Ha llamado la atención -y suscitado críticas- la opinión del Presidente Gabriel Boric, formulada en medio de los incendios, según la cual hay que revisar la regulación de la industria forestal ¿Es razonable ese anuncio?

Para saberlo quizá sea útil distinguir entre la oportunidad del anuncio y la racionalidad que le subyace.

Es obvio que hacer un anuncio semejante en medio de la emergencia, donde se requiere la voluntad de todos y la confianza recíproca, parece imprudente. Insinúa culpabilidades allí donde la investigación ni siquiera ha concluido.

Pero es igualmente obvio que un debate semejante es imprescindible.

Porque lo que ocurre es que en el mundo contemporáneo los riesgos no caen del cielo, de manera totalmente independiente de la voluntad del ser humano, al modo en que cae un rayo en medio de una tormenta. Y ello porque, bien mirado, la mera naturaleza hoy casi no existe. Lo que suele llamarse naturaleza -el paisaje de los bosques, los lagos, la nieve de las montañas, el agua disponible- es en realidad cultura en el más amplio sentido: un resultado de la acción humana. La industria forestal, la del turismo, las carreteras, los conflictos políticos van configurando para bien o para mal el paisaje y van delineando de esa forma, y en alguna medida, la existencia y la fisonomía de los riesgos.

La literatura ha llamado muchas veces la atención sobre eso. Un par de ejemplos bastan.

Uno de ellos es la obra de Ulrich Beck quien llamó a la sociedad contemporánea una sociedad del riesgo. El progreso humano, la mejora del bienestar que se experimenta hoy, señaló, tiene consecuencias que van más allá de la intención humana y el resultado entonces es que junto a la mejora en las condiciones de la existencia, se multiplican también las amenazas. De ahí que la política (cosa que suele olvidarse) no solo tiene por objeto delinear el progreso o empujar la sociedad hacia el futuro anhelado, sino también prever y gestionar los riesgos de la vida colectiva. Decisiones que son puramente institucionales (como la regulación de una industria) pueden crear riesgos que sin ellas no existirían. El otro ejemplo que vale la pena citar es el de Heidegger. Este autor llamó la atención acerca del hecho que en la época moderna el ser humano concibe todo lo que está en derredor suyo como un recurso, una acumulación de cosas puestas al servicio de su voluntad. El punto lo resume bien Nicanor Parra: El error estuvo en creer/ que la tierra era de nosotros/ cuando la verdad/ es que nosotros somos de la tierra. Y es que, en efecto, en la modernidad la naturaleza es sustituida por la utilidad y así en ella, según Parra de nuevo, los árboles no son sino muebles que se agitan…

Por supuesto, la industria forestal no tiene la culpa del espíritu de nuestra época (y sería absurdo pretender suprimirla o ahogarla); pero ello no debe hacer olvidar la necesidad de pensar mejor el entorno institucional y regulatorio en medio del que se desenvuelve. No con el ánimo de culpabilizarla de lo que ocurre en los incendios, sino como consecuencia de caer en la cuenta de que lo que ocurre en la naturaleza no es fruto de la naturaleza, sino siempre de la intervención humana, de las acciones de algunos es cierto, pero también de las reglas y las instituciones, en suma, un resultado de todo eso que llamamos cultura.

Carlos Peña

Es verdad que es muy importante todo lo relacionado con el avance de la puesta en marcha del Hospital de Alto Hospicio, una sentida aspiración de la ciudad hermana de Iquique, pero también ya es tiempo de saber cuál será el nombre de ese establecimiento de salud de mediana complejidad. No creo que su denominación vendrá desde Santiago, tiene que originarse aquí. Al respecto, en mi condición de historiador, propondría tres nombres, independiente de los que sugieran otros estudiosos.

En primer lugar, cronológicamente, se halla el médico Guillermo Ossa, después viene Juan Marqués, finalmente Héctor Reyno. Cualquiera de esos galenos podría ser honrado con esa propuesta, ya que ellos desarrollaron su profesión en Tarapacá, demostrando una meritoria labor, que es un ejemplo para otros colegas. Eran otros tiempos.

Personalmente, me inclino por el médico Guillermo Ossa, de cuya abnegada labor escribí una crónica amplia, publicada por este diario, pero también reconozco los méritos profesionales de los otros galenos. Juan Marqués fue el "médico de los pobres". Cuando el Hospital Regional no tenía nombre sugerí el de él al diputado Luis Valente Rossi, la propuesta no tuvo éxito, ganó la del médico Ernesto Torres Galdames, que participó en política. Luchó por la construcción del nosocomio. Hablar del galeno Héctor Reyno es una larga historia de servicio, más en sus últimos años, atendiendo a sus pacientes adultos mayores, con su gran linterna en sus visitas nocturnas. Era el único médico que visitaba la sala de los enfermos crónicos.

Lo importante es que el hospital indicado tenga una denominación acordada aquí y no de la capital. Hay tres nombres que señalo, aparte de otros que podrían surgir.

Mario Zolezzi Velásquez

La reciente entrada en vigor de la Ley 21.523, a la que comúnmente se le denomina Ley Antonia, que sanciona la inducción al suicidio y el suicidio femicida ha generado críticas tildándola de populista e ineficaz. Sin embargo, no podemos pasar por alto el avance que constituye para evitar la victimización secundaria que sufren las víctimas más vulnerables en el proceso penal.

En efecto, esta ley protege especialmente a mujeres y niñas que, siendo víctimas de graves delitos en contra de su indemnidad sexual, no lo denuncian por temor a ser estigmatizadas, al trato que reciben por parte de los encargados de investigar dichos delitos o las reiteradas declaraciones que deben prestar durante el proceso y su confrontación con el acusado. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el impacto que provoca este tipo de delitos es mayor aún, provocando secuelas a corto y largo plazo, a lo que se suma que durante el proceso la víctima se siente expropiada de este, como ajena al procedimiento, sin protección.

De lo anterior se desprende la importancia de que antes, durante y después del juicio se adopten medidas específicas para proteger a las víctimas de estos delitos, tales como las que dispone la referida ley que, entre otras medidas, contempla la representación judicial, obtener respuesta oportuna, efectiva y justificada de sus solicitudes, investigación intersectorial con perspectiva de género, participación en el proceso y protección específica para evitar su victimización secundaria, lo que constituye un gran avance para víctimas de delitos tan graves.

Dra. María Lorena Rossel,

académica investigadora carrera de Derecho UDLA