Frente a la discusión que durante estas semanas se ha tomado la agenda constitucional, cabe realizar algunas distinciones que, a pesar de su trascendencia, han tendido a olvidarse. La quinta base del acuerdo constitucional no sólo establece el comentado Estado social y democrático de derechos, sino que también fija sus fines y el modo de alcanzarlos. Así pues, el fin propio del Estado social es "promover el desarrollo progresivo de los derechos sociales" y la manera de lograrlo es a través de instituciones públicas y privadas. En otras palabras, lo propio del Estado social chileno será garantizar derechos sociales mediante la colaboración público-privada, y aquello ha sido reconocido transversalmente al interior de la Comisión Experta. Ahora bien, ¿en qué consiste esta colaboración?

En primer lugar, consiste en un trabajo conjunto, aunado, no excluyente. Esto implica que, en principio, no deben existir derechos sociales inmunes a la intervención pública o privada. Pero también supone un trabajo simultáneo, donde el Estado brinda todas las condiciones y herramientas necesarias para que las distintas asociaciones, según su propia naturaleza, ofrezcan prestaciones sociales a quienes las necesitan. En algunas ocasiones su actuación será más intensa que en otras, pero siempre deberá estar presente. Por tanto, lo suyo consiste en apoyar, o en otras palabras, posibilitar la vida social.

En segundo lugar, promover los derechos sociales a través de instituciones públicas y privadas significa que el Estado debe tomar en serio las distintas visiones de mundo que inspiran a las organizaciones de la sociedad civil. Dicho de otro modo, debe permitir el despliegue plural de todos los énfasis, tonos y perspectivas en la satisfacción de derechos sociales, y contribuir a su desarrollo institucional. De otra forma, la participación privada será sólo formal, una frase para el bronce carente de contenido real, cuyas repercusiones promoverán la uniformidad en lugar de la vitalidad social.

En tercer término, lo anterior lleva aparejado la posibilidad de elegir entre el catálogo de instituciones que proveen bienes públicos, tales como la educación o la salud. De poco sirve que el Estado garantice la debida pluralidad de servicios sociales si luego los particulares, por vía administrativa o legislativa, se encuentran con restricciones excesivas a la hora de elegir el proveedor que más se adecue a sus preferencias personales o familiares. Probablemente, la labor del Estado en ese sentido sea hacer menos gravoso de lo que es hoy optar por aquellos servicios que controla directamente, y permitir que el campo electivo se amplíe para todas las familias chilenas. Pero dejar fuera la libertad de elegir es, en última instancia, negar la colaboración público-privada establecida en las bases.

En conclusión, la provisión público-privada de derechos sociales se juega en sus consecuencias específicas, no en su declaración a nivel formal. No cabe duda de que muchas de ellas, por su detalle, deberán ser materia de ley o reglamento, pero al menos deberían constitucionalizarse aquellos principios que hagan posible el trabajo en conjunto, la pluralidad de instituciones y la libre elección.

Francisco Medina Krause, Profesor de Derecho Constitucional e investigador Polis, Observatorio Constitucional de la U. de los Andes.

"...Dejaron a los obreros,

los dejaron con sonrisas.

Que esperaran les dijeron

sólo unos días"...

Esta estrofa de la famosa cantata de Santa María de Iquique, que denota las promesas que los politícos le hacen a la gente, viene a refrescar una promesa hecha por la autoridad de Vialidad a finales del 2022, luego que tanto en las redes sociales, como en el Diario La Estrella de Iquique, se difundieran profusamente los verdaderos cráteres que hay en el sector entre Victoria y la Estación Lagunas.

Dijeron que serían tapados y, en efecto, se los tapó, pero con tierra. Hoy, vuelven en gloria y majestad a romper neumáticos, ejes y otro tipo de accidentes.

Pusieron casetas, conos y toda esa parafernalia que indica que: "esto comienza, señores"; pero ahí quedó; nada de nada.

Bien existe una mofa, que el MOP todo lo arregla con letreros.

¿Realmente estarán esperando alguna fatalidad para actuar?

Es lamentable probar una y otra vez, las mentiras de las autoridades.

No se quejen luego, si los votos van a otro sector.

Luis Gutiérrez Torres.

El más emblemático edificio del Paseo Baquedano es el Palacio Astoreca, señorial, lujosa mansión construida gracias a las jugosas ganancias de la explotación del oro blanco en sus buenos tiempos, que vino a satisfacer los deseos refinados del empresario español del mismo apellido que quiso tener el mejor inmueble de esa calle que marcada distinción y prestigio social del Iquique salitrero.

Sensiblemente, el destino le fue adverso, falleció antes que pudiera tener la gran satisfacción de poder vivir en la mansión, disfrutando una activa vida social.

Posteriormente pasó a dominio estatal, quedando como oficina y residencia de los intendentes de Tarapacá, función que finalizó después para ser dedicado a actividades culturales.

Observo que estas están descontinuadas, salvo no me encuentre bien informado, pero algo pasa al respecto.

Supe de buena fuente que otra casa de estudio presentó una interesante programación de actividades, pero se prefirió a otra.

Lo importante es poner más actividad a los eventos culturales en ese histórico inmueble, pues ese es su fin para ser administrado.

Asdrubal Pineda Retamal