"No tenemos sobrepoblación penal, pero sí alta ocupación penitenciaria"
La seremi manifestó que los imputados vinculados al crimen organizado se mantienen en módulos aislados del resto de la población penal y que trabajan en la reapertura de la cárcel de Pozo Almonte.
Camila Castillo, secretaria regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos en Tarapacá, habla sobre la realidad carcelaria en la región.
La joven iquiqueña y abogada de 33 años de edad, magíster en derecho público y vinculada al movimiento estudiantil en la Universidad Arturo Prat, defiende desde su trinchera política la institucionalidad de los derechos humanos.
- Cómo está el límite de la población penal en Alto Hospicio, ¿hay sobrepoblación penal ahora mismo?
- No tenemos sobrepoblación penal, pero efectivamente tenemos una alta ocupación penitenciaria en la cárcel que es concesionada, por eso hay una mayor preocupación por ese límite de población, el cupo de la cárcel es de 2.351 y desde que yo asumí siempre hemos estado muy cerca de ese límite en 20 en 30 cupos, y en algún momento hemos estado en cero. Gendarmería ha hecho un trabajo importante de realizar traslados porque hoy día no hay expulsiones judiciales, y eso obviamente permite una menor movilidad dentro del recinto penal, hoy día podríamos quizás aplicar la pena sustitutiva de expulsión a cerca de 120 personas.
- ¿Se harán nuevos recintos o se ampliarán las cárceles de la región?
- Respecto a la infraestructura penitenciaria lo que vamos a realizar es reaperturar la Cárcel de Pozo Almonte, porque esta fue cerrada en el año 2022 y cuenta con reclusión nocturna que son menos de 10 personas. Gendarmería está trabajando en el reacondicionamiento de ese recinto y tiene que venir una destinación de funcionarios por parte de la Dirección Nacional de Gendarmería para poder reaperturarlo, esperamos que se concrete a finales del primer semestre de este año.
- En el caso de los imputados relacionados al Tren de Aragua, ¿cómo están ellos dentro de la población penal?
- Están completamente aislados del resto de la población penal, y a disposición de un personal especial para ese módulo, precisamente para poder disminuir la contaminación criminológica y la posibilidad de que prolifere la comisión de delitos dentro de la cárcel.
- ¿Cómo se evita su contacto con personas al exterior de la cárcel?
- Siempre hay allanamientos, y cuando se han encontrado celulares, porque ellos también reciben visitas, estos se ponen a disposición inmediata y ahí tenemos una muy buena comunicación con la Fiscal de Alto Hospicio.
Es importante como Gendarmería, junto al Ministerio de Justicia, están pensando esta situación y ver cómo podemos generar una estrategia desde la Macrozona norte, en estos casos si bien la regla general es que la persona pueda estar detenida en el lugar donde está realizándose su juicio, en estos casos hay otros principios que también priman, como la seguridad que es nuestro principal trabajo desde Gendarmería y entiendo que se va a inaugurar prontamente un módulo de alta seguridad en una de las cárceles de Santiago, en donde también es importante se puedan segregar a las personas de crimen organizado que están cayendo detenidas y poder tener un mayor control de la seguridad de las cárceles. Cuando hablamos de crimen organizado no hablamos de una nacionalidad en específico, la marca va reconocida hoy día al Tren de Aragua, pero también el año pasado se han desbaratado bandas importantes del narcotráfico, también entran nacionales involucrados que están segregados de la misma forma que la gente del Tren de Aragua.
- Ha habido gendarmes formalizados por ilícitos dentro de la cárcel, ¿cómo está operando la inteligencia?
- Hemos desplegado una estrategia nacional desde el ministerio, de allanamientos simultáneos especiales, donde ya llevamos diez desde el año pasado y han tenido resultados muy importantes porque precisamente van disuadiendo, han sido impecables por parte de Gendarmería y que salga de forma segura para el funcionario. Gendarmería en la región de Tarapacá, precisamente en el complejo de Alto Hospicio, realizó cerca de 420 allanamientos programados durante el año 2022 y también siempre hay allanamientos no programados que se realizan en virtud de una denuncia, todas las semanas se hacen allanamientos, en esos pudimos incautar cerca de 420 celulares. Por otro lado, hay dos medidas interesantes que se han tomado, una es que logramos conseguir la incorporación acá en la región de un sistema antidron, que detecta cuando se acerca un dron y podemos impedir que ingresen elementos prohibidos al recinto penitenciario. Y salió una ley a finales del 2022 que modifica la pena que tiene aparejada el ingreso de celulares a la cárcel, antes era una falta penitenciaria hoy día es un delito y hoy día esperamos que cualquier persona que ingrese al recinto sepa que esto es un delito, por lo que debiera disuadir la cantidad de ingresos.
- ¿Qué se le puede responder a quienes cuestionan el papel que juegan los derechos humanos?
- La institucionalidad en los derechos humanos evidentemente está en cuestionamiento por algún grupo de la sociedad, que pareciera que toma algún grado de mayoría en algunos casos y sobre todo en las crisis que hemos tenido en la región, pero es deber nuestro el defender esa institucionalidad, y eso la única forma de poder hacerlo es dialogando directamente con las comunidades y generando ese trabajo en terreno aunque suene cliché, pero es la única forma de poder conversar con la ciudadanía. Los derechos humanos son una institucionalidad necesaria porque precisamente nos brinda seguridad y los derechos humanos además es un tema muy amplio, cuando hablamos de mejor salud o educación también estamos hablando de derechos humanos finalmente, entender la institucionalidad de los derechos humanos desde esa magnitud es necesario, hacer continuamente ese trabajo con la ciudadanía.
- Hay un escenario de descontento en la región por la inseguridad, la crisis migratoria, entre otros temas. Si hoy habría una protesta, como en la época del estallido, ¿Sería válida?
- Yo creo que la demanda ciudadana siempre tiene validez, la voz de la ciudadanía es precisamente la que debe guiar la brújula en el camino que debemos tomar y las cosas que hay que hacer y no hacer. Hace poco hemos tenido algunas manifestaciones de vecinos en la comuna de Alto Hospicio y nuestro deber también es escuchar y pudimos escuchar y responder también, y hemos estado ahora junto a esos vecinos pudiendo dar a conocer a la comunidad algunas medidas concretas que se han tomado en tema de seguridad. Retomando el tema de los derecho humanos y la postura desde el Gobierno, es que hay derecho a manifestarse, y nosotros tenemos la obligación de escuchar esas manifestaciones.
"Hemos estado cerca del límite, en 20 o 30 cupos, y en algún momento hemos estado en cero
"
"