Política y privacidad
Esta semana los medios, incluso los más serios, se han ocupado de divulgar o comentar una supuesta relación amorosa entre un exfutbolista y una diputada que la cónyuge del primero hizo pública.
El incidente vuelve a plantear el viejo problema del derecho a la privacidad.
En sentido estricto, el derecho a la privacidad supone reconocer a cada persona la facultad de decidir qué parte de su vida, sexual o social, debe ser conocida de los demás. Es, de alguna forma, un derecho al secreto, a que ciertas cosas sean mantenidas en la esfera de la intimidad de cada uno. Este derecho es extremadamente importante. Para mostrarlo basta decir que las personas gradúan el grado de cercanía o de confianza con los demás por la disposición a revelarles partes de su vida que, de otra forma, ignorarían. De ahí entonces que violar o infringir la privacidad ajena es un grave atentado a la libertad: sin secretos, sin una zona de su vida que sea opaca, el individuo queda expuesto y desnudo ante los otros.
Sin embargo, el nivel de protección de ese derecho varía en atención a algunos factores que la legislación -y el sentido común- contemplan.
Desde luego, hay casos en que el interés público aconseja que el nivel de protección de la privacidad disminuya. Este es, paradigmáticamente, el caso de quien desempeña un cargo público. Algunos ejemplos permiten aclararlo. Si una persona cualquiera está gravemente enferma o desahuciada, es cosa suya y de sus cercanos; pero si se trata de un candidato presidencial la ciudadanía tiene derecho a saberlo a la hora de votar o de evaluarlo. Algunos ejemplos lo muestran. Perón estaba enfermo cuando postuló a presidente junto con su mujer Isabel. Como eso se ocultó, la ciudadanía no supo que cuando votaba a Perón en realidad estaba dando el poder a quien sería su viuda, Isabel. También sería el caso de un político con serios problemas de salud mental. Tampoco tendría derecho a ocultarlo esgrimiendo su privacidad puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber si es o no competente para el cargo. Esa es la razón de por qué Jaime Bayly hizo lo correcto cuando le preguntó en cámara a Alan García si era verdad que había estado interno por problemas siquiátricos (luego, y desgraciadamente, Bayly debió ganarse la vida fuera del Perú). Y esta es la razón de porqué la prensa actúa mal cuando, habiendo antecedentes, no inquiere acerca de este tipo de asuntos a quienes desempeñan cargos públicos.
Quien aspira a ser pastor debe estar dispuesto a que el rebaño lo interpele y lo vigile.
¿Significa lo anterior que la prensa tiene derecho a divulgar relaciones íntimas de una diputada con un exfutbolista? La respuesta no es tan sencilla. Y la razón es la siguiente. Si el futbolista ha hecho de su vida privada una mercancía que voluntariamente expone ante los medios, entonces más tarde él no puede quejarse de que lo que haga con su vida sea divulgado. Y lo mismo vale para la diputada. Si ella ha expuesto voluntariamente su vida a los medios, y la ha ofrecido como parte de su imagen, o como parte de los atributos con que construye su imagen para ganarse la confianza del público, o para mostrar coherencia entre su discurso y su vida, entonces tampoco puede sostener más tarde que su derecho a la privacidad se ha invadido cuando ella voluntariamente practicó las revelaciones de las que ahora se queja.
El problema se complica aún más por la presencia de las redes sociales. Los políticos y las figuras televisivas gustan de mostrar en las redes partes de su vida o comentar la de otros, movidos por el anhelo neurótico de lograr la aprobación o el reconocimiento ajeno. Impulsados por el anhelo de estar presentes, envían mensajes y comentarios de distinta índole acerca de los demás, o alimentan rumores acerca de si mismos con el fin de incrementar su popularidad, y de esa forma deterioran la frontera donde comienza la privacidad.
Y luego, claro, no pueden quejarse de que incidentes de su vida salgan de la única esfera -la propia- donde poseen verdadero significado.