Desde tiempos vetustos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) pretendía gravar los servicios señalados en los numerales 3 y 4 del Decreto Ley 824 sobre Impuesto a la Renta; es decir, aquellos prestados por el sector empresarial.

Las remuneraciones que son generadas por los servicios prestados por personas naturales que, por supuesto, provengan del trabajo dependiente o independiente (sociedades de profesionales), nunca tuvieron esta obligación tributaria.

Todo lo anterior fue decidido por el legislador, ya que lo que pretendía era perseguir gravar las ventas y servicios del sector industrial desafectando a la segunda categoría del impuesto a la renta.

Sin embargo, con la Reforma Tributaria se produce una arbitrariedad. Se genera por el legislador y se avala por el ente fiscalizador una exención a las sociedades de profesionales que decidan tributar en primera categoría, provocando así una distinción que es vaga de fundamento pues se diferencia entre las "sociedades de profesionales" y las actividades señaladas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué produce aquello? La generación de reestructuración social, lo que es evidentemente elusivo.

En conclusión, y tal como lo instruyen diversos expertos y académicos del área, no existe la discriminación arbitraria en generar tratamientos que impongan tributos distintos entre contribuyentes de distinta categoría, más si la hay en generar un privilegio peculiar y de carácter único a un determinado grupo de contribuyentes que se encuentran inmiscuidos en la misma situación o más bien en la misma categoría que otros.

Kevin Schroeder,

académico de la carrera Derecho UDLA

El último Catastro de Campamentos 2020-2021 desarrollado por TECHO-CHILE, deja al descubierto que hoy 81.643 familias viven en 969 campamentos a nivel nacional, una preocupante y cruda realidad, la más alta desde 1996, que da cuenta, de cómo muchas familias, connacionales y extranjeras, no han tenido acceso a soluciones dignas en materia habitacional.

Ante este complejo escenario, de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares entre otras; tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y el hábitat residencial, como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por parte del Estado.

Sin ir más lejos, y tomando como experiencia el confinamiento que experimentamos en pandemia, fuimos testigos de cómo la vivienda se transformó en el espacio obligado de trabajo, estudio y desarrollo de labores fundamentales de la vida cotidiana. Lo que conllevó un impacto social negativo y desigual, afectando especialmente a quienes habitan viviendas precarias y/o de tamaño reducido, quienes vieron deteriorarse aún más, su calidad de vida y percepción de bienestar subjetivo, producto del consecuente aumento de estrés familiar, como también de factores de riesgo que aumentaron la emergencia de las violencias y el deterioro de la salud mental individual y familiar y su relación con la habitabilidad y la vivienda.

Existiendo el desafío de fortalecer la política de vivienda social digna, procurando llegar a este amplio sector de la sociedad, que ha quedado y continuará relegado, de su ejercicio pleno de este derecho, de no recuperar un fuerte rol del Estado en esta materia social. Una política que no solo garantice el acceso a una vivienda, con debidos estándares de calidad tanto en infraestructura y materialidad, sino también bien la conformación de barrios integrados, con acceso a servicios para el desarrollo de la vida comunitaria y familiar, acorde a la dignidad de las personas en condiciones de igualdad y de justicia social.

Roxana Zuleta,

directora Trabajo Social

Universidad Andrés Bello