaras lectoras de patentes, "las que van a reemplazar algunas que estaban, pero ahora se van en disponer en otros sectores donde no había", destacando el acceso a Iquique, por el sector sur.

820 casos de robo con violencia detectó Carabineros en los primeros meses de 2023.

La administración de Zofri S.A. descartó que exista una demandada por un siniestro ocurrido el año pasado en el sector del Barrio Industrial.

En un comunicado señalaron que "contra lo que se ha dicho públicamente, Zofri S.A. jamás ha sido demandada por el incendio del estanque ocurrido en 18 de agosto de 2022". En cambio, recalcaron,"fue la compañía quien demandó a Engie por el daño ambiental que ella ocasionó con la operación de su Central Diésel. En el juicio, Engie ha reconocido que operó su planta sin cumplir con normas ambientales y sectoriales mínimas", sostuvo la administración del sistema franco.

La sociedad anónima indicó que "los incumplimientos de la empresa Engie han sido constatados, también, por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con la formulación de cargos efectuada contra dicha empresa en su calidad de propietaria de la Central Diésel, por no haber presentado los informes del cumplimiento de sus obligaciones al terminar la operación".

Zofri S.A. argumentó que "Engie abandonó la Central Diésel en diciembre de 2021, sin hacerse cargo de su desmantelamiento, dejando varias toneladas de diésel dentro en sus estanques y contaminación de acuerdo a lo revelado en diversos estudios".

Aseveraron que "tras el incendio de agosto de 2022, Engie tuvo que comprometerse a retirar los residuos peligrosos que abandonó en su central, con el objetivo específico de evitar nuevos incendios. El compromiso fue adoptado con una mesa intersectorial. Engie lleva 8 meses en estos trabajos, en los que ha retirado -según sus propios dichos- más de 1.500 toneladas de residuos peligrosos que había dejado abandonados en la Central", destacaron en Zofri S.A.