Esta semana el Ministerio del Interior, después de la aprobación de la Ley de Infraestructura, intentó echar a andar el proceso para que las FF.AA. colaboren en el control fronterizo, pese a su postura de que no se necesitaba Estado de Excepción en el norte del país. Sin embargo, es bueno analizar la señal y el discurso y contrastarlo con las acciones.

Destaco que el gobierno, cuyas actuales autoridades cuando eran diputados votaban en contra de devolver a personas con antecedentes penales y solicitaban no expulsar, hoy comparte la necesidad de controlar las fronteras e incluso solicitar ayuda a las FF.AA. lo que es un paso importante y valioso, siempre que sea sincero.

Ahora bien, el problema tiene que ver con las acciones. Como es conocido, las limitantes a las FF.AA. para ejercer las facultades y controlar las fronteras son altísimas, de manera que se podría generar la situación de que se conviertan en meros espectadores de quienes ingresan clandestinamente al país. Asimismo, la herramienta que les permite llevar a los migrantes clandestinos a la policía, no considera que fue el mismo gobierno, en abril del año pasado, que generó una resolución, aún vigente, para evitar devolver a los clandestinos no bolivianos que entren por nuestras fronteras (más de 50 mil al año).

A su vez, la limitante de que tiene que haber una suposición o indicio de que se va a cometer un delito, cuasidelito o falta para que los militares puedan actuar, es decir, control de identidad, registro de personas y sus vestimentas, es insólita. Hace inoperante la reforma constitucional, pues los ingresos clandestinos ya no son delitos, son faltas administrativas y no penales como se exige en el DFL del ejecutivo y en el decreto supremo que dispone la medida para las fronteras de la macrozona norte.

Somos la región con mayor porcentaje de delitos violentos, mayor porcentaje de extranjeros en las cárceles, con el mayor aumento de los campamentos, con el 90% de los ingresos clandestinos del país, por lo que resulta fundamental que el gobierno sea más concreto para enfrentar los delitos, retome las expulsiones, permita a la policía devolver a quien ingresa clandestinamente, enfoque la colaboración de las FF.AA. en mantener un mínimo de orden público ante el avance del narcotráfico, crimen organizado y los delitos violentos en Iquique y Alto Hospicio y no ponga trabas a su accionar, para que ley no se transforme en letra muerta.

"Somos la región con mayor porcentaje de delitos violentos, mayor porcentaje de extranjeros en las cárceles".

Luz Ebensperger Orrego, senadora por Tarapacá

Emergencias como el robo de cables, o los incendios de la zona centro y sur del país nos hacen meditar de qué forma los servicios críticos pueden garantizar su continuidad operativa y/o restablecer rápidamente el normal funcionamiento en temas tan sensibles como salud y seguridad, entre otras, ante cualquier eventualidad.

Internet, un elemento fundamental para que los servicios críticos sigan operando, también ha sido afectado por esta y otras contingencias. En uno de sus catastros, la Subsecretaría de Telecomunicaciones reportó más de 140 estaciones afectadas en la zona de los incendios, impactando en la conectividad y la comunicación en momentos clave. No es primera vez que la dependencia física de las telecomunicaciones se transforma en una debilidad, teniendo en cuenta el creciente robo de cable de cobre y de fibra óptica, por ejemplo.

Un país con las características geográficas de Chile debiera establecer políticas que incentiven la adopción de tecnologías que garanticen la operatividad de los servicios esenciales. En materia de conexión a Internet, los enlaces inalámbricos dedicados son los menos afectados en emergencias, bien sean conexiones satelitales o vía microondas. Además, garantizan un ancho de banda en prácticamente cualquier parte del país, prescindiendo completamente de cables lo que permite brindar conexión aun en situaciones adversas.

La primera estrategia para el control de estas eventualidades debiera ser la absoluta continuidad operativa de los servicios llamados a garantizar el orden y restablecer la normalidad.

Víctor Opazo Carvallo,

Gerente General de Netline

El regreso a clases ya está aquí, en momentos que, en nuestro país, precisamente, los uniformes escolares lideraron el IPC de enero con un 17%, y el costo de la vida se ha elevado muchísimo.

También en esta época vuelve a aparecer la temida lista de útiles escolares.

Pero ¿Qué tan obligatoria es? Es importante tener claro que ningún establecimiento educacional puede solicitar que los útiles sean adquiridos en un lugar determinado, o que sean de una marca específica, excepto por razones pedagógicas o sanitarias, que deben ser acreditadas por el colegio. Otro aspecto a tener en cuenta en las listas es que en ningún caso pueden incluir materiales de oficina o aseo, ya que estos deben ser proporcionados por la misma institución.

En cuanto al uniforme, cada colegio puede señalar como obligatorio su uso, pero debe estar especificado en el Reglamento de Convivencia Escolar y la obligatoriedad debe ser comunicada a más tardar en marzo. Su uso es exigible solo 120 días después de dicha notificación. Tal como los útiles, los colegios tampoco pueden exigir la adquisición del uniforme en una tienda o proveedor específicos, ni marcas.

Y lo más importante de todo: ningún establecimiento puede prohibir el ingreso o la permanencia de un estudiante que no cumpla con las normas del uniforme escolar. Tampoco puede ser privado de actividades escolares, ni poner una nota o calificación por el uso de este.

Pamela Docmac,

Socia Fundadora de Sostiene