Romel J. Puche

Los 11 homicidios en lo que va del primer mes del año -los últimos dos en el contexto de un robo- remecen la seguridad de la Región de Tarapacá, cuyos habitantes ya emprenden movilizaciones autoconvocadas para exigir planes de seguridad que frenen la criminalidad de la zona.

La cifra de homicidios de enero 2023, ya supera las asentadas para el mismo periodo del año pasado, cuando según detalló Eduardo Ríos, fiscal regional subrrogante, apenas se contabilizaban cinco asesinatos.

La tendencia, por ahora, deja también en visto el poder de fuego que circula entre criminales, a pesar de la labor policial de Carabineros que en 2022, incautaron un 28% más de armas en comparación al 2021. Cacerolazos y caravanas marcan el preámbulo de un marcha contra la inseguridad convocada para mañana desde Alto Hospicio, donde la última semana dos habitantes murieron en manos de la delincuencia.

Casos resueltos

El grueso de los crímenes ocurridos está bajo el análisis de la Brigada de Homicidios (BH), de la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos detectives han logrado detener a tres imputados y han recuperado un arma de fuego.

El subprefecto Mauricio Vallejos, jefe subrogante de la BH, detalló que del primer hecho ocurrido el 1 de enero se aprehendió a un imputado de nacionalidad boliviana, formalizado por el asesinato de un connacional a quien apuñaló tras un altercado verbal producido en medio de un compartir de bebidas alcohólicas.

El segundo de los detenidos se concretó en Alto Hospicio tras una persecución policial el pasado 19 de enero, donde se detuvo a un chileno de 21 años de edad, quien fue formalizado de asesinar a un adolescente de 15 años de edad, contra quien disparó la madrugada del 2 de enero.

Y finalmente el pasado martes la Fiscalía formalizó a un venezolano de 33 años de edad, por el homicidio de un hombre asesinado a puñaladas el pasado 14 de enero en el sector céntrico de Iquique en el contexto de una riña.

Carabineros del OS9 en una diligencia realizada al interior de la cárcel de Alto Hospicio en la quincena de enero, detuvieron a un imputado colombiano que mató a puñaladas a un interno chileno de 22 años de edad, con quien tuvo una riña en el patio del Módulo 14.

Parlamentarios

En medio de la problemática que atraviesa la región los parlamentarios locales han solicitado al Gobierno diversas medidas para tratar de frenar el alza de los delitos violentos.

El diputado comunista Matías Ramírez precisó que "hemos reiterado la solicitud para que la PDI puede cumplir un rol preventivo como lo hizo en el estallido social, donde salía a roles preventivos para cuidar la ocurrencia de delitos, incorporarlos de manera extraordinaria nos resulta idóneo ya que ellos tienen los conocimientos, formación y equipamiento para hacerse cargo de dicha situación".

A su turno, su par de la UDI, Renzo Trisotti señaló que "frente a un Gobierno que no está cumpliendo con su deber de entregar seguridad y tranquilidad, entiendo y comparto la impotencia de la ciudadanía. He solicitado en innumerables oportunidades no sólo la aplicación de un Estado de Excepción Constitucional sino también la utilización del 2% Constitucional para la implementación urgente de un plan especial antidelincuencia que incluya reforzamiento inmediato de contingente de Carabineros, PDI y Fiscales".

La parlamentaria socialista Danisa Astudillo, dijo que "los carabineros que se van a liberar en la frontera por la presencia militar, tienen que ser destinados esencialmente a Alto Hospicio que es la comuna que mayor déficit de carabineros tiene, pero hay también que reforzar la presencia de PDI, de más fiscales y jueces para que podamos combatir el crimen organizado, esto es algo que venimos solicitando desde que inició el Gobierno, Tarapacá es la región más peligrosa de Chile en cuanto a tasas de delincuencia y necesitamos reforzar las dotaciones de forma urgente".

4 de los 11 homicidios tienen detenidos por parte de la PDI o Carabineros en la región.

Entre el miércoles y jueves pasado, la Fiscalía del Tamarugal presentó ante el juzgado de garantía de Pozo Almonte acusaciones contra 103 imputados por diferentes delitos, pidiendo penas que en total suman más de 480 años de cárcel.

"En las últimas semanas del año pasado y a comienzos de éste, los funcionarios de la fiscalía del Tamarugal realizamos un trabajo destinado a identificar y acusar en todas aquellas causas que contaban con las diligencias e informes necesarios para presentar acusación. Esto con el objetivo de redestinar mayor tiempo a la atención de víctimas y público presencial, sobre todo en aquellas causas de mayor connotación social, como son los homicidios y robos que muchas veces, debido a la gran cantidad de causas que llevamos, no podemos dedicarles el tiempo que se requiere", explicó el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres.

Del total de personas acusadas, el 55% corresponde a delitos de la ley de drogas, el 20% a receptación de vehículo -esto es, que fueron detenidas abordo de vehículos robados-, el 12% a delitos de violencia intrafamiliar, el 10% a ley de tránsito y el 3% a delitos de la ley de armas.

El 79% de los acusados son hombres y el 97% son adultos. Respecto a sus nacionalidades, el 82% de los acusados son ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad boliviana (61%) y venezolana (14%).

Todas estas acusaciones serán resueltas en juicio, ya sea en procedimientos abreviados o en juicios orales.

82% de los acusados son extranjeros, principalmente bolivianos.